Por un plan de lucha por nuestras reivindicaciones

 

Llamamiento del Partido Obrero

Ni los K de las ART ni una Unión Democrática

¿Micheli y Moyano se han juntado para reforzar la capacidad de los trabajadores para luchar contra el impuesto al salario, contra la desvalorización del salario familiar, por el rechazo a la nueva ley antiobrera de las ART, para que el sindicato del subte tenga su derecho a negociar su convenio de trabajo? ¿O acaso para subir el salario mínimo al costo de la canasta familiar y la jubilación al 82% móvil?
 

De ninguna manera. Moyano abandonó esa lucha el mismo día de la manifestación del 27 de junio pasado. La convocatoria para el próximo 10 de octubre no tiene prevista ninguna continuidad ni el inicio de un plan de lucha. Moyano ha metido a la CGT Azopardo en formol, para lucirla en los discursos -o en la pelea por los fondos de las obras sociales-, pero no para participar en esta lucha. Ni siquiera su sindicato de rama, Camioneros, participa con un paro en esta jornada. De Micheli se puede decir lo mismo. Moyano y Micheli buscan encuadrar la indignación de los trabajadores, pero de ninguna manera llevarlos a la victoria por sus reclamos.

La jornada del 10 de octubre próximo no puede ser desligada del aspecto más importante. Mientras Moyano trenza por un frente opositor (con figuras tan ‘pro-obreras’ como De Narváez, De la Sota, Lavagna e incluso Macri), Micheli le arrima el bochín a la Mesa de Enlace del capital sojero por medio de una de sus patas -la Federación Agraria que encabeza Buzzi.

Estamos ante una operación política para usar a una parte del movimiento obrero como una masa de maniobra al servicio de las operaciones políticas de los partidos capitalistas que juegan en la oposición. No llaman a los caceroleros del jueves 13 a unirse a la clase obrera por reivindicaciones sociales y políticas comunes (incluido el rechazo a la re-re-re), sino que se alinean con las cúpulas políticas patronales, las que ven en los cacerolazos una oportunidad para sacar del olvido a una oposición capitalista y anti-obrera.

El frente Moyano-Micheli debe ser caracterizado a partir del contexto político en el que busca su lugar. El movimiento obrero no gana nada con oponerle una Unión Democrática al gobierno K. ¿O acaso alguno de los integrantes de esta Unión Democrática tiene la intención de ayudar a los trabajadores a derrotar la nueva ley ART, que nos cierra el camino del reclamo judicial por los accidentes de trabajo?

En la clase capitalista hay una pelea por el plan económico, es cierto, que se da entre quienes quieren devaluar el peso y meter el ajuste, y los que temen la conmoción de la devaluación y compensan a los capitalistas con subsidios ultra millonarios.

Los trabajadores no podemos estar con ninguno de estos dos, pero sí pelear por una alternativa política propia.

Moyano le dijo una vez a CFK que quería ver algún día un presidente de los trabajadores. ¿Con quién? ¿Con la dupla Sociedad Rural-De Narváez? ¿Con patronal automotriz De la Sota, quien acaba de autorizar a una empresa contaminante de Monsanto en Córdoba, pero no impide la flexibilidad laboral y la suspensión reiterada de obreros? ¿Con el mismo De la Sota que acaba de hacer apalear a los empleados públicos y a los jubilados de su provincia?

Nosotros sí queremos un gobierno de trabajadores, pero para eso hay que impulsar una movilización política independiente del Estado y de los partidos patronales.

Convocamos a marchar el 10 en nuestra columna, la del Partido Obrero, que participa y promueve al Frente de Izquierda con una plataforma clara.

Ni Micheli ni Moyano han convocado a deliberaciones en la CGT y la CTA para que las bases puedan discutir la posición del movimiento obrero frente a la crisis política y la ruptura creciente del frente patronal que integran el gobierno y los llamados opositores. Esta ruptura se calienta con la decisión de intervenir a Clarín para beneficiar a Telefónica, a Manzano, al casinero Cristóbal López o a Electroingeniería. Micheli y Moyano nos quieren llevar por las narices atrás de uno de los bloques patronales, agitando reivindicaciones nuestras por las cuales no están dispuestos a pelear.

Somos conscientes de que los trabajadores no aprecian todavía la situación política de la misma manera que la estamos expresando nosotros, el Partido Obrero. Una mayoría que siente la necesidad de dar pelea por las reivindicaciones planteadas no establece todavía conclusiones sobre la relación política entre Moyano-Micheli y la patronal opositora -e incluso derechista. Creen que sus intenciones son consecuentemente reivindicativas.

Nosotros, el PO, no nos apartaremos de los trabajadores que quieren luchar contra la política anti-obrera de los K, pero lo hacemos con una delimitación política tajante y nítida de las direcciones convocantes, las que quieren que el movimiento obrero sea siempre el furgón de cola de los partidos capitalistas y, en este caso, de la derecha y del centroizquierdismo, el cual de izquierda no tiene ni un lóbulo del cerebro.

Nuestra línea es sumar por el lado de la clase obrera. Mediante plenarios de delegados de base de gremios y localidades que atraviesen las fronteras de alineamiento de las centrales.

Abajo el régimen de las ART, anulación del impuesto al salario, salario familiar para todos de 700 pesos por hijo, salario equivalente a la canasta familiar, reapertura de paritarias, 82% móvil; no a los ajustes de Macri, De la Sota, Peralta, Bonfatti, Macri y todos los gobernadores. Cárcel y perpetua a los asesinos de Mariano, desmantelamiento de las patotas sindicales. Por un plan de lucha y por un Congreso de Delegados electos en asamblea en todos los sindicatos, que discuta un programa obrero de salida a la crisis.

Ni el gobierno capitalista y anti-obrero de los K, ni una Unión Democrática de infame memoria.
Independencia obrera, Frente de Izquierda.

El gobierno nac & pop de las ART

Pocas veces las grandes patronales y los grupos financieros apoyaron con tanto entusiasmo el envío al Congreso de un proyecto de ley como el que acaba de remitir Cristina Kirchner en relación a las ART.

A tal punto llega la “alegría” patronal que el presidente de la Unión Industrial, Ignacio de Mendiguren, no tuvo ningún empacho en admitir a la agencia oficial Télam que “se avanzó en (la) dirección (…) que tuve la oportunidad de expresarle a la Presidenta” (BAE, 24/9). El proyecto habría sido escrito directamente por el super-antiobrero Daniel Funes de Rioja, asesor de la UIA y de la Cámara de la Alimentación. En los pasillos del Congreso ya se conoce la propuesta de ley de CFK como el ‘proyecto De Mendiguren’. El adjetivo le queda grande al ex funcionario de Duhalde, toda vez que los dueños de las ART son los grandes bancos.

El objetivo central del proyecto es obligar a los trabajadores o a las familias damnificadas por accidentes del trabajo a cobrar las bajísimas indemnizaciones de las ART, porque si eligen la acción judicial por responsabilidad civil y reparación integral del daño producido -como tiene derecho cualquier ciudadano que sufre un accidente- no cobran nada hasta la demorada fecha de la sentencia.

 

Por eso, el proyecto plantea lo que se conoce como opción con renuncia u opción excluyente. Si el trabajador acepta cobrar lo que le ofrece la ART, debe renunciar a ir a la Justicia. Y si quiere ir a la Justicia, tiene que renunciar a cobrar la indemnización de la ART.

Como dijo la Presidenta: “Quien opta por el pago no puede ir a los tribunales. En ese caso, los empleadores quedan eximidos de toda responsabilidad civil, en virtud de la elección ‘con renuncia’ por parte de los damnificados”. Actualmente, por un fallo de la Corte Suprema, los damnificados pueden “cobrar la indemnización tarifada de la ART y, si el trabajador o los familiares la consideran insuficiente, pueden reclamar un resarcimiento mayor en la Justicia laboral” (Clarín, 20/9).

Aquel fallo de la Corte obedeció a que la ley de ART, sancionada durante el menenismo, prohibía a los trabajadores demandar ante la Justicia, lo que a todas luces era inconstitucional. El kirchnerismo ha retomado la ley menemista de la manera más pérfida.

A partir de la reforma nacional y popular, el trabajador accidentado va a tener ante sí una disyuntiva de hierro. Con un elevado nivel de discapacidad, por ejemplo con el brazo o la pierna accidentada, va a tener que decidir “libremente” si acepta recibir en forma más o menos inmediata algún dinero por el daño sufrido, o por el contrario contratar a algún abogado -que podría hasta cobrarle por la consulta y el inicio del juicio- y esperar varios años a que se pronuncie la Justicia. Con total inmoralidad, el proyecto K se aprovecha de la minusvalìa del trabajador por el accidente producido -en la mayoría de los casos por falta de prevención y seguridad laboral a cargo de las patronales- para que renuncie al derecho que tiene todo ciudadano a demandar en la Justicia.

Que este es el objetivo queda reforzado por otros cambios. Primero: “se transfiere el reclamo judicial de un conflicto del trabajo desde el fuero laboral al fuero civil, que tiene resarcimientos inferiores y tiempos más largos de resolución”. Segundo: a fin de inducir a los damnificados a cobrar la indemnización de la ART, el proyecto eleva las tarifas del sistema en un 20%” (ídem). En otras palabras: aumentan la “limosna” de la ART y extendieron en varios años los plazos para que se pronuncien los jueces, con indemnizaciones menores, para inducir a que el trabajador “renuncie” a ir a la Justicia.

 

¿Puede haber más perfidia?
Sí, la perfidia es aun mayor porque, según De Mendiguren, “la nueva ley de ART le pone un punto final a la industria del juicio” (BAE, ídem); aludió al incremento del número de juicios y a que los principales beneficiados de ese aumento habrían sido los abogados. La realidad es la contraria: la Justicia le daba la razón a los trabajadores debido a la enorme diferencia entre el monto de la tarifa de la ART y la indemnización que fijaban los jueces. Si no existiera esa diferencia, ni el obrero recurriría a la Justicia ni las patronales se sentirían afectadas cuando lo hiciera.

Como ya ocurrió con la ley menemista de ART, el actual proyecto tiene la bendición de la burocracia sindical, a la que de inmediato el gobierno le habilitó otro negocio: la posibilidad de constituir las llamadas ART-Mutuas entre las cámaras empresarias y los sindicatos. Para que el negocio sea más lucrativo, esas Mutuas deberán atender a los accidentados en las obras sociales y en los hospitales públicos, según reza el decreto que de inmediato firmó CFK. La presidenta del pueblo admitió que actividades como las del sector metalúrgico y de la construcción “tienen muy adelantada la constitución de estas ART mutuas”.

El gobierno que “recuperó la soberanía energética”, para reprivatizar YPF y para mantener en pie la privatización del gas y del petróleo, no se jacta ahora de “recuperar la seguridad laboral”, y con razón. El kirchnerismo consolida el negocio de los accidentes de trabajo por parte de los bancos que manejan las ART. No se trata solamente de una enorme renta financiera, que va de la industria a los bancos, sino de un fabuloso incremento de la tasa de explotación de la fuerza de trabajo, que no es resarcida por el daño que produce el accidente laboral, sino que engrosa la ganancia de la industria.

Que venga “unidos y organizados” a explicarnos por qué los K no serían un gobierno de la explotación capitalista.

VIVA LA HUELGA GENERAL DE LOS ESTATALES DE EDUCACIÓN CONTRA EL AJUSTE DE SCIOLI Y DE LUCÍA.

QUE LA AJB IMPULSE UN PLAN DE ACCION EN APOYO

Los 6.000 trabajadores del Ministerio se encuentran en huelga general contra el ajuste de Scioli y su ministra De Lucía, primero contra más de 126 despidos (revertidos por la lucha) y ahora un recorte salarial en viáticos y horas extras en el orden del 16% que supera al famoso 13% de Cavallo.

La combativa Junta Interna de ATE-Educación viene impulsando movilizaciones, cortes de calle y la ocupación de la Torre Central del Ministerio de Educación. Los gremios como UPCN Y Soeme -uno de la CGT oficialista, la otra del moyanismo- acuden a la movilización arrastrados por el aluvión de estatales, pero solo se limitan a “avalar” las medidas.

Ante la enorme reacción de los trabajadores, la ministra De Lucía ha redoblado la apuesta anunciando un recorte superior al previsto y ha denunciado penalmente a los huelguistas. Quiere ganar autoridad para el ajuste en toda la provincia. Así, pretende juntar los $1100 millones que le faltan para pagar los aguinaldos y sueldos en diciembre. 

Educación es la nave de proa del ajuste provincial. Por eso, los judiciales debemos tomar la lucha de sus trabajadores como la nuestra.  

La AJB, debe exigirle a la CTA provincial la convocatoria de un plenario provincial de delegados de todos sus gremios para trazar un plan de acción contra los recortes en marcha.

La victoria de la lucha por la porcentual y todas las reivindicaciones de los judiciales pasan en este punto por derrotar el ajuste de Scioli que es convalidado desde el silencio por Mariotto y por Cristina que descarga la crisis de su política en las provincias.

Viva la huelga general de los estatales de Educación.-

Mesa Debate en MDQ por Justicia por Mariano Ferreyra

Digamos basta a la destrucción del salario familiar

PLAN DE LUCHA DEL MOVIMIENTO OBRERO

No se trata de un mero ajuste, el gobierno kirchnerista está destruyendo el sistema de asignaciones familiares en función de emplear sus fondos con otros fines.

El decreto que la Presidenta anunció por cadena termina con el derecho del trabajador a cobrar salario familiar por hijo y sujeta ese cobro a los “ingresos familiares”. Si dos trabajadores ganan 3.500 pesos cada uno, pasan a cobrar la categoría inferior creada por el decreto, la cual es de 90 pesos por hijo, correspondiente a una franja de entre 6.001 y 14.000 pesos. Antes, cobraban 270.

Al aplicarse sobre el grupo familiar y no sobre el salario del trabajador, dejan de cobrar la asignación 63 mil familias. Otras 170 mil cobrarán menos por pasar a una categoría inferior. De ese modo, agravaron las consecuencias del sistema de la tablita, ya de por sí discriminatorio.

Se ha anunciado un aumento del 25,9%, lo cual es falso. La categoría I, de 200 a 3.200 pesos (340 pesos) tuvo un 25,9%; la segunda, de 3.201 a 4.400 (250 pesos), el 22,5% y la tercera de 4.401 a 6.000 pesos (160), el 17,6%. La última categoría, de más de 6.000 pesos, fue creada por el decreto y su importe, como dijimos más arriba, es de 90 pesos. De todos modos, los que ingresaron en esa categoría son sólo una porción menor de quienes perdieron este beneficio en los últimos años, por la no actualización de los topes salariales.

Conviene, a esta altura, reparar en los importes que van de 340 a 90 pesos en forma decreciente a medida que aumenta el salario. Todos, sin excepción, son una completa miseria, cuando la Universidad Católica determinó -a través de su departamento social- en 1.400 pesos, al mes de junio, el importe de la manutención digna de un hijo.

El régimen de asignaciones familiares comprende, además, los importes por nacimiento, matrimonio o escolaridad los que se mantienen congelados. Si la escolaridad se hubiera actualizado por inflación real desde 2001 a la fecha, pasaría a 800 pesos. Los demás importes tienen la misma desvalorización.

El sistema, sostenido por aportes patronales ligados al salario de cada trabajador en blanco, está dando un superávit de 2.000 millones de pesos anuales, el cual se incrementará este año.

Buena parte de ese dinero es usado para solventar la Asignación Universal por Hijo (AUH), que tuvo un 25,9% de aumento equiparada a la categoría más baja de las asignaciones familiares. Así, ese beneficio de los trabajadores en negro, los desocupados y las empleadas domésticas es pagado, de esta forma, mediante el desquicio del sistema de asignaciones familiares y el resto con fondos de los jubilados. Integralmente, lo banca la Anses.

Otro punto fundamental es que han hecho confluir los importes máximos de salario por persona para cobrar la asignación familiar (7.000) con el mínimo no imponible. A buen entendedor, pocas palabras: no piensan mover el impuesto a las ganancias sobre los salarios -lo que constituye otra confiscación brutal sobre casi tres millones de trabajadores.

El gobierno desvía crecientemente fondos derivados de los aportes de los trabajadores para concretar la política del Banco Mundial: una “malla de contención” a la pobreza masiva. La AUH es financiada integralmente por otros trabajadores, mediante transferencias despóticas de fondos de la Anses y no mediante un impuesto al capital. Ello se concreta liquidando conquistas sociales pre-existentes como el 82% y las asignaciones familiares.

Se comprende porqué el kirchnerismo jamás devolvió la administración de la Anses a trabajadores y jubilados. Al igual que los 15 mil millones que sustrajo de las obras sociales (también pertenecientes a los trabajadores), dispuso de los fondos jubilatorios para financiar una asignación de miseria a la masa de desocupados e indigentes.

Se trata de una política tan regresiva que no han podido anunciarla siquiera en reunión con la CGT que crearon para que les aplauda las medidas. El movimiento obrero tiene que ponerse de pie en su conjunto para recuperar las asignaciones familiares, reclamar que sea para todos y de 700 pesos por hijo como mínimo, por la eliminación del impuesto al salario y por un salario mínimo equivalente a la canasta familiar

Nestor Pitrola  PO 20 septiembre, 2012

La salida es por la izquierda

La Presidenta dedicó su nuevo discurso a cumplir con un gran reclamo de la patronal argentina: ponerle fin a la ‘doble vía’ (resarcimiento de la ART y juicio civil) en los accidentes de trabajo.

Ahora, para acceder al pago de la ART habrá que renunciar a la vía judicial.

Es la extorsión que venía reclamando largamente la Unión Industrial.

¿Serán éstas las medidas con las que el gobierno quiere convocarnos a luchar “contra las corporaciones”?

Este ataque a los derechos obreros es la primera medida del gobierno después de los cacerolazos.
El gobierno responsabilizó de las movilizaciones del jueves a los Macri, De Narváez o Clarín.

Pero respondió a las cacerolas cumpliendo con una de las exigencias más preciadas para todos ellos.

No es una excepción por parte de un gobierno que mantiene a rajatabla el impuesto al salario.

Y que paga jubilaciones que no llegan a la tercera parte de la canasta familiar.

A costa de los que trabajan, quieren salvar una política fracasada: la que rescató durante nueve años a los privatizadores, por un lado, y a los especuladores de la deuda externa, por el otro.

El sostenimiento de este gobierno “para que no avance la derecha” sólo es otra forma de llevarnos a la victoria de la derecha.

Los cacerolazos fueron otro episodio de las múltiples manifestaciones del descontento popular.

Pero la salida a la inflación galopante, a los impuestazos o al autoritarismo político no la van a dar los Macri o los Binner, quienes empujan por una doble confiscación al bolsillo: tarifazo más devaluación.

La bancarrota capitalista -tiene un alcance internacional- tiene otra salida.

Como lo expresan en estos días miles de estudiantes en las grandes facultades de la UBA: la salida es por la izquierda.

Luchemos por una alternativa propia de los trabajadores a una crisis que no resolverán los capitalistas y sus políticos.

 

Publicado en Prensa Obrera 1040 20 septiembre, 2012

El cacerolazo ‘inspira’ a Micheli y Moyano

Cuando el ruido de las cacerolas aún seguía sonando, Micheli y Moyano decidieron coordinar una medida de acción, hasta ahora esquiva. Moyano prometió 25 mil camioneros para una manifestación que Micheli conjuga con un paro de ATE. Como los paros de ATE nunca pararon el funcionamiento del Estado, tendremos una movilización aislada sin continuidad. Micheli pretende, además, la compañía de un sector del capital sojero, representado por la Federación Agraria que encabeza Buzzi -que sigue en la Mesa de Enlace. Como Moyano aplaudió el cacerolazo del jueves pasado, todo indica que, con Micheli, se busca incitar a un frente político que integren Lavagna, Duhalde y, ¿por qué no? Scioli, Massa y hasta el propio Macri. Como los ‘líderes políticos’ no tienen ‘piné’ para ponerse al frente de nada, de la tarea sustitutiva se encarga un sector de la clase media y uno de la burocracia sindical. A diferencia de la movilización de junio contra el impuesto al salario, a esta nueva movida no se le conocen reivindicaciones, pero seguramente aparecerán algunas.

Es muy claro que esto no forma parte de un plan de lucha para imponer un cuerpo de reivindicaciones y menos aún un puntapié para la discusión de una salida de los trabajadores a la crisis. Pero también es cierto que la crisis política, la bronca de los trabajadores por la inflación, por ganancias y asignaciones, junto al proceso de luchas parciales en estatales y docentes, los paros ferroviarios frente al derrumbe de los trenes, la tensión en el subte, la lucha contra las cesantías en la universidad, por mencionar algunos ejemplos, tenderán a transformar la jornada del 11 de octubre en un canal de esas reivindicaciones.

Lo que también es cierto es que la CGT Balcarce nace muerta, envuelta en una profunda crisis interna.

Llamamos, en primer lugar, a discutir políticamente y, en función de esto, rechazar en forma explícita cualquier alianza de las organizaciones obreras con las patronales, sean corporativas o partidos políticos. En los debates explicitaremos la reivindicación de la independencia política clasista del movimiento obrero. Sería un retroceso para el movimiento clasista sumarse en forma pasiva a la burocracia sindical que flirtea con la patronal opositora, pues quedará absorbido por el seguidismo a la burguesía y sus partidos.

Sobre la base de un reagrupamiento que reivindique la independencia de clase, proponemos : un salario mínimo igual a la canasta familiar, el 82% móvil, 700 pesos por hijo de salario familiar, anulación del impuesto al salario. A la luz del reagrupamiento de fuerzas que seamos capaces de producir en esta campaña de discusiones, debatiremos la modalidad de participación en esa jornada que mejor se ajuste al desarrollo de un movimiento clasista e independiente.

Por la aparición con vida de Julio López

El 18 de septiembre, a las 17:30 horas, marchamos de Congreso a Plaza de Mayo

 

A Jorge Julio López lo desaparecieron dos veces. La primera, durante la dictadura militar en 1976. López era, en ese entonces, un albañil de La Plata y militante peronista.

Sobreviviente del Circuito Camps, fue liberado en el ’79. Fue querellante y testigo en el juicio de la verdad que se desarrolló en la ciudad de La Plata. Con sus desgarradoras declaraciones, que daban cuenta de torturas y asesinatos, quedaron involucrados gran cantidad de represores. La lista no se agota en Ramón Camps y Miguel Osvaldo Etchecolatz.

La segunda desaparición forzada fue el 18 de septiembre de 2006. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, a pocos días de la sentencia que condenaría -gracias a su declaración- al genocida Etchecolatz.

Las mismas fuerzas represivas que se- cuestraron y torturaron a López durante la dictadura en esta democracia lo desapare- cieron.

Desde el gobierno permanecen inmutables y el silencio parece ser la única directiva, lo que se traduce simplemente en garan- tizar que la policía se mantendrá libre de sospechas. Jamás se investigó durante estos años a la Bonaerense. El silencio encubridor de la desaparición posibilitó que asesinaran a Silvia Suppo, así como también los secuestros de Gerez, Puthod y Martínez, además de las amenazas sufridas por una enorme cantidad de testigos de las causas contra los represores.

Scioli no hizo más que meros circos mediáticos con el tema, pero no tomó, en su calidad de jefe de la policía Bonaerense ninguna medida que posibilitara una investigación precisa que diera con López.

El gobierno nacional, por su parte, sólo calla.

Durante los seis años que lleva desaparecido López, se cargaron las tintas sobre sus compañeros y, sistemáticamente, se produjeron dilaciones y, el empantanamiento de la investigación como méto- do de encubrimiento.

A seis años sin Julio López, exigimos al gobierno: basta de silencio, encubrimiento e impunidad. Aparición con vida ya de Jorge Julio López. Juicio y castigo a los responsables. Basta de persecución y asesinato de luchadores populares.

Judiciales Nación: defienden símbolos de la dictadura en los juzgados y persiguen al sindicato

Asambleas y plan de lucha por la reinstalación del delegado Facundo Miño

 

Se abrió un conflicto en la justicia penal, a raíz de la solicitud de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) para que se bajen cuadros y recordatorios de jueces de la dictadura, particularmente el juez Quiroga, y que en su lugar se coloque un recordatorio del defensor oficial desaparecido en la última dictadura, Guillermo Díaz Lestrem.

 

El 3 de agosto pasado, la Comisión Interna del fuero penal de la UEJN solicitó a la Cámara del Crimen la remoción del cuadro homenaje al juez Quiroga en el Juzgado de Instrucción 20, cuya presencia fue advertida por el delegado Facundo Miño.

 

Quiroga, quien fue “miembro del Camarón (o Cámara Federal Antisubversiva), interrogó a los presos políticos antes de su fusilamiento en la Masacre de Trelew (…) él los interrogó mientras rechazaba los hábeas corpus de los abogados” (Página/12, 2/9).

 

Al delegado que informó al gremio, se lo persiguió con un sumario interno “por asistir como público el día que empezó el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, a pesar de que había acordado que se tomaría el día. En el gremio denuncian que mientras nombraron a otros judiciales en vacantes interinas en los últimos días, a él lo efectivizaron, pero lo mandaron a la oficina de fotocopias. Por eso anuncian la intención de presentar un amparo” (ídem).

 

La presión y la denuncia realizadas por los delegados y activistas hicieron que la Cámara del Crimen traslade al delegado a otro juzgado. Aun así, seguimos ante un acto violatorio del derecho elemental de libertad de expresión y avasallamiento de los fueros gremiales de Facundo.

 

La persecución a Facundo y la Comisión Interna no es un hecho aislado, sino que es parte de un régimen de arbitrariedades donde el reglamento y la carrera judicial son manejadas según su antojo por los camaristas y jueces contra el interés de los judiciales. Es uno de los pocos fueros que no tiene régimen de ascensos (puntajes y ranking) y de concursos, dado que todo se maneja a dedo.

 

La UEJN debe atravesar la vía del recurso de amparo para que se respete la plena vigencia de la tutela sindical en la justicia. Pero la Justicia en este caso es juez y parte. La única vía para hacer respetar realmente nuestros derechos es la acción de los trabajadores.

 

Ante este ataque de la corpo judicial a los trabajadores (y siendo la propia patronal la que debe decidir el asunto), se deben convocar asambleas en todos los edificios de la Justicia Nacional y el Ministerio Público para desarrollar un plan de lucha por la reinstalación de Facundo, el cese de toda persecución ideológica y gremial, la defensa de la carrera judicial y la eliminación de toda la simbología de la dictadura en la Justicia.

CGT oficial: con el pie izquierdo

Con ese pie empezó la CGT Balcarce aun antes de nacer. El eje de su constitución fue “la recuperación del diálogo con el gobierno”, perdido por Moyano al chocar con el kirchnerismo. Derivados de ese diálogo sobrevendrían los anuncios alrededor de algunas de las reivindicaciones más acuciantes y, en especial, las que hacen a la caja de la burocracia sindical más preciada: la de las obras sociales.

 

Pero el camino hacia el congreso oficialista del 3 de octubre se ha transformado en un calvario. La delegada presidencial en la Superintendencia de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld, reunió a Gerardo Martínez, Caló, Cavalieri y compañía para anunciar un nuevo sistema para el Fondo Solidario de Redistribución (FRS). De ese fondo, incluida la administración de prestaciones especiales (alta complejidad) fueron retenidos en el período kirchnerista la friolera de unos 15 mil millones de pesos.Pues bien. De los 15 mil millones adeudados no hubo, ni parece que habrá, definición alguna. Lo que se anunció es una promesa de cumplimiento futuro de redistribuir 2 mil millones por año, especialmente entre las obras más débiles. Se trata de una estafa a varias puntas.

 

Primero, roban la deuda. Segundo, que aun cumpliendo la promesa de redistribución anual se estarían quedando igualmente con unos mil millones anuales. Tercero, el FRS está hecho integralmente para balancear el ingreso per capita de aquellas obras de menores recursos para alcanzar el Plan Médico Obligatorio, no a las que se crea conveniente. Cuarto, el anuncio no garantiza criterio alguno de equidad y obligatoriedad frente a la arbitrariedad en los pagos de los tratamientos de alta complejidad; de tal manera que seguirá el dedo según el comportamiento sindical y político de cada gremio. Quinto, la plata no es del gobierno, ni la que se debe, ni la que prometen distribuir con tal o cual criterio: es de los trabajadores, de sus obras sociales, como consecuencia de la retención del 10% de los aportes que se hacen en los recibos de sueldo por parte de la patronal.

 

De impuesto a las ganancias sobre salarios, nada. De asignaciones familiares aniquiladas por los topes y la tablita, tampoco, aún cuando están saliendo fallos judiciales que favorecen a mamás denunciantes por discriminación, cuando pasan los 5.200 pesos y dejan de cobrar. Aunque el grupo Balcarce mostró toda su docilidad al votar un salario mínimo muy por debajo de la línea de pobreza, no recibe compensaciones por ello.

 

En este contexto, se realizó un confederal que no tuvo pena ni gloria. No estuvo presente el barrionuevismo, al que se lo invitó hasta último momento. Tampoco pudo definir quién será el próximo secretario general de la central K. La debilidad es tal que no se descarta por completo la formación de un triunvirato para integrar al barrionuevismo. Pero esto tiene más problemas que soluciones. Barrionuevo es antikirchnerista y va por la plata de las obras sociales, sobre las cuales construyó su poder sindical.

 

Caló vuelve a ser candidato a pesar de la oposición de Cristina, por descarte. En ese caso nacería una CGT que es apenas una fracción del movimiento obrero, pero que tampoco termina de ser oficialista: Caló indicó que con 6 pesos no se vive, su gremio marcó una canasta básica de 6.300 pesos y, lo más importante, puede girar junto a Techint, como lo hizo la UOM toda la vida. La nonata CGT oficial, más temprano que tarde, puede terminar en algún tipo de planteo o de choque en función de la caja y prebendas de los sectores que la componen.

 

No está resultando fácil la conformación de la CGT del ajuste. Desprestigiada, disminuida, sin autoridad, policía de las luchas, compuesta por patotas en descomposición como la de Gerardo Martínez, sin política frente a la recesión y los despidos y mucho menos frente a la inflación.

 

Fuera las manos del gobierno de los sindicatos, devolución incondicional de los fondos de las obras sociales, asambleas en los sindicatos que elijan comisiones de control de esos fondos y fijen un programa de reivindicaciones y un plan de lucha para llevarlas adelante. Fuera la burocracia sindical.

 

Néstor Pitrola PO 1239 | 13 septiembre, 2012 |

Moyano y Piumato están repensando el voto...

 

Recuperamos la departamental de Mar del Plata (Balance y perspectivas)

La Lista Anaranjada ganó las elecciones departamentales de la Asociación Judicial Bonaerense . Una conformación antiburocrática y combativa se enfrentó a las dos vertientes de la burocracia que hasta hace algunos meses compartieron la conducción del gremio (provincial y departamental). Judiciales en Lucha integra la Lista Anaranjada departamental.

Nuestra lista sacó 129 votos sobre un total de 327, es decir un 40% de los votos. La “Verde” de Blasco quedó segunda, a 18 votos. Más atrás quedaron los kirchneristas de la “Azul y Blanca” con 87 votos.

 

Ambas listas jugaron un rol desmovilizador durante la gran huelga judicial. La “Azul y Blanca” boicoteó toda medida de lucha, yendo a trabajar durante los paros, porque decía que no había que luchar por la porcentualidad, sino que había que conseguir un convenio colectivo como paso previo.

 

La lista “Verde” de Blasco (CTA Michelli) bloqueó permanentemente todo ascenso de la lucha, negándose a organizar un plan de lucha progresivo, lo que provocó gran desconcierto en los compañeros y una gran desmoralización.

 

Con un planteo de independencia política respecto del gobierno y de la patronal, rompimos con una hegemonía burocrática de más de treinta años. Pudimos ganar la adhesión y simpatía de una gran cantidad de compañeros, especialmente jóvenes.

 

Nuestro desafío es poner en marcha un sindicato que ha sido vaciado. Conformar un verdadero cuerpo de delegados es tarea primordial de la actual conducción.

 

Tenemos por delante una gran cantidad de reivindicaciones, como el respeto al horario laboral, que se garantice la carrera judicial, que se nos restituya el sistema porcentual derogado durante el menemismo y que se termine con la precarización laboral que implica el sistema trucho de pasantías no rentadas.

 

Otra tarea que tenemos por delante es que los trabajadores judiciales se comprometan con el reclamo de Justicia por Mariano Ferreyra.

Por Pablo González Lopardo, vocal Comisión Directiva Departamental y Congresal AJB, compañero que milita en Judiciales en Lucha

Asingaciones para todos

Que Moyano lance un plan de lucha

Con el título “asignaciones para todos” Moyano ha lanzado, desde un acto en Neuquén, una campaña por un millón de firmas para una iniciativa popular legislativa. Desde luego, como Moyano dispone de diputados propios, no se trata de un recurso para que el proyecto de ley entre en la cámara, sino para canalizar el reclamo por esta vía. Muy poco, teniendo en cuenta que venimos de una Plaza de Mayo de 70 mil personas por esta reivindicación y por la anulación del impuesto al salario.

 

Moyano, que realizó piquetes para cambiar de encuadramiento a trabajadores que pasaron al convenio camionero con el aval del Ministerio de Trabajo, el pasaje a la oposición lo ha “parlamentarizado”. Sus movimientos políticos son inconfundibles, con Venegas y Buzzi, en el reclamo de la devaluación y hasta de la quita de las retenciones al capital agrario. O en sus reuniones con los radicales, o con el ex duhaldista -y ahora macrista- Cariglino. Los nexos de Moyano con Macri parecen llegar tan lejos que han producido ruido hasta en el gabinete macrista: el ingreso de Covelia en la capital en los próximos años sería una de las perlas de esa negociación.La iniciativa recuerda, y mucho, a la juntada de firmas de la CTA en tiempos previos al Argentinazo, una experiencia distraccionista en vísperas de la rebelión popular.

El movimiento obrero está brindando señales claras de su rumbo frente al ajuste,del que forma parte la aniquilación de las asignaciones familiares. La masiva huelga y movilización de los estatales cordobeses, la gran huelga azucarera en El Tabacal de Salta; en esa misma provincia, la huelga general de ocho semanas de los eléctricos de Trasnoa; las huelgas docentes en Capital, Santa Cruz, Mendoza y, en su momento, junto a los estatales de la provincia de Buenos Aires, contra el aguinaldo en cuotas.

 

Sin embargo, la CGT no juega en ellas ningún papel, parece estar más cerca de De la Sota que de sus estatales en huelga, más cerca de Scioli que de los suyos y más cerca de Macri que de los maestros que defienden la educación pública. Frente a la represión a los azucareros por parte del gobernador semikirchnerista o de los compañeros del Argentina Trabaja en Panamericana, Moyano no abrió la boca.

 

En resumen, Moyano está poniendo la CGT al servicio de la burguesía opositora, no de la clase obrera, de sus reivindicaciones y de su lucha práctica por ellas.

 

En esa compresión y denunciando esta política, juntaremos firmas en todos los gremios por la justa reivindicación de la eliminación de todo tope en las asignaciones familiares. Pero exigiendo un plan de lucha por ello y por la elevación de su monto a 700 pesos para todos los hijos de los trabajadores.

¿SE PARTE TAMBIEN LA AJB? (Balance electoral)

La Verde de Blasco (Micheli) y la Azul y Blanca de Pérez Guillén (Yasky) se autoproclaman ganadoras en las elecciones judiciales

¿SE PARTE TAMBIEN LA AJB?

Extraordinaria elección de la Celeste

El resultado de las elecciones de la AJB del pasado 29 de agosto, según la junta electoral, arroja 2809 votos para la Verde, 2551 para  la Azul y Blanca y 2239 votos para la Celeste.

La Celeste, la lista antiburocrática en la cual militó Judiciales en Lucha, realizó una extraordinaria elección, con el 30 % de los sufragios y la conquista de las departamentales de Lomas, Morón y Quilmes, y votaciones masivas en Matanza, La Plata y Mercedes, entre otras. La oposición antiburocrática recuperó también las departamentales de Mar del Plata, donde triunfó la Lista Naranja (también integrada por Judiciales en Lucha)  con más del 40% de los votos.

Los resultados de la elección marcan a fuego un rotundo rechazo de la mayoría de los judiciales a ambas variantes de la burocracia. Esto es así porque salvo en las departamentales en las que la oposición pudo fiscalizar (en el conurbano, donde se concentra el grueso de los afiliados), en la mayoría de las departamentales del interior reinó el fraude del aparato, sea Verde o Azul y Blanco. Como en el caso de las fraudulentas elecciones de la CTA, los únicos resultados válidos son aquellos que han sido fiscalizados por la oposición antiburocrática.

Las denuncias cruzadas de fraude confirman el carácter burocrático de las facciones de la CTA. Recordemos que cuando estaban unidas robaron el Suteba La Plata al clasismo de la mano de Carlos Tomada.

Pérez Guillén desconoció los guarismos proclamados por la Junta Electoral, dominada por la Verde. Lo mismo hizo Yasky en las elecciones de la CTA, hace dos años, cuando otra junta electoral también dominada por el michelismo le decretó la derrota. “Nuestros cómputos nos indican que ganamos la elección por 82 votos, porque el comicio en la Departamental de Azul había sido impugnado con anterioridad al comicio por nuestra lista porque no nos quisieron habilitar los candidatos”, declaró Pérez Guillén (El Día).  

Blasco, por su lado, sostiene que  “la Junta Electoral dice que el escrutinio provisorio nos favorece por lo que vamos a asumir el 1º de octubre como corresponde. Que la otra lista haga lo que quiera” (ídem).

Ambas facciones burocráticas juegan con cartas marcadas. Blasco determina su triunfo de la mano del aparato, y Perés Guillén de la mano del gobierno, porque ahora, tras la impugnación de las elecciones realizadas por el yaskysmo, el futuro resultado electoral estará en manos de Tomada.

El kirchnerismo tendrá el raro récord de dividir otro sindicato más, lo que no se ajusta a la regimentación es destruido, la CTA, la CGT, la FUBA, los organismos de DD HH, ahora la AJB.

El destino de la AJB está en manos de la oposición antiburocrática y del activismo

La defensa de la AJB y de las propias listas y agrupaciones anitiburocráticas reside en profundizar su independencia de CFK y de los gobernadores del ajuste y de ambas facciones burocráticas. Este fue el eje central que planteó Judiciales en Lucha en la campaña electoral: “Ante las próximas elecciones  –señalamos-  se produjo la ruptura de la AJB, siguiendo la división de la CTA. La presencia de estos sectores en la dirección del sindicato sólo puede augurar nuevas derrotas y hasta la ruptura de la AJB, debilitando nuestra organización para enfrentar el ajuste en curso”.

La Lista Celeste, que se erigió como una fuerte alternativa dentro de la AJB, tiene ahora una enorme responsabilidad. Se viene un debate político en su interior, puesto que hay que caracterizar claramente la cooptación y el rupturismo del gobierno kirchnerista, algo que está en debate al interior de sus filas.

Judiciales en Lucha propone a la Agrupación Celeste y al  conjunto de la oposición realizar una inmediata reunión, con las direcciones departamentales recuperadas y representantes antiburocráticos de todos los distritos  para discutir la organización de  un gran encuentro provincial de delegados con mandato para defender a la AJB y resolver un programa y un plan de acción contra el ajuste de CFK y Scioli y por el conjunto de reivindicaciones.

Un cuadro que divide togas (nota de Página 12)

Reincorporación del Delegado Facundo Miño. Frente  a este ataque a la organización gremial de los judiciales de la justicia nacional, reclamamos a la UEJN un plan de lucha de conjunto para enfrentar este ataque a los derechos democráticos, gremiales y de organización en función de la defensa de los símbolos de la dictadura que aun hoy  gravitan en la práctica cotidiana de los Jueces para con el derecho y las relaciones de trabajo. Basta de persecusión. Que bajen el Cuadro de Quiroga!

Por Irina Hauser Página 12, 2/9/12

La Cámara del Crimen retiró una placa en homenaje al juez del “Camarón”, pero ante el pedido de sacar otro cuadro y poner un placa en recuerdo del defensor oficial asesinado durante la dictadura hubo diferencias en el tribunal. Pedirán que la Corte fije una posición.

La Corte Suprema tendrá que definir qué se debe hacer con los símbolos dictatoriales que todavía pueblan los edificios del Poder Judicial y evaluar si cabe reemplazarlos por homenajes a funcionarios de la Justicia víctimas del terrorismo de Estado. Se lo pedirá la Cámara del Crimen cuyos integrantes, pese a una larga deliberación, no lograron consensuar una postura sobre dos reclamos puntuales de la Unión de Empleados de la Justicia (UEJN): uno, que se remueva el cuadro que decora el Juzgado de Instrucción N0 20 con la cara del juez Jorge Quiroga, miembro del “Camarón” (o Cámara Federal “antisubversiva”), quien interrogó a los presos políticos antes de su fusilamiento en la Masacre de Trelew; el otro, que en el lugar donde antes había una placa en honor a Quiroga en el edificio de la Cámara se coloque otra para recordar a Guillermo Díaz Lestrem, defensor oficial secuestrado y asesinado durante la última dictadura. El alto tribunal debería ofrecer un criterio institucional.

El Camarón, también conocido como la “cámara del terror”, fue creado en 1971 durante la dictadura de Agustín Lanusse para juzgar especialmente las actividades consideradas subversivas de militantes políticos, sindicales, estudiantiles y organizaciones guerrilleras. Aunque funcionaba en Capital Federal, donde ahora está la Cámara del Crimen, tenía competencia territorial en todo el país. Hacía juicios orales y sus decisiones no se podían apelar. Durante sus investigaciones hubo numerosas denuncias de torturas. Quiroga fue el juez asignado para intervenir a raíz de la fuga de 19 presos políticos del penal de Rawson en 1972, luego trasladados a la base naval Almirante Zar. El los interrogó, mientras rechazaba los hábeas corpus presentados por sus abogados. El 22 de agosto de ese año fueron fusilados. Quiroga fue asesinado por dos jóvenes que le dispararon desde una moto el 28 de abril de 1974. El atentado fue reivindicado por el ERP-22 de Agosto.

La discusión por la presencia de su nombre rodeado de honores en tribunales empezó en mayo, cuando la UEJN, junto con familiares de las víctimas de Trelew, le pidieron a la Cámara del Crimen que retirara la placa de bronce en su homenaje, que estaba instalada en la puerta de la sede del tribunal, en Viamonte 1147. La había puesto en 1979 el dictador Jorge Rafael Videla cuando en el edificio funcionaba la Unidad 22 del Servicio Penitenciario Federal. En democracia hubo intentos fallidos por quitarla. Quien finalmente dio el paso fue el actual presidente del tribunal, Gustavo Bruzzone, el 8 de mayo último. La placa fue restituida al SPF, que la envió al Archivo Nacional de la Memoria.

La UEJN pidió que en el lugar que quedaba vacío se pusiera otra placa en memoria de Díaz Lestrem, quien fue uno de los primeros detenidos del Poder Judicial el mismo día del golpe de 1976. Había sido, además, uno de los funcionarios judiciales a quienes se asignó la tarea de desmontar y sumariar al Camarón, disuelto durante el gobierno de Héctor Cámpora. Díaz Lestrem era conocido por su irreverencia, por la defensa de derechos sociales y políticos y su afinidad con quienes ya antes de 1976 conformaban el gremio judicial. Estuvo detenido dos veces, la segunda secuestrado en la ESMA y su cadáver apareció en noviembre de 1978 en Palermo.

La idea de homenajearlo en el mismo lugar donde se había honrado a Quiroga escandalizó a algunos de los jueces más conservadores de la Cámara. Julio Lucini y Alberto Seijas le escribieron a Bruzzone: “En este lugar cumplió sus últimas tareas el Dr. Quiroga, tras haberse desempeñado en el ámbito del Poder Judicial como empleado, funcionario y finalmente magistrado. Precisamente por esta última función fue asesinado en plena vigencia de un gobierno constitucional en el año 1974 (...) Tales circunstancias por sí, a nuestro juicio son dignas de recordar (...) En función de ello, y en pos de no mantener vivos enfrentamientos propios de una etapa de nuestra historia reciente” es que aceptan devolver la placa de Quiroga al Servicio Penitenciario pero “desechan las solicitudes de sustitución”.

Mientras puertas adentro del tribunal crecía la polémica, un delegado gremial que trabaja en el Juzgado de Instrucción N0 20 descubrió que en el despacho de la jueza subrogante Elizabeth Paisan hay otro homenaje a Quiroga: una foto enmarcada como cuadro. Y hay una resolución de la Cámara del 13 de abril de 1978 que refleja la decisión premeditada de ponerlo allí, donde Quiroga trabajó. El documento, de una carilla, habla de los “merecidos ascensos” del camarista fallecido, “su acendrado sentido del deber, rectitud de conducta, consagración al cumplimiento de sus funciones” y destaca su “trato cordial y austero”. Facundo Miño, el delegado que informó sobre el cuadrito a la UEJN, fue sumariado por asistir como público el día que empezó el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra (6 de agosto último), a pesar de que había acordado que se tomaría el día. En el gremio denuncian que mientras nombraron a otros judiciales en vacantes interinas en los últimos días, a él lo efectivizaron pero lo mandaron a la oficina de fotocopias. Por eso anuncian la intención de presentar un amparo.

En la misma línea de Lucini y Seijas esgrimieron argumentos los camaristas Juan Cicciaro y Mauro Divito. El tenor de la polémica deja a la vista que aún existe resistencia a borrar las huellas de los regímenes dictatoriales en la Justicia.

La Cámara no logró acordar una postura mayoritaria sobre qué hacer con esos iconos que remiten a las persecuciones ideológicas implementadas desde el Poder Judicial ni su reemplazo por una figura emblemática de las ideas democráticas, como la de Díaz Lestrem. Habrá una acordada firmada en los próximos días, donde sólo algunos de los camaristas dejarán reflejada su postura. Pero le pedirán a la Corte Suprema que sea ella la que zanje la cuestión y la que establezca un parámetro institucional.