jueves, 4 de abril de 2013

Para acercar tu donacion para los barrios afectados de La Plata



Un desastre nada “natural”

inundaciones barrio saavedra (Mario Diamonte)

Macri, Scioli y los funcionarios kirchneristas tienen su interpretación de la tragedia de las inundaciones: un fenómeno climático. “Unico”. “Excepcional”.

Pero el pueblo -que vive y trabaja en la Capital, el conurbano o La Plata- sabe que no es así.

Las megatorres de lujo y los shoppings han saturado los servicios esenciales. Entre ellos, los desagües.

También han devorado los espacios verdes, lo que ha convertido al suelo en un verdadero tapón.
La carestía del metro cuadrado hizo que crezcan las villas y asentamientos, en terrenos inundables y construcciones precarias.

La “obra pública” de Kirchner, Macri y Scioli realiza carreras de autos, canchas de tenis internacionales y rutas para los barrios privados.

Pero no atiende la vivienda popular, la construcción de cloacas y la prevención de inundaciones.Los fondos van a otro lado: al pago de la deuda usuraria, a sostener a los parásitos de las privatizadas. No. El desastre de estos días no ha tenido nada de “natural”.

Ponemos toda nuestra militancia y nuestra lucha en la solidaridad con los afectados, quienes son nuestros compañeros de barrio, de estudio y de trabajo.

Organicemos con ellos la lucha para que los responsables sociales y políticos paguen la crisis.

1 – Resarcimiento inmediato a todos los afectados, con la sola comprobación del domicilio.
2 – Asistencia estatal a todos los barrios, bajo control de representantes de los vecinos.
3 – Plan de obras públicas y viviendas, sostenido sobre la base del cese del pago de la deuda externa usuraria y de impuestos extraordinarios al gran patrimonio urbano y rural.
4 – Ningún descuento salarial a los trabajadores afectados.

“Democratizar” la Justicia a la PRO

EL PROXIMO PACTO MACRI-K

Todo indica que Mauricio Macri aprovechará la campaña de moda del kirchnerismo pro “democratización de la Justicia” para hacer su propia reforma judicial en la Ciudad. Comparte con Cristina la crítica que en Argentina “un vaso de agua y un amparo no se le niega a nadie”, y que es necesario terminar “con la Justicia cautelar” que suele frenar proyectos impulsados por los respectivos oficialismos. Gils Carbó, la jefa de “justicia legítima”, no puede más que suscribir las palabras de los dirigentes de PRO, que hasta critican ahora los sueldos altos de los jueces. Sólo queda por ver si en medio de la campaña electoral, donde unos y otros se han elegido como adversarios para polarizar la contienda, se animan a pactar votaciones conjuntas que le den letra a los opositores de ambos.

Contra las cautelares
El rechazo de las “cautelares” une a Cristina y Macri. La primera protesta porque impidió, al menos por el momento, la aplicación de los artículos de la ley de medios rechazados por Clarín. En el caso de Macri el listado es amplio. El último hecho fue la suspensión del aumento del subte a raíz de la aceptación de una cautelar por un juez de la Ciudad. Pero hay otras cautelares que han frenado medidas macristas que afectan derechos populares: la creación de las Unidades de Atención Ciudadanas (UAC), que usurpan las funciones de las Juntas Comunales; la suspensión de la licitación de las playas de estacionamiento subterráneo en la 9 de Julio y en Parque Las Heras; la construcción de la estación Recoleta de la línea H debajo de la plaza Francia, o la edificación de una comisaría de la Metropolitana en el Parque Sarmiento.

Frente a esta situación, la reforma judicial que persigue el macrismo quiere limitar el alcance de las medidas cautelares. Para ello quieren establecer que, una vez presentado un amparo, el juez le dé traslado al Ejecutivo para que responda en 48 horas antes de tomar cualquier medida suspensiva. Más grave aún es la creación de la figura de una “contracautelar”: quien presente un amparo deberá responder con un bien material si la Justicia no encuentra razonable la presentación. En la misma línea, se les impedirá a los legisladores de la oposición presentar amparos (como diría Cristina: que ganen las elecciones). Por último, se prohibirán amparos que de acuerdo con el criterio del gobierno “afecten el interés público”. Para el macrismo, ello ocurriría cuando por la suspensión de una obra se incrementa su costo.

Un nuevo pacto Macri-K
El interés del kirchnerismo por avalar esta movida del macrismo no sólo está dado por el apoyo que supone a su campaña nacional contra los jueces opositores. En el ámbito de la Ciudad, además, es la propia agenda del acuerdo Macri-K lo que está en cuestión. Un ejemplo es el tema del subte: la suspensión del aumento de la tarifa a 3,50 pesos coloca en crisis la trasferencia, ya que se daba por hecho que ésta venía atada a un incremento de tarifas para reemplazar la quita de subsidios nacionales. Lo mismo ocurre con proyectos inmobiliarios donde el kirchnerismo tiene fuertes intereses. Si la Justicia rechaza el proyecto mega-inmobiliario impulsado por Macri en las tierras de la ex Ciudad Deportiva de Boca, es claro que corre un riesgo similar el negociado anunciado por Cristina en la Isla de Marchi, que es rechazado por vecinos, sindicatos y asociaciones defensoras del espacio público.

La supuesta “democratización de la Justicia” pregonada por el kirchnerismo es tan reaccionaria que ha terminado dándole letra, nada menos, que a los Macri.

Balance de la marcha del 24 de marzo

po 24 de marzo de 2013Una lucha estratégica

Sería un grave error que los incidentes menores que se sucedieron en la entrada de la Plaza de Mayo el 24 de Marzo pasado sean usados para ocultar las divergencias estratégicas que opusieron al acto montado por el gobierno y sus organizaciones periféricas al organizado por el espacio Memoria Verdad y Justicia, que reúne a más de 200 organizaciones populares. La confrontación, además, tiene todo un historial. Ya en años anteriores el gobierno pretendió impedir la realización del acto opositor y copar la parada, encubriendo su accionar detrás de un acto cuya fachada tenía delante a los organismos de derechos humanos cooptados por el Estado, pero cuyo público movilizado era aportado por los intendentes del conurbano, cuya trayectoria política hay que rastrearla en la Triple A y la derecha peronista.
 
Para el gobierno kirchnerista impedir la denuncias de los organismos de derechos humanos independientes y de las fuerzas políticas que integramos el espacio Memoria Verdad y Justicia es una cuestión de sobrevivencia política. La demagogia que desarrolló el gobierno en este terreno no tiene parangón. Desde su asunción en 2003 el kirchnerismo apeló a la impostura para presentarse como un defensor de los derechos humanos. Fueron a la ONU a declararse hijos de las Madres, para borrar de la memoria colectiva la verdad incontrastable que el matrimonio presidencial apoyó al gobierno del indulto y que su propia fortuna deriva de los negocios realizados bajo la dictadura. La hermana de Néstor, Alicia, que suena hoy como candidata en la provincia de Buenos Aires por el oficialismo, fue funcionaria del gobierno dictatorial en Santa Cruz. Todo este edificio montado sobre la base de mentiras apuntó a la cooptación del movimiento popular y a la estructuración de una base política que no sea exclusivamente el peronismo.
 
Este 24 de Marzo fue un nuevo capítulo de esta batalla política. Para el gobierno era la oportunidad de valerse de la jornada para su campaña tramposa de “democratizar la Justicia”. Viniendo de un gobierno que mantiene en sus puestos a 400 jueces provenientes de la dictadura militar es claro que la cruzada democratizadora es un fraude monumental. Fue lo que denunciamos al señalar que lo que se pretende, en realidad, es imponer una reforma que alargue los procesos judiciales de trabajadores y jubilados, y otorgarles protección a los funcionarios denunciados por corruptelas. Junto con ello Memoria Verdad y Justicia denunció el espionaje estatal del Proyecto X, el procesamiento de más de 4.000 luchadores populares, la represión contra los pueblos originarios expulsados de sus tierras por los hacendaros sojeros, el apoyo a la burocracia sindical y sus patotas, responsables del asesinato de Mariano Ferreyra (y la continuidad del pago de una deuda externa cuyo origen se remonta, justamente, a la dictadura militar.
 
Esta denuncia, que apunta a la línea de flotación del gobierno, es lo que quisieron acallar los funcionarios oficiales. Esto explica el operativo armado para impedir la realización del acto opositor. El jefe de gabinete, Abal Medina, se negó primero a recibir a una delegación de las organizaciones de Memoria Verdad y Justicia para coordinar la realización de los actos previstos para la jornada. Luego, montaron un evento en la Plaza que se extendió por horas, a pesar de que el documento leído insumió unos pocos minutos. Por último, movilizaron una patota, con barras bravas comandados por Guillermo Moreno, para retrasar todo lo posible el ingreso a la Plaza de los más de 50.000 manifestantes encolumnados detrás de la bandera “No a la impunidad de ayer y de hoy”. Esta suma de hechos prueba que existió una decisión política del gabinete nacional para impedir la realización del acto y no incidentes circunstanciales entre columnas de distintos signo político.
 
Si alguna duda cabía sobre la existencia de una orden política para perjudicar el desarrollo del acto opositor la terminó de eliminar la propia Cristina Kirchner con sus tuits emitidos desde Santa Cruz el 27 de marzo. En ellos la emprende contra las banderas rojas de la izquierda, símbolo inequívoco de la unidad internacional de los trabajadores, y las opone a la “celeste y blanca”, haciendo gala de un nacionalismo reaccionario, de cuño fascistoide. Toda la demagogia kirchnerista se hizo añicos. La presidenta, ante el peso de una derrota política, echó mano al discurso de la burocracia sindical: ¿o no nos recuerda a la frase del burócrata de la Unión Ferroviaria, el ‘Oso’ Rodríguez, que afirmó “ningún trapo rojo flameará en nuestra casa” luego de pedir “un minuto de silencio para los zurdos que están muertos” en clara alusión a Mariano Ferreyra”?
 
Los tuits presidenciales tuvieron el mérito de presentar las cosas de la manera más descarnadas, es decir, desprovista de toda demagogia. De un gobierno de los derechos humanos pasamos, gracias a los 140 caracteres, a un gobierno macartista. Los diarios rápidamente mostraron una confrontación estratégica entre la presidenta y la izquierda, justamente el escenario al que más le teme el kirchnerismo, que prefiere polarizar con la derecha y ganarse de ese modo el apoyo del progresismo. Pero la derecha el 24 de Marzo lo vio por TV, mostrando sus límites insuperables para estructurar una alternativa popular al kirchnerismo.
 
El balance del 24 de Marzo no sólo arroja una derrota del gobierno. También deja planteada la tarea de desarrollar la polarización política que se presentó en la jornada, impulsando una alternativa de izquierda al kirchnerismo.

Habeas corpus por compañeros de Política Obrera

faxsimil boletin politica obrera 1977En conjunto con otras organizaciones nucleadas en el EMVyJ los abogados de Apel presentamos un habeas corpus colectivo por todos los compañeros detenidos/desaparecidos durante la dictadura. Entre ellos, se hallan dos compañeros militantes de Política Obrera: Fernando Sánchez y Gustavo Enrique Grassi.
 
Próximamente, incorporaremos los nombres de otros militantes de PO que cayeron bajo la dictadura, entre los cuales se cuentan Marcelo Arias, Martín Hojman, Susana Huerta y Cristóbal Russo.
 
La causa, que tiene por objetivo conocer el paradero de los familiares, compañeros y amigos secuestrados durante esos años y que hasta la fecha se encuentran desaparecidos, quedó radicada en el Juzgado Criminal de Instrucción N° 7 a cargo del juez Omar Aníbal Peralta.
La presentación de habeas corpus en la actualidad mantiene total vigencia, ya que en los 37 años que pasaron no se ha dado una sola pista del destino de nuestros compañeros aunque pesa sobre el Estado nacional dar cuenta de ello.
 
Durante estos 37 años el Estado nacional sistemáticamente ha ocultado la verdad y, en ese punto, se ha convertido en cómplice del silencio que adoptaron los genocidas. Muestra de esto es que, en los juicios contra los genocidas, han sido las propias víctimas quienes han procedido a reconstruir la historia, consiguiendo las pruebas. El Estado no ha permitido, porque no se ha ocupado de la apertura de los archivos, dar cuenta sobre el estado de detención de los desaparecidos.
 
El silencio cómplice mantenido por el Estado permitió que Julio López y Silvia Suppo, quienes dieron su testimonio del genocidio, fueran una vez más desaparecidos o asesinados, pero esta vez en democracia y con la mirada esquiva del gobierno de los Kirchner, quienes quitaron de la agenda cualquier mención de estos compañeros.
 
Nuestros compañeros
El 23 de septiembre de 1977, fueron secuestrados Fernando Sánchez y Gustavo Grassi en alguna calle de Buenos Aires. El segundo trabajaba en la fábrica Selsa y ambos militaban en Política Obrera.
 
En ambos casos, se encuentran denunciados en la Conadep pero no se ha podido recabar testimonio preciso sobre las calles donde fueron secuestrados. Todo indicaría que fueron trasladados al campo de concentración conocido como “El Atlético”.
 
Al mismo tiempo que presentábamos los habeas corpus, en la capital mendocina se hacía lo mismo. Se trata de una acción que no se agota con estas presentaciones, si no que se seguirán presentando en todo el país, y por más compañeros.
 
Exigimos al Estado nacional la apertura de todos los archivos militares y de los servicios de inteligencia. Exhortamos a la Justicia a que no repita la historia y dé curso real y efectivo a las acciones presentadas.
 
Compañeros Fernando Sánchez y Gustavo Grassi ¡presentes! 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos ¡presentes!

Liliana Alaniz (Apel)

jueves, 21 de marzo de 2013

24 de Marzo. A 37 años del golpe genocida, marchá con Judiciales en Lucha


“Democratizar” la Justicia puede ser contra los trabajadores

Por

cristina alak democratizacion justicia

(Publicado en Clarín, 18/3)

¿Es posible que el slogan de la democratización de la Justicia y de la Justicia Legítima acoja un proyecto fuertemente perjudicial para los derechos de los trabajadores y la democracia política?
Con la reserva natural que impone el desconocimiento del proyecto, la creación de tribunales de casación en el ámbito previsional y laboral profundiza negativamente el ejercicio de derechos de los jubilados y de quienes han sufrido accidentes laborales. En los juzgados se apilan decenas de miles de demandas de jubilados por los congelamientos sufridos en 1996 y 2002, mientras el Estado incumple con los fallos de la Corte Suprema, que le ordenan el pago de las diferencias correspondientes (fallo Badaro). Una declaración de acción colectiva, que generalizaría ese fallo a situaciones similares, sería un acto de indudable democratización judicial. En lugar de esto, una casación, en este ámbito, no tendría otra función que dilatar la resolución de las demandas que entablan personas con expectativas de vida disminuidas.

Una Justicia Legítima debería poner fin al incumplimiento del 82% móvil, que constituye una confiscación económica de la población más vulnerable. ¿Cómo se puede admitir que el magro salario de un trabajador se reduzca un 60% a partir del momento en que se acoge al retiro?
También es perversa la casación para la justicia laboral.

Una ley reciente condiciona el acceso de los afectados a la Justicia a la renuncia previa a la indemnización a cargo de las ART.

¿Se puede atribuir a este condicionamiento el carácter de una democratización del acceso a la reparación judicial? Claro que no; refuerza el negocio de las ART. Una casación en este caso sería una presión adicional para que los trabajadores accidentados desistan de la vía judicial. La Bolsa saludaría el hecho con una suba de las acciones de las aseguradoras y de la industria.

Otro ejemplo extraño de democratización lo constituye la intención de eliminar la responsabilidad civil de los funcionarios públicos. Consagraría una inmunidad judicial a la burocracia del Estado. Luego del asesinato de Mariano Ferreyra y la tragedia de Once, y los procesos abiertos por corrupción de secretarios de Estado y ministros, es una oferta de encubrimiento.

En lugar de establecer el derecho popular de revocatoria (como ocurre, en forma parcial, en ¡Venezuela!), generalizar la inmunidad.
Last but not least , el Consejo de la Magistratura, un organismo intermediario, no dejará de ser un ámbito de camarillas porque la avale el voto popular.

En lugar del proyecto reaccionario del oficialismo, debería establecerse la gratuidad del acceso a la justicia y la elección popular de los jueces, en el marco de un cambio radical del Estado presente.

Democratización de la Justicia:

Maniobras de un gobierno en crisis

Los temores que podían existir en la “corporación judicial” a una transformación que afectase los intereses que manejan desde la trastienda fueron disipados por la propia presidenta. Por boca de sus elementos más locuaces, el kirchnerismo había amenazado con la bandera de la elección popular de los jueces, lo cual hubiese sido un paso democratizador incluso con los límites que dicha medida tiene cuando los recursos de pode están concentrados en una clase social explotadora y su Estado.

Lejos de las amenazas previas, la presidenta sólo propuso la elección popular de alguno de los miembros del Consejo de la Magistratura (sólo de 6 sobre un total de 13), un órgano rosquero como pocos, que tiene por función elevar una terna para la elección de jueces. La decisión final seguiría estando como hasta ahora en el Senado y el propio poder Ejecutivo. Cristina no se animó siquiera a anunciar un proyecto para que los jueces paguen el impuesto a las Ganancias. Prefirió pasarle la pelota a la propia Corte, con la intención manifiesta de provocarle un desgaste político.

A la medida del Estado y las patronales

Cuando se deja de lado la demagogia oficial, los anuncios de CFK van en un sentido contrario al que se proclamó. La creación de Cámaras de Casación en los fueros previsional y laboral demorarían aún más la llegada de las causas a la Corte Suprema. Ello traerá aparejado, en primer lugar, una mayor tardanza en la resolución de los juicios de los jubilados por la mala liquidación de sus haberes. Una medida elemental de democratización de la Justicia supondría que la Corte haga extensivo a todos los afectados los alcances de los fallos que imponen los reajustes a los haberes no aplicados en los últimos años. Pero a pesar de las peleas entre ellos, la Corte y el gobierno actúan juntos contra esa posibilidad. Otro tanto ocurre en la relación a los casos de accidentes laborales. La nueva ley de ART, redactada por la UIA, condiciona el acceso a la Justicia por parte del trabajador accidentado a la renuncia a la indemnización de la ART. La creación de una Casación en este fuero sumaría mayor demora, y por lo tanto, menor interés en iniciar un proceso judicial. Los patrones tienen motivos para apoyar el proyecto del gobierno.

El proyecto “democratizador” limitará la responsabilidad del Estado y sus funcionarios en relación con los daños que cause su accionar a particulares. En el país de la masacre de Once, Cromagnón y de los asesinatos por `gatillo fácil`, es un programa de encubrimiento a favor de la burocracia estatal.

Reforma constitucional

Es cierto que CFK dijo que no pensaba modificar la Constitución, aunque el “operativo clamor” lanzado por sus chupamedias en las últimas semanas parece mostrar por donde pasan sus verdaderas intenciones. Pero sin esa reforma, difícilmente pueda avanzarse en una elección parcial de los miembros del Consejo de la Magistratura. jueces. SI incluso a pesar de estas objeciones la iniciativa cobra forma de ley, se iniciarían presentaciones judiciales reclamando su inconstitucionalidad. Se crearía, así, un escenario similar al de la Ley de Medios. La última palabra la tendría la Corte.

De esto surge que el gobierno busca darse una bandera progresista para la campaña electoral de este año. C umpliría la función que tuvo la Ley de Medios, y que terminó siendo un recurso para los negocios de un puñado de capitalistas amigos. Si logra avanzar en la reforma, el paquete de leyes sobre la Justicia servirá para darle una envoltura democrática al re-reeleccionismo.

Alternativa

Los anuncios oficiales han servido para mostrar no sólo el carácter reaccionario que anima al kirchnerismo sino también la orientación conservadora de la oposición tradicional, que rápidamente cerró filas con la corporación judicial, defendiendo su carácter de casta no electa ni controlada por el pueblo. La Justicia, en el régimen actual, está controlada por los grandes estudios jurídicos, los que a su vez tienen vínculos estrechísimos con las grandes empresas. Hablar de “justicia legítima” sin modificar este fundamento es una contradicción en término.

Frente a los proyectos del oficialismo y la defensa del estatus quo de la oposición tradicional planteamos el acceso gratuito del pueblo a la Justicia, la elección popular y la revocatoria de los jueces, como parte de una transformación social bajo la dirección de los explotados.

Prensa Obrera 21 marzo, 2013

martes, 19 de marzo de 2013

PAREMOS MASIVA Y ACTIVAMENTE EL 21 EN UNIDAD CON TODOS LOS ESTATALES

Abajo el Ajuste de Scioli y CFK

PAREMOS MASIVA Y ACTIVAMENTE EL 21 EN UNIDAD CON TODOS LOS ESTATALES

CONGRESO  DE DELEGADOS MANDATADOS PARA ORGANIZAR UN PLAN DE LUCHA.

Ante la oferta salarial de Scioli inferior al 18%, la AJB convocó a un paro para este jueves 21. Es necesario que la medida sea activa y que tenga continuidad con un plan de lucha junto con todos los trabajadores estatales de la provincia.

La burocracia sindical michelista y yaskysta de la AJB convocó al paro pero sin movilización, desoyendo los mandatos que se pronunciaron en asambleas por una acción conjunta con los docentes y estatales. A cambió de ello, la AJB informó que bregará por una marcha conjunta sin una fecha cierta.

Al imponer por decreto un 22% en cuotas para los docentes, Scioli no hace más que seguir la línea ajustadora de CFK que también cerró por decreto la paritaria nacional, con  un 22% en cuotas, que anualmente es menor al 20%. Pretende seguir ese camino con los estatales y médicos.

Todos al paro del 21. Elección de delegados y plan de lucha con todos los gremios
Llamamos a todos los judiciales, a las Directivas Departamentales y a los luchadores de la AJB a parar masivamente impulsando un aumento salarial de un mínimo de $6000 y un básico de $5000 para todos los empleados públicos de la provincia mediante plan de lucha unificado, por un COMANDO UNICO DE LOS TRABAJADORES ESTATALES Y DOCENTES PARA QUEBRAR EL AJUSTE CONJUNTO DE CFK Y SCIOLI.

Proponemos para quebrar el ajuste de la Scioli y CFK y superar la división y el aislamiento de las luchas que impulsan las burocracias sindicales: elección  de delegados por juzgado y dependencias, congreso  provincial de delegados mandatados para organizar un plan de lucha.

Que la AJB rompa su tregua con el gobierno y organice con todos los estatales un plan de lucha.

Salario mínimo de $6000 y $5000 de básico en una sola cuota.

Devolución del sistema de porcentualidad.

Eliminación del impuesto a las ganancias y restitución de las asignaciones familiares sin tope.

Pase a planta de todos los “pasantes” y tercerizados de limpieza.

Por el 82% móvil para todos.

 Por una AJB independiente del Gobierno y los bloques políticos patronales.

Sumate a Judiciales en Lucha

 

Nación: La implementación del sistema informático en Penal.

Franco compensatorio para todos y “plus informático” de $700

De un momento a otro, la Cámara del Crimen anunció que a partir del 11 de marzo se aplicaría el nuevo sistema informático “Lex 100” para todo el fuero, cuyo fin último sería la digitalización en red de todos los expedientes penales.

El proyecto, que a primera vista luce como positivo y modernizador, se tercerizó en una empresa de sistemas. Según se informa, se creó un servidor informático con una capacidad de procesamiento de datos y filtros de seguridad superiores a los del Banco Central.

El plan de gestión, lo implementan la empresa y la Dirección General de Tecnología manejada desde el Consejo de la Magistratura por el kirchnerismo. No está claro si lo que se quiere es controlar el estado de los expedientes desde un cómputo centralizado  para cumplir así con lo que pidió CFK ,  si solo se quiere adaptar el trabajo a las nuevas tecnologías, o un poco de ambas.

Los agentes del fuero Penal solo recibieron una capacitación menor a la básica. Si bien todos la mayoria realizaron el curso, los capacitadores en las dependencias son los mismos agentes que fueron seleccionados por los jueces y secretarios. 

La Cámara no solo ejecutó la implementación sin preparar a los agentes, sino que no declaró feria en el fuero para que la puesta en marcha del sistema pueda hacerse correctamente con los capacitadores de la DGT y la empresa.

El colapso y el entorpecimiento del desarrollo de nuestro trabajo no podrían ser mayores. Todo cambio, trae aparejado un desafío y una resistencia, pero ello no obsta a que la Cámara disponga de las medidas necesarias para que dicho cambio se produzca con sin trastornos.

Lo que debería significar una simplificación y agilización del trabajo se ha vuelto en su contrario. Así, se descarga sobre los empleados la responsabilidad inherente a la Corte y la Cámara de que se implemente el sistema y se capaciten a los usuarios.

Consideramos que la capacitación a cargo de los empleados constituye una sub-tercerización de la tercerización que ya hizo la Corte a favor de la empresa prestadora del servicio.  Como toda tercerización, implica desmanejos financieros y ajuste sobre los trabajadores.

La Cámara y la Corte se la quieren llevar de arriba como lo hacen con las horas extras. Con la comunicación de la Cámara que dice que a los agentes que fueron capacitadores se los debe compensar con un día de franco, la otrora militante de “Justicia Legítima”  Dra. Garrigós hecha lastre tirándonos una propina.

La Comisión Interna del fuero Penal debe exigir a la Cámara la extensión del franco compensatorio para todos los agentes que realizaron el curso pasando el horario de la jornada de trabajo.

Asimismo, la puesta en marcha de este sistema implica una especialización en el trabajo. Corresponde el pago un “plus informático”, adicional a la pauta salarial que negocie el sindicato con la Corte, teniendo un carácter especial para los agentes que están capacitando a su Secretaria.

Exijamos a la UEJN la convocatoria a asambleas por edificio para trazar un plan de acción para conquistar estos objetivos a la par que nos ponemos en pie de lucha junto a todos judiciales contra el impuesto al salario y el por el aumento salarial. Elección de delegados por juzgados y dependencias.

lunes, 18 de marzo de 2013

Piumato y Bergoglio Twitter

"Bergoglio: siempre estuvo comprometido con los trabajadores y con los derechos de los trabajadores. Su lugar allí abre un panorama para volver a discutir derechos que aparentemente los poderosos le niegan a los pueblos y que son generadore...s no sólo de miserias sino de conflictos.
A lo mejor el efecto Francisco I ya empieza a tener importancia y resultados... vamos a hacer la marcha por la falta de diálogo; y la Presidenta le decía a Bergoglio "suerte que va a poder dialogar con los poderosos del mundo". Somos trabajadores y esperamos que este cambio se vea hoy en el Ministerio de Trabajo..." Julio Piumato


VIDEO COMPLETO: http://www.youtube.com/watch?v=CXQO0WgVl3s&feature=youtu.be

Piumato no fue el único político o dirigente gremial argentino que durante estás horas demostró una completa dependencia política de la Iglesia. Esa Iglesia que como institución siempre estuvo del lado de los poderosos contra los oprimidos y siempre estuvo del lado de las dictaduras militares represivas.

En el pelotón se encuentran Cristina, Macri, Scioli, Carrió, Pino, Binner, De Narvaez, la CGT Balcarce, la UIA, la Sociedad Rural y la pobre la producción de 6,7,8 que entró en crisis por no saber si debía  alagarlo o pegarle a partir de la carta y felicitación de CFK y de los dichos de Marioto acerca del "Papa peronista" .

Ya quedaron muy lejos las denuncias de su participación en la dictadura y su organización de escraches y movilizaciones contra los derechos de las minorías sexuales o bien con su encubrimiento del padre Grassi y los sinnúmero de curas pedófilos argentinos.

Solo nosotros, Judiciales en Lucha, el PO y el Frente de Izquierda no estamos contentos con la designación de Bergoglio en ese Cónclave Siniestro. Rechazamos que Macri de asueto en las escuelas públicas, el martes debe haber clases. Separación de la Iglesia del Estado

Nación: TODOS A LA MOVILIZACION DEL 20

Todos a la movilización del 20. Exijamos asambleas y plan de lucha contra el Impuesto al Salario y por los reclamos pendientes.

Finalmente, el gobierno le pasó la pelota a la Corte para que sea ésta la que elimine la Acordada 20/96 que declara exención de ganancias para el poder judicial.

La Corte adelantó que está de acuerdo con el Ejecutivo. La dirigente de “Justicia Legítima”, la Procuradora Gils Garbó, presentó una nota ante la Corte para que apure la implementación del impuesto. La respuesta de la Corte fue que el Ministerio Público es independiente y que ya mismo está en condiciones de ejecutarlo por su cuenta.

La demora de la Corte en aplicarlo, es porque para resguardar los intereses de la “familia judicial” que representa, necesita llegar a un compromiso con el gobierno para que se compense económicamente la “intangibilidad” remunerativa de los magistrados, negociación donde la prenda de cambio será el visto bueno para que nos cobren ganancias a los judiciales.

Si bien la Corte y el gobierno están en un enfrentamiento por el control del poder judicial  bajo el pretexto de la democratización de la justicia, tienen un acuerdo: la rebaja salarial a los judiciales con ganancias. Pero además, tomado en términos presupuestarios, el aumento referido a la masa salarial para el 2013 no supera el 20%. La Corte, en complicidad con el gobierno, pasó un 5% del aumento del año pasado para disfrazar el mísero aumento para 2013.

Los reclamos de recuperación de la jubilación de 82% móvil para los jefes de despacho y para todos los judiciales, la devolución de las asignaciones familiares, así como el reescalafonamiento del P.O.M. y el pase a planta de interinos, contratados y tercerizados no encuentran respuesta ni en la Corte ni el Gobierno.

Asambleas y plan de lucha.
La UEJN se limitó a declarar su clásico “estado de alerta y movilización”, dos actos para escuchar los discursos de Piumato, y la solicitud de una audiencia a la Corte. Apuesta más a una negociación con la Corte que a un plan de lucha de los judiciales

Exigimos a la UEJN la convocatoria a asambleas por edificios y Fueros para que voten un pliego de reclamos y un plan de lucha para impedir que ingrese el impuesto al salario, por un aumento salarial del 30% en una sola cuota indexable por inflación y por todas las reivindicaciones pendientes.

Elección de delegados por juzgados y dependencias con mandato. Por una UEJN independiente de la Corte y el Gobierno. 

martes, 12 de marzo de 2013

ABAJO EL AJUSTE DE SCIOLI Y MARIOTTO. Qué espera la AJB para salir a la lucha?

Por un plan de lucha de los judiciales con el conjunto de los empleados públicos hasta obtener un salario mínimo de $6000.

Al ofrecer un 22% en cuotas para los docentes, Scioli se develó como el mejor alumno ajustador de CFK, luego de que ella cerrara por decreto la paritaria nacional, también, con  un 22% en cuotas, que anualmente es menor al 20%.

Los docentes, estatales y médicos se encuentran en estado de huelga, movilización y deliberación en asambleas y plenarios de delegados. A pesar de las burocracias sindicales, la huelga gana impulso por abajo en toda la provincia.

¿Adonde está la AJB? Asambleas, elección de delegados y plan de lucha con todos los gremios
La Verde de Blasco y la Azul y Blanca de Pérez Guillén,  hasta ahora no convocaron a nin-gu-na medida de fuerza o solidaridad con esas luchas. Peor aún, son un  tándem que pide “paciencia”  a los trabajadores judiciales hasta que el gobierno nos llame a negociar.

Frente a la parálisis de la burocracia sindical michelista y yaskysta de la AJB,  ya se vinieron pronunciando asambleas en Morón, Mar del Plata, Quilmes, La Plata, Necochea por un plan de lucha para arrancar un aumento no menor al 30%.

Exigimos a la AJB la convocatoria a asambleas en todas las departamentales para impulsar un aumento salarial de un mínimo de $6000 y un básico de $5000 para todos los empleados públicos de la provincia mediante plan de lucha unificado, por un COMANDO UNICO DE LOS TRABAJADORES ESTATALES Y DOCENTES PARA QUEBRAR EL AJUSTE CONJUNTO DE CFK Y SCIOLI.

Proponemos: elección  de delegados por juzgado y dependencias, congreso  provincial de delegados mandatados para organizar un plan de lucha.

>Que la AJB rompa su tregua con el gobierno
>Salario mínimo de $6000 y $5000 de básico en una sola cuota.
>Devolución del sistema de porcentualidad.
> Eliminación del impuesto a las ganancias y restitución de las asignaciones familiares sin tope.
> Pase a planta de todos los “pasantes” y tercerizados de limpieza.
>Por el 82% móvil para todos.
> Por una AJB independiente del Gobierno,y los bloques políticos patronales.

Proyecto X: se confirma el espionaje oficial

garre berni gendarmeria proyecto xHace un año, los trabajadores de Kraft, dirigentes políticos y organismos de derechos humanos denunciamos ante la Justicia federal la existencia de tareas de inteligencia ilegal sobre trabajadores, organizaciones sociales y partidos políticos. La respuesta de Gendarmería a nuestro requerimiento confirmó esa denuncia: el jefe de la fuerza, Héctor Bernabé Schenone, admitió la existencia de una unidad especial destinada a espiar a dirigentes sociales y opositores, que denominó “Proyecto X”. Por su parte, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, salió a negar la existencia de este programa de espionaje interno y declaró que el tal “Proyecto X” era sólo un software.
 
Sin embargo, el juez Oyarbide ordenó el allanamiento de la base de Gendarmería ubicada en Campo de Mayo. Ahora, la pericia de los discos rígidos secuestrados en ese momento confirma y amplía la denuncia. Los archivos contienen informes sobre barrios enteros, que denominan “Informes sobre Villas”.
 
La información reunida por la gendarmería versa sobre las actividades realizadas por organismos de derechos humanos que reclaman por la aparición de Jorge Julio López, por Luciano Arruga, contra la concentración y extranjerización de la tierra, etc. También contiene cuadros que ordenan la información bajo el título de “Calendario de Movilizaciones”, que abarca a varias provincias y organizaciones, como las de los familiares de Cromañón, Madres de Plaza de Mayo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y agrupaciones de trabajadores desocupados. La información contenida en estos archivos no apareció nunca antes en ningún medio de difusión, lo que lleva a concluir que para obtener dicha información se han utilizado diversas formas de espionaje (escuchas ilegales) o de infiltración en las organizaciones por parte de agentes de inteligencia.
 
Otro cuadro, titulado “Cronogramas de Medidas de Lucha” refiere a los trabajadores de Kraft-Terrabusi y a las movilizaciones al Puente Pueyrredón “los días 26 de cada mes”. Por todo esto, el pasado viernes 28 de febrero, las organizaciones que patrocinamos la denuncia solicitamos al juez la indagatoria de cinco comandantes de Gendarmería y a dos civiles, como primer paso para avanzar sobre los hechos y llegar a los responsables políticos -Nilda Garré, entre otros.
 
Exigimos el desmantelamiento de todos los programas de “inteligencia interior”, infiltración y delación de las organizaciones populares.

Claudia Ferrero (Apel)

miércoles, 27 de febrero de 2013

Mariano Ferreyra. El PO expresa su rechazo al alegato de la fiscalía

El Partido Obrero expresa su rechazo al alegato de la Fiscalía realizado durante la jornada de ayer. El pedido de perpetua para Pedraza, Fernández, Díaz, Favale y Sánchez no puede disimular que la presentación hecha por los representantes del Ministerio Público debilita fuertemente la acusación de que el asesinato de Mariano Ferreyra y las heridas contra los otros compañeros fue el resultado de un plan criminal elaborado con el propósito de aleccionar a los trabajadores tercerizados, que ponían en riesgo tanto fuertes negocios como el dominio político de la burocracia sobre la Unión Ferroviaria. El pedido de absolución para Juan Carlos Perez y Guillermo Uño contradice la tesis del plan criminal y abona el camino para reflotar la tesis que adjudica a la Policía un muy retaceado “abandono de persona”.
Juan Carlos Pérez y Guillermo Uño quedaron en libertad en ese mismo acto, a pesar de que ambos habían sido señalados por un testigo imposible de ser caratulado como parcial (José Sotelo) como quienes retiraron las armas del lugar del hecho, luego de la agresión que culminó con el homicidio de Mariano y las heridas sufridas por Elsa Rodríguez y otros compañeros. Por otra parte, Pérez fue denunciado por los periodistas de C5N que lo señalaron en el juicio como uno de los matones que los redujeron para que evitar que registraran con su cámara el momento de la agresión. Sin embargo, la fiscalía consideró “insuficiente” el testimonio de Sotelo y denunció que las amenazas a los periodistas de C5N no habían sido parte de la requisitoria de elevación a juicio contra Pérez.
 
El intento de desarmar la acusación del plan criminal llevó a la Fiscalía a desglosar la acusación a los 7 policías de la Federal para la jornada del viernes. La carátula de “abandono de persona” que se usaría para tal fin permitirá presentar a quienes fueron partícipes necesarios del crimen de nuestro compañero como responsables de un accionar negligente.
 
La fiscalía subestimó las motivaciones e intereses que llevaron a la patota de Pedraza y a la Federal a organizar un plan criminal contra los tercerizados. La denuncia de la tercerización del trabajo, de las cooperativas truchas –como la de Unión del Mercosur de propiedad del propio Pedraza-, de la vinculación de la Unión Ferroviaria con las empresas concesionarias del ferrocarril Roca (UGOFE), el papel de dirección de estos negociados de la propia Secretaría de Transporte, la complicidad del Ministro de Trabajo, en síntesis, pasó por alto, a pesar de las pruebas acumuladas, de todo aquello que involucraba al poder político y a los empresarios que al día de hoy siguen manejando el sistema ferroviario. A diferencia de lo realizado por nuestra querella, el pedido de investigación a los funcionarios estuvo por completo ausente. De más está decir que de este modo se debilita la acusación contra el propio Pedraza, aunque la solicitud de condena haya sido la perpetua.
 
Durante el transcurso del propio juicio la Procuradora General Gils Carbó decidió “robustecer” la fiscalía haciendo ingresar a dos nuevos fiscales. A juzgar por los resultados está clara la intención que el gobierno persiguió con esas incorporaciones.
 
El Partido Obrero reclama el castigo a TODOS los responsables por el crimen de Mariano Ferreyra, y rechaza todas las especulaciones y maniobras que buscan la impunidad para parte de los responsables.
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Día 60: Nuestro alegato

22 de febrero
1845196_n_vir1El 22 de febrero –coincidente con el primer aniversario de la masacre de Once y el segundo de la detención de José Pedraza- fue el turno de nuestro alegato en el juicio por el crimen de Mariano.
Nuestras abogadas, Claudia Ferrero (Apel) y María del Carmen Verdú (Correpi), distribuyeron su exposición en tres partes. En primer lugar, presentaron un largo y minucioso desarrollo del marco general en el que se produjo el crimen de Mariano, poniendo de relieve todas las conexiones políticas y económicas, la red de complicidades e intereses recíprocos que aun hoy entrelazan a funcionarios, empresarios y burócratas sindicales en el negocio común de la administración del ferrocarril y la tercerización laboral; dentro de ese marco general, también desarrollaron las motivaciones políticas y económicas que José Pedraza y la burocracia de la UF tenían para acabar con el movimiento de lucha de los tercerizados. En segundo término, Ferrero y Verdú expusieron cómo sucedieron los hechos ocurridos el 20 de octubre de 2010 en Barracas y la participación criminal que tuvo en ellos cada uno de los imputados. Por último, las abogadas solicitaron la máxima pena que nuestra querella estaba jurídicamente habilitada para pedir -25 años de prisión, más accesorias y costas- para los 17 acusados. A lo largo de las casi siete horas que insumió el alegato, ambas señalaron reiteradas veces nuestro completo apoyo a la solicitud de la otra querella, que representa jurídicamente a la familia de Mariano, de prisión perpetua para Pedraza, Fernández y los jefes del operativo policial, entre otros. Además, solicitaron la apertura de nuevas investigaciones para determinar las responsabilidades por participación o encubrimiento de los funcionarios Juan Pablo Schiavi, Antonio Luna y Aníbal Fernández, entre otros; de los empresarios y gerentes de Ugofe y de otros miembros de la lista Verde de José Pedraza y de la policía.
En la sala, estuvieron presentes Elsa Rodríguez y Beatriz, la mamá de Mariano, acompañadas de un público numeroso –dirigentes del Partido Obrero y otras fuerzas de izquierda, militantes y amigos de Mariano, dirigentes sindicales y de derechos humanos. En las puertas de tribunal, una multitud seguía atenta el alegato por altoparlantes que transmitían lo que ocurría en la sala. Otros miles, en puntos remotos de todo el país, hacían lo propio a través de internet y de las redes sociales.
“Un crimen político contra la clase obrera”
El primer tramo del alegato estuvo a cargo de Claudia Ferrero. Introdujo su exposición señalando la enorme conmoción política y social que produjo el crimen de Mariano.
“El asesinato de Mariano sacó a la superficie el carácter criminal de la burocracia sindical y su transformación en una casta empresarial que prospera mediante la explotación de los trabajadores de su propio gremio y puso asimismo al descubierto la trama mafiosa del armado del manejo en el transporte ferroviario, de parte de funcionarios, empresarios y sindicalistas. Hoy, 22 de febrero, en el primer aniversario de la Masacre de Once, no podemos dejar de señalar que detrás de la agresión criminal cometida en Barracas el 20 de octubre del 2010 y las 51 muertes ocurridas en el ferrocarril Sarmiento, se advierten los mismos actores, la misma codicia y la misma impunidad”. De entrada, Ferrero dejó asentado que tanto ella como Verdú, “estamos mandatadas para expresar, en nuestra voz, el colectivo militante al que pertenecen los heridos y pertenecía Mariano Ferreyra” y denunció el hecho de que el Partido Obrero no fuera aceptado como querellante en la causa.
Inmediatamente, Ferrero pasó a exponer minuciosamente el proceso de integración de la burocracia a la administración del ferrocarril. “Desde la misma tarde del 20 de octubre, en la conferencia de prensa que realizaron en Callao y Corrientes, los compañeros de Mariano Ferreyra, Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre denunciaron que este crimen se había efectuado ´para defender un negocio´. Ese negocio fue construido a lo largo de los años, conjuntamente con el avance de la privatización y concesión de los distintos estamentos del sistema ferroviario, de manera tal que los dirigentes de la Unión Ferroviaria fueron mutando de representantes gremiales en empresarios partícipes de la ganancia que arrojaba la explotación de los trabajadores ferroviarios y la apropiación de fondos públicos”. Ese proceso comenzó con la privatización del ferrocarril en tiempos de Menem y la adjudicación del Belgrano Cargas a Pedraza. En el Belgrano Cargas, Pedraza colocó a su esposa al frente del directorio y también a Ángel Stafforini, contador de la UF, actualmente procesado en la ´causa de las coimas´.
“La integración de la burocracia a la administración ferroviaria tuvo un salto cualitativo en 2008, cuando se crearon Sof SE y Adif SE. Al frente de esas empresas estatales, fueron designados representantes de la Unión Ferroviaria y de La Fraternidad”.
“En el caso de Sof SE, fue designado Juan Araya, el abogado de la UF que conocimos por las escuchas, organizando la defensa de la patota. Araya no es simplemente un abogado, como plantean las defensas, sino una pieza clave de la gestión ferroviaria y de este entramado”. Ferrero también se refirió a la designación de Antonio Luna, proveniente de La Fraternidad –hoy procesado por la masacre de Once-, al frente de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario como otra pieza clave de esa integración. Ferrero también explicó –entre otros varios ilícitos que salieron a la luz en el curso de la instrucción y del juicio oral- el mecanismo fraudulento de contratación de las tercerizadas por medio de ´licitaciones privadas´ truchas, que eran el coto cerrado de funcionarios, empresarios y burócratas para embolsar un porcentaje todavía mayor de los subsidios estatales, amén de los que Ugofe recibía por el gerenciamiento de la línea Roca y el desvío ilegal de fondos destinados al pago de salarios. La ´cooperativa´ Unión del Mercosur –a través de la cual Pedraza, sus familiares y dirigentes más allegados explotaban a más de un centenar de obreros tercerizados- mereció, como era de esperarse, un capítulo aparte.
En cuanto a la responsabilidad de los funcionarios, el alegato de Ferrero puso el dedo en la llaga al referirse particularmente Aníbal Fernández, quien al momento del crimen de Mariano ocupaba la jefatura del gabinete de ministros, pero retenía entre sus funciones el mando político de la policía. Ferrero se basó en prueba producida en el juicio; en particular, en la declaración del subcomisario Echavarría, de la DGO, quien afirmó que la policía recibe ´órdenes políticas específicas´ ante cada manifestación pública -algo que, por otra parte, cualquier militante sabe por experiencia propia. Fernández fue el primer funcionario en referirse al crimen de Mariano y lo hizo, antes que nada, para felicitar a la policía y encubrir su complicidad con los agresores. “La policía hizo lo que tenía que hacer”, citó Ferrero a Fernández.
Por último, la abogada de Apel incursionó en las motivaciones políticas que condujeron a Pedraza y Fernández a perpetrar el ataque criminal. “Pedraza y Fernández estaban convencidos de que el ingreso de los tercerizados cuestionaría su hegemonía en el gremio. En sus cabezas, se representaban que su pase a planta permanente desataría procesos similares a los del subte o el gremio de la construcción, es decir, al desarrollo de sindicatos alternativos. Esto lo explica claramente Fernández en una de las ´escuchas´ telefónicas. Pedraza –también en una ´escucha´- refiere que el pase a planta daría lugar al ingreso de 150 cuadros del Partido Obrero al ferrocarril. Esto era lo que tenían en mente, lo que ellos se prefiguraban”. Ferrero destacó que el dominio de Pedraza sobre el gremio se basaba, no en el mandato de los trabajadores, sino en la coerción, en estatutos-cárcel que no admiten representación de minorías ni elección de delegados por sector, en el apoyo que le brindaban desde la empresa y el Estado y en el monopolio de los ingresos a los puestos de planta en el ferrocarril.
“Hemos escuchado los diálogos de Pedraza con Tomada y otros funcionarios de la cartera de Trabajo que revelan una relación estrecha. Los estatutos que le garantizan a Pedraza su inamovilidad el gremio los homologa el Ministerio de Trabajo. También escuchamos a Héctor Messineo, gerente de recursos humanos de Ugofe, jactarse ante Fernández de haber promovido el despido de los dos principales dirigentes de la oposición a Pedraza en el Roca”.
“La ‘bolsa de trabajo’ de la UF no servía para el ingreso de familiares de los ferroviarios sino de adictos a Pedraza y matones. El 6 de septiembre, en Constitución, estuvieron Favale y varios de los imputados. Fue la misma metodología que apicarían el 20 de octubre, apenas a escala menor”.
“La UF, Ugofe y el Estado son los tres pilares del plan criminal concluyó en el crimen de Mariano Ferreyra y las graves heridas que sufrieron Elsa, Nelson y otros manifestantes, porque los tres comían de la misma torta del negocio. Ese plan criminal estaba dirigido a preservar el negocio de la hiperexplotación de los trabajadores a través de la tercerización laboral y la supremacía política de Pedraza en el gremio. El involucramiento de burocracia, empresarios, funcionarios y policías convierten a este crimen en un crimen de Estado”, concluyó Ferrero en el primer tramo del alegato.
Los hechos
María del Carmen Verdú, de Correpi, tomó la posta luego de un breve receso para profundizar en el desarrollo de los hechos. En varios tramos, se apoyó en el brillante trabajo de análisis de la prueba que realizó el Cels, sobre el cual hizo además un aporte enorme, especialmente en el tramo referido a la participación de la policía.
Verdú se refirió a ´la tercerización de la represión´, como un método recurrente desde 2003 a esta parte, a la que definió como el recurso a las patotas de la burocracia sindical para suplir el concurso de las fuerzas de seguridad del Estado, “lo que le permite al gobierno nacional mantener la fachada de ‘no represor de la protesta social’”, y lo ilustró con numerosos ejemplos.
Para exponer los hechos, Verdú tomó como base los testimonios de los testigos “que nada tenían que ver con los tercerizados ni con la patota”. De ese modo, volvieron a sonar en la sala las voces del albañil Esteche, del psicólogo Sotelo, de los choferes de Chevallier, del gerente de Mapra, del policía Ortigoza y de los periodistas de C5N.
En primer lugar, Verdú refutó la versión de la ´autoconvocatoria´, esgrimida por las defensas de Pedraza y la patota. Señaló que desde veinticuatro horas antes estaba en el candelero qué acciones iba a tomar el sindicato, como reflejan las consultas triangulares entre Pedraza, Fernández y Schiavi captadas en las ´escuchas´. “El reconocimiento del conocimiento previo que tenían Pedraza y Schiavi de la movilización de los tercerizados, torna pueril la historia de la ‘autoconvocatoria’”, dijo Verdú. Señaló que el ´contrapiquete´ no fue otra cosa que “una cortina de humo” para camuflar la acción de un grupo de choque pertrechado con armas de fuego. “Esta jugada estaba en pleno conocimiento de quienes ocupaban despachos oficiales”.
“El ataque fue cometido deliberadamente en el momento de mayor vulnerabilidad, cuando los manifestantes se retiraban. Si no lo hicieron antes, después de la primera agresión a piedrazos, fue porque esperaban la llegada de al menos dos de los tiradores”.
Al referirse a la participación de cada uno de los imputados, Verdú señaló que “no es que cada uno fue autor de una parte sino coautor del todo”, y especificó cuáles fueron esos roles: “Pedraza y Fernandez fueron ´los hombres detrás del escritorio´, los instigadores. Pablo Díaz fue el principal reclutador y quien dirigió el ataque en el lugar de los hechos. Por su parte, Gustavo Alcorcel secundaba a Díaz y estuvo a cargo de coordinar la llegada de Favale. González y Pipitó fueron quienes se ocuparon de remover el obstáculo que representaba la cámara de los periodistas de C5N. Favale y Sanchez, y otros que todavía no fueron identificados, ejecutaron los disparos. Finalmente, Perez y Uño fueron los encargados de retirar las armas del lugar”. Culminó este tramo de su intervención señalando que las responsabilidades no se agotan en los 17 imputados que están sentados en el banquillo de los acusados en este juicio. “Lo hemos dicho reiteradas veces a lo largo de estas 60 audiencias: ´son todos los que están, pero no están todos los que son´”.
Luego, Verdú pasó a referirse al papel de la policía, y fue sencillamente demoledor. Los policías Lompizano y Garay tomaban nota como si estuvieran asistiendo a una clase magistral. Verdú comenzó aclarando la discrepancia de nuestra querella con la acusación elevada por la fiscal de instrucción, que reprocha a los policías por ´abandono de persona´, un delito de menor pena, que coloca a la participación policial en el terreno de la omisión de deberes o la negligencia. Nosotros los acusamos de haber sido partícipes activos en el plan criminal.
Verdú comenzó este tramo del alegato retomando los dichos de Echavarría, sobre las órdenes políticas recibidas por la Federal -una presa que nuestra querella no soltó en ningún momento del juicio. “La policía tenía conocimiento de la existencia de dos grupos desde las 10:16hs; sabían incluso, que la patota esperaba un grupo que estaba viajando desde Varela hacia Barracas. Cuando la patota descendía del puente, Mansilla informaba que los patoteros bajaban ´sin represalia´ y la Dirección General de Operaciones daba la orden de ´replegar´; los patrulleros se apartaron para dar paso a la patota; el camarógrafo Villalba dejaba de filmar exactamente los cuatro minutos que duró el ataque (¿cuánta batería pensaba ahorrar Villalba-que fue lo que dijo en su descargo- apagando la cámara durante cuatro minutos?). La única explicación que no ofende la inteligencia es que la policía tuvo la orden de acompañar el plan criminal. Si después de la agresión, no hubo detenidos ni secuestro de armas, fue porque tenían orden de permitir la fuga de la patota y cubrir su retirada de los manifestantes”. Verdú también se refirió a los policías de Florencio Varela, quienes demoraron un auto –que circulaba en abierta infracción a toda norma de tránsito- en el que se trasladaba una parte del grupo de choque. Lo dejaron continuar su camino a pedido de… ¡Favale!
Verdú desmenuzó cada una de las modulaciones policiales, revelando a través de ellas la activa participación de la Federal en el plan criminal, y estableció de manera contundente la participación de cada uno de los imputados.
“El deber de Villalba era filmar cualquier incidente. No es excusa que se viera ´borroso´. Su deber era acercarse todo lo que pudiera y filmar los hechos. Él fue parte del plan”.
“Desde la DGO, Lompizano, Echavarría y Conti dieron órdenes precisas para la participación de la policía en el plan criminal. Por su parte, Garay tenía un puesto de observación privilegiado de ambos extremos de la calle Luján. Incluso, tenía comunicación directa con Ortigoza, que estaba junto a los manifestantes y le informaba paso a paso. Sus patrulleros le abrieron paso a la patota, dejó pasar las armas, dejó pasar a la patota y luego les cerró el paso a los manifestantes. Garay tuvo una participación muy importante para que fuera posible el ataque. Por último, Mansilla y Ferreyra tuvieron un rol determinante. Eran los máximos jefes de la policía presentes en el lugar. Permanecieron todo el tiempo junto a la patota y se retiraron con ella; incluso toleraron que Pablo Díaz brindara una entrevista bajo sus propias narices. Mansilla y Ferreyra fueron partícipes necesarios del plan criminal”.
Verdú cerró su intervención agradeciendo al Partido Obrero su generosidad por compartir la representación de las querellas de Elsa y Nelson y reivindicando la lucha de los explotados. Fue un final vibrante.
Pedidos de condena
Nuestra querella solicitó para los 17 imputados la pena máxima que les cabe por la coautoría del delito de tentativa de homicidio agravada, que asciende a 25 años de prisión. Aclaramos nuevamente, a la hora de solicitar las condenas, nuestra consideración de que es “la prisión perpetua la condena que debería caberles a los acusados por la muerte de Mariano Ferreyra”, aunque no estuviéramos jurídicamente legitimados para hacerlo. Asimismo, solicitamos que se investigue la participación en el plan criminal de los funcionarios Antonio Luna, Aníbal Fernández y Juan Pablo Schiavi; de los empresarios y directivos de UGOFE Claudio Cirigliano, Benito Roggio y Benjamín Romero; de los integrantes de la Unión Ferroviaria y Ugofe Karina Benemérito, Pablo Oscar Diaz, Adrián Grisi, Norberto José Cots, Héctor Hourcade, Aldo Amuchástegui, Alberto Carnovale, Mario Giusti, Lucas Lescano, Marcelo Hernandorena y Horacio Vitali; y de los miembros de la Policía Federal Argentina, comisarios Dardo Catalán, Angel Humberto Ponce y Marcos Broussón. Por último, denunciamos por falso testimonio a siete testigos de la patota –entre ellos, uno de los peritos balísticos presentados por la defensa.
Últimas palabras
Las últimas palabras, a cargo de Claudia Ferrero, fueron: “Lo que nos impulsa en nuestra consideración de que la pena correcta es la perpetua no está inspirada en un deseo de venganza, sino en la necesidad social de que se termine la impunidad para con la violencia de las patotas amparadas en el Estado, con la explotación de los trabajadores y la codicia de empresarios, sindicalistas y funcionarios que se cobran vidas. Nos anima una finalidad social, no individual. Si no fuera así, no estaríamos honrando la memoria de Mariano Ferreyra.
Al terminar la audiencia, el público estaba emocionado, mientras que entre los acusados y sus abogados, el clima era de velorio. En una semana, sufrieron dos alegatos demoledores contra ellos.
El martes 27, comienza el alegato de la fiscalía. De acuerdo al diario oficialista Tiempo Argentino, en el equipo de la fiscalía –incluidos los fiscales ad hoc designados por la Procuradora Gils Carbó- no existía certeza de que la fiscal reclamara la perpetua. En cambio, habría acuerdo en solicitar para los policías una condena por ´abandono de persona´, un delito de menor cuantía respecto a la participación en el plan criminal, que dejaría fuera de eventuales imputaciones a los responsables políticos de la actuación policial, empezando por Aníbal Fernández.
Esta lucha sigue.
Justicia por Mariano. Perpetua a Pedraza.

domingo, 24 de febrero de 2013

¿Democratización de la Justicia? No al impuesto a las ganancias para los judiciales

Asambleas por edificio y fuero para fijar los reclamos y el plan de lucha.
El gobierno nacional acaba de presentar en diputados un proyecto de ley para eliminar la exención de impuesto a las ganancias para los miembros del Poder Judicial.
El gobierno, que viene agitando con gran vaguedad una “democratización” el Poder Judicial, afirma que quiere terminar con un “privilegio” y equiparar a los magistrados y funcionarios con los $2millones de trabajadores que pagan el impuesto.
Zaffaroni, quien adelantó estar a favor de la medida, abrió el paraguas. “Quitarle el 25 o el 30 por ciento al salario de cualquier trabajador, evidentemente crea un problema sindical y eso habrá que resolverlo” (Clarín 16/2).
Amismo, el gobierno ha incrementado la presión tributaria sobre el salario de los trabajadores al elevar el mínimo no imponible en un 20%, convalidando una desactualización de más de 2 años y metiendo así un “cepo” a los aumentos de las presentes paritarias.
El PRO, que al igual que con las ART apoya el proyecto del gobierno, planteó la salida a la aparente contradicción de cobrar impuesto a las remuneraciones “intangibles” de los jueces: “habrá que incrementar la remuneración de los jueces en una cifra equivalente para evitar que sufran una merma, porque eso sí está prohibido por la Constitución” (Idem).
En síntesis, lo que está planteado es que en definitiva los únicos alcanzados por el impuesto al salario seremos todos los trabajadores judiciales dado el escaso monto en que se encuentra en mínimo no imponible.
En el mentado impulso democratizador del kirchnerismo no figura la pretensión de que los judiciales tengamos una ley de paritarias que obligue a la Corte a discutir integralmente las condiciones de trabajo. En 2011 el bloque del FPV en el Senado boicoteó una iniciativa de ese estilo. ¡La Corte es la única patronal que no está obligada a discutir paritarias con sus trabajadores!
Bajo la perorata de una democratización de la justicia y un coto a los privilegios, el gobierno nacional esconde la intención de reforzar el régimen laboral vigente y embucharse una planta de 30.000 trabajadores para tributar Ganancias
Señalamos que este nuevo ataque al salario de los judiciales, se da en un marco más general de ajuste donde ni la Corte ni el Gobierno le dieron una respuesta a los reclamos de una Jubilación de 82% móvil para todos, asignaciones familiares, del pase a planta de todos los contratados, interinos y tercerizados, de recategorización del P.O.M, entre otros. Pero además está en carpeta otro proyecto para pasar el Fuero Civil a un derechista como Macri.
Es necesario que los judiciales rechacemos masiva y contundentemente este proyecto para que ningún trabajador judicial, ni ningún trabajador argentino pague este impuesto al salario.
Exigimos a la UEJN la convocatoria a asambleas por Fuero y edificio que voten un pliego de reclamos y plan de lucha para impedir que ingrese el impuesto al salario, por un aumento salarial del 30% en una sola cuota indexable por inflación y todas las reivindicaciones pendientes

domingo, 17 de febrero de 2013

LA LUCHA SALARIAL 2013 EN PBA

Por un mínimo de $6000 y un básico de $5000 en camino a la porcentual. Asambleas, elección de delegados y plan de lucha
Este año las paritarias están cruzadas por la abierta intención del gobierno nacional, los gobernadores y las patronales de imponer topes salariales del orden del 20% por debajo de la inflación

Se pretende  que la crisis económica la paguemos los trabajadores y el pueblo con congelamientos de precios truchos, aumentos salariales a la baja, impuesto al salario, tarifazos e impuestazos y devaluación monetaria.

Basta de Judiciales con salario de pobreza
Mientras el mínimo en el poder judicial apenas supera los $3000 y la canasta básica familiar supera los $7000, Scioli anticipó que con fondos propios solo podría otorgar a los empleados públicos un aumento del 6%, sin que por ello los camporistas de Mariotto digan algo al respecto. El presupuesto 2013, votado por todos los bloques legislativos, no tiene ningún aumento correspondiente a la masa salarial al poder judicial.

No solo se prosigue con la subejecución de creación de cargos respecto de los años anteriores, sino que se avanza aceleradamente la implementación de “pasantías” que no son más que una variable de los “meritorios”, el trabajo más precarizado que puede existir. En Mar del Plata, la Corte y el Rector de la universidad (ex candidato a vice-gobernador del FAP) ya pusieron a plenitud su funcionamiento.

La Corte se ha ubicado claramente en el campo ajustador del gobierno. Los sumarios y causas armados a los compañeros de la Celeste es un apriete para que los judiciales no nos pongamos en pie de lucha en las presentes paritarias

La AJB
El gremio está completamente paralizado. Venimos de un congreso en el cual todos los bloques políticos pactaron con la Verde, a excepción de Judiciales en Lucha, la Izquierda y un sector menor de la Celeste. 

Se aprobó, con el voto de la Celeste, la “Memoria y Balance” trucha presentada por la Verde. Así se le dio un cheque en blanco a una dirección que  entregó, junto con la Azul y Blanca, las últimas dos huelgas históricas que protagonizamos los judiciales.

En el mismo congreso, la Azul y Blanca defendió su kirchnerismo y su carnereo del paro del 20N por el impuesto al salario, las asignaciones familiares, un básico de $5000 y el 82% móvil. Pero no estuvo solo, la dirección de la Celeste se ubicó en el mismo campo.  

Lo único que resolvió el Congreso fue el pedido de una reunión a la Corte con los Secretarios Generales de las Departamentales para tratar el tema de los sumarios y las causas truchas, bajo la amenaza que de no realizarse se haría un paro. La Celeste terminó adaptándose a la metodología con la que Verde y la Azul y Blanca vienen interviniendo negativamente en los últimos conflictos: Levantar medidas de lucha a cambio de reuniones que nunca resuelven positivamente para los judiciales.

Asambleas, elección de delegados y plan de lucha
Exigimos a la AJB y a las directivas departamentales la convocatoria a asambleas departamentales para fijar un pliego de reclamos y la elección provincial de delegados por juzgados y dependencias, para que un Congreso provincial de delegados con mandato determine y organice junto a todos los trabajadores de la provincia un plan de lucha por:

>Salario Mínimo de $6000 y un básico inicial de $5000.
>Devolución del sistema de porcentualidad.
> Pase a planta de todos los “pasantes” y tercerizados de limpieza.
> Eliminación del impuesto a las ganancias y restitución de las asignaciones familiares sin tope.
>Por una reforma impositiva que recargue la percepción de impuestos en las grandes fortunas y en la actualización del inmobiliario rural.
>Por el 82% móvil para todos.
>Que la AJB convoque a todos los gremios de la CTA a un plan de lucha unificado.
> Por una AJB independiente del Gobierno, la Corte y los bloques políticos patronales. 

Judiciales en Lucha