Se “comió” un retroactivo y el gobierno todavía no liberó las partidas.
Que se convoque a asamblea en todos los fueros
La CSJN terminó dando el 10% de aumento para toda la justicia nacional. Al finalizar Piumato su discurso, informando que solo se había conseguido un 5%, la desazón de los huelguistas no podía ser peor.
Sin embargo, la Corte terminó disponiendo en su acordada un 10%, en un “incentivo del 5% en concepto de “Mejoras al Servicio de Justicia” a partir del 1° de octubre de 2011, remunerativo y bonificable, para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación” y en concepto de aumento “es de 5% a partir del 1º de noviembre de 2011, remunerativo y bonificable, para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación.” (CIJ 20/12/11).
Es decir que la Corte, de un plumazo se quedó con el retroactivo del aumento salarial a octubre de todos los judiciales Mucha plata.
Pero además, la acordada de la Corte contempla un nuevo pedido a la “Jefatura de Gabinete de Ministerios para que proceda a modificar las partidas presupuestarias correspondientes, a fin de permitir el pago de este concepto el día 27 de diciembre del corriente año.”
Es decir, que depende otra vez en última instancia, de que el gobierno otorgue los fondos. El estado de alerta y movilización debe mantenerse La UEJN debe llamar a asambleas para considerar la situación. La Corte, trata de favorecer su reclamo de autonomía financiera para disponer ella de la caja.
La UEJN debe convocar a asambleas de verdad, no como las asambleas inexistentes que Piumato se cansó de vender para las cámaras. Debemos reforzar la lucha por el aumento, sin confundir nuestro reclamo con el de la Corte.
martes, 20 de diciembre de 2011
lunes, 19 de diciembre de 2011
miércoles, 14 de diciembre de 2011
Balance del conflicto judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante casi dos meses se desarrolló en la justicia de la CABA, una enorme lucha, que incluyó 14 jornadas de huelga, movilizaciones y asambleas diarias, por un basto pliego de reivindicaciones que planteaban el pase a planta de todos los interinos, recomposición salarial, reclamos de carrera judicial y administrativa, pase al básico de adicionales, entre otras.
Los sindicatos son la AEJBA (CTA Micheli) y la UEJN (Piumato). Estas direcciones nunca plantearon unificar un criterio de lucha, sino por el contrario, cada uno desarrollo su propia agenda de lucha (no un plan de lucha), lo que sin ninguna dudas dividió al conjunto de los trabajadores.
La justicia de CABA es de reciente formación (´98), por ello, la juventud tiene un alto componente en la masa de trabajadores. Esa juventud no solo desarrolló esta enorme lucha, sino que protagonizó en el pasado importantes luchas por el salario, lo que ha hecho que sean los mejores pagos del país.
La división impidió ganar todo lo planteado.
Cuando Aejba convocaba a paro con movilización, la UEJN convocaba a paro sin concurrencia, y así todas las formas desorganización organizada posible. La dirección de Aejba, se vio sobrepasada por la fuerza de su base, a diferencia de la UEJN que durante las últimas tres semanas suscribió una tregua con el Consejo de la Magistratura.
En ese lapso, la Aejba prosiguió las medidas de fuerza, pero no se dio una política para ganar a la base de la UEJN, que acató en gran medida la tregua de su dirección, esto no sin mencionar que varios afiliados fueron arrastrados a las asambleas de Aejba, lo cual confirmaba esta tendencia a desarrollar, señalada por Judiciales en Lucha.
El desgaste en el conjunto, le permitió a la UEJN de Piumato llegar a un acuerdo con el Consejo, que estaba previamente supeditado a los acuerdos en la legislatura entre el macrismo y el FpV. La dirección de la Aejba terminó suscribiendo el acuerdo y lo hizo refrendar en asamblea.
Se consiguió el pase a planta de una parte de los interinos y una comisión de trabajo entre los sindicatos y el Consejo para los que falta confirmar en el cargo; un bono de fin de año de $2500 aunque no la recomposición planteada; se impidió, en parte, que los funcionarios y jueces aprovechen el reclamo de los trabajares para darse un “salariazo”. Si bien todo esto es importante, la sensación de ánimo no es buena entre los activistas.
Las tareas planteadas.
El corazón de la huelga estuvo en el joven cuerpo de delegados de Aejba, que movilizó en torno suyo a grandes sectores. Fue el único organismo que planteo la necesidad de convocar asambleas generales por edificio, es decir unificar bajo un programa de lucha a todos los compañeros.
Para desarrollar esta tarea, el cuerpo de delegados debe fortalecerse. Se debe procesar un balance de esta huelga que valore los objetivos alcanzados en función de la lucha desplegada, de los objetivos pendientes y de las limitaciones que en definitiva sellaron este resultado. En función de ese debate se debe ampliar el cuerpo de delegados en una campaña de elección por juzgados y dependencias.
Llamamos a todos los compañeros de lucha a discutir este balance, y en función de él que tomemos juntos la tarea construir una agrupación clasista que pelee en cada juzgado y dependencia por todas las reivindicaciones pendientes: un programa de lucha e independencia de clase.
Los sindicatos son la AEJBA (CTA Micheli) y la UEJN (Piumato). Estas direcciones nunca plantearon unificar un criterio de lucha, sino por el contrario, cada uno desarrollo su propia agenda de lucha (no un plan de lucha), lo que sin ninguna dudas dividió al conjunto de los trabajadores.
La justicia de CABA es de reciente formación (´98), por ello, la juventud tiene un alto componente en la masa de trabajadores. Esa juventud no solo desarrolló esta enorme lucha, sino que protagonizó en el pasado importantes luchas por el salario, lo que ha hecho que sean los mejores pagos del país.
La división impidió ganar todo lo planteado.
Cuando Aejba convocaba a paro con movilización, la UEJN convocaba a paro sin concurrencia, y así todas las formas desorganización organizada posible. La dirección de Aejba, se vio sobrepasada por la fuerza de su base, a diferencia de la UEJN que durante las últimas tres semanas suscribió una tregua con el Consejo de la Magistratura.
En ese lapso, la Aejba prosiguió las medidas de fuerza, pero no se dio una política para ganar a la base de la UEJN, que acató en gran medida la tregua de su dirección, esto no sin mencionar que varios afiliados fueron arrastrados a las asambleas de Aejba, lo cual confirmaba esta tendencia a desarrollar, señalada por Judiciales en Lucha.
El desgaste en el conjunto, le permitió a la UEJN de Piumato llegar a un acuerdo con el Consejo, que estaba previamente supeditado a los acuerdos en la legislatura entre el macrismo y el FpV. La dirección de la Aejba terminó suscribiendo el acuerdo y lo hizo refrendar en asamblea.
Se consiguió el pase a planta de una parte de los interinos y una comisión de trabajo entre los sindicatos y el Consejo para los que falta confirmar en el cargo; un bono de fin de año de $2500 aunque no la recomposición planteada; se impidió, en parte, que los funcionarios y jueces aprovechen el reclamo de los trabajares para darse un “salariazo”. Si bien todo esto es importante, la sensación de ánimo no es buena entre los activistas.
Las tareas planteadas.
El corazón de la huelga estuvo en el joven cuerpo de delegados de Aejba, que movilizó en torno suyo a grandes sectores. Fue el único organismo que planteo la necesidad de convocar asambleas generales por edificio, es decir unificar bajo un programa de lucha a todos los compañeros.
Para desarrollar esta tarea, el cuerpo de delegados debe fortalecerse. Se debe procesar un balance de esta huelga que valore los objetivos alcanzados en función de la lucha desplegada, de los objetivos pendientes y de las limitaciones que en definitiva sellaron este resultado. En función de ese debate se debe ampliar el cuerpo de delegados en una campaña de elección por juzgados y dependencias.
Llamamos a todos los compañeros de lucha a discutir este balance, y en función de él que tomemos juntos la tarea construir una agrupación clasista que pelee en cada juzgado y dependencia por todas las reivindicaciones pendientes: un programa de lucha e independencia de clase.
jueves, 1 de diciembre de 2011
José Soborno
Indagarán a Pedraza por intentar coimear a los jueces de Casación
En la causa judicial que investiga el tráfico de influencias y cohecho para favorecer a los detenidos por el crimen de Mariano Ferreyra, el juez de instrucción Luis Rodríguez llamó a indagatoria a José Pedraza; al ex juez federal -y ex abogado de uno de los acusados- Octavio Aráoz de Lamadrid; al contador de la UF, Angel Stafforini; al secretario de Casación, Luis Ameghino Escobar (h) y al agente de la Secretaría de Inteligencia (SI) Juan José Riquelme. Las indagatorias fueron solicitadas por el fiscal Sandro Abraldes en mayo y tendrán lugar entre el 5 y el 16 de diciembre próximos.
La investigación apunta a determinar si existió, de parte de los acusados, la intención de tentar con coimas (entre 50 mil y 75 mil dólares) a los jueces de Casación para excarcelar a los primeros siete detenidos por el asesinato de Mariano. En el centro de las sospechas que arrojan los cruces telefónicos se encuentra José Pedraza.
Los imputados
Aráoz de Lamadrid, quien intervenía como defensor de Armando Uño y había sido secretario del juez Eduardo Riggi -uno de los camaristas-, era el nexo entre el agente de la Side Riquelme y el tribunal. El secretario Ameghino Escobar era el encargado de manipular el sorteo para que la causa recayera en la Sala III, integrada por Riggi, Mariano González Palazzo y Gustavo Mitchell. Angel Staffaroni -quien además de ser el contador de la Unión Ferroviaria, es aún vicepresidente del Belgrano Cargas- fue a quien Pedraza le requirió telefónicamente que reuniera 25.000 dólares destinados a torcer la voluntad de los jueces.
La Sala III
En el plazo de estos meses, el juez solicitó el cruce de todos los teléfonos utilizados por los camaristas, pero los resultados de esa investigación aún no fueron dados a conocer.
Entre tanto, el juez Mitchel presentó hace pocas semanas su renuncia -inmediatamente aceptada por el Poder Ejecutivo-, agobiado también por una causa que se le sigue por intermediar en la apropiación de hijos de desaparecidos durante la dictadura.
Por su parte, González Palazzo, en pleno acuerdo extraordinario con sus pares, anunció que daba un paso al costado de su subrogancia en la Cámara de Casación a raíz de lo que él considera "una persecución en su contra". El mismo día de su decisión, se retiró de Comodoro Py en ambulancia por un pico de presión.
Eduardo Riggi es el único de los tres jueces que aún persiste en su cargo como integrante de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal. Hombre del Opus Dei, fue nombrado juez en 1978 por el genocida Videla; años más tarde, Menem impulsó personalmente su nombramiento en Casación junto al fiscal Juan Martin Romero Victorica -otro acusado de haber sido intermediario en la apropiación de niños durante la dictadura.
El vínculo entre Riggi y el agente de inteligencia Riquelme no es nuevo. El "service" convertido en operador de Pedraza es un habitué de los pasillos de Comodoro Py. Diversos testimonios le atribuyen trato frecuente no sólo con Riggi, sino también con el ex camarista Alfredo Bisordi -ahora dedicado a ejercer la abogacía como defensor de represores.
Para mayores casualidades, hace unos años la misma Sala III sobreseyó a Pedraza en la causa por la estafa de los velatorios en la mutual de su gremio (Página/12, 30/5).
Los querellantes de la causa principal -la que investiga el asesinato de Mariano- también están interviniendo en esta causa "paralela", al igual que en la que investiga la participación de la Policía Federal
En la causa judicial que investiga el tráfico de influencias y cohecho para favorecer a los detenidos por el crimen de Mariano Ferreyra, el juez de instrucción Luis Rodríguez llamó a indagatoria a José Pedraza; al ex juez federal -y ex abogado de uno de los acusados- Octavio Aráoz de Lamadrid; al contador de la UF, Angel Stafforini; al secretario de Casación, Luis Ameghino Escobar (h) y al agente de la Secretaría de Inteligencia (SI) Juan José Riquelme. Las indagatorias fueron solicitadas por el fiscal Sandro Abraldes en mayo y tendrán lugar entre el 5 y el 16 de diciembre próximos.
La investigación apunta a determinar si existió, de parte de los acusados, la intención de tentar con coimas (entre 50 mil y 75 mil dólares) a los jueces de Casación para excarcelar a los primeros siete detenidos por el asesinato de Mariano. En el centro de las sospechas que arrojan los cruces telefónicos se encuentra José Pedraza.
Los imputados
Aráoz de Lamadrid, quien intervenía como defensor de Armando Uño y había sido secretario del juez Eduardo Riggi -uno de los camaristas-, era el nexo entre el agente de la Side Riquelme y el tribunal. El secretario Ameghino Escobar era el encargado de manipular el sorteo para que la causa recayera en la Sala III, integrada por Riggi, Mariano González Palazzo y Gustavo Mitchell. Angel Staffaroni -quien además de ser el contador de la Unión Ferroviaria, es aún vicepresidente del Belgrano Cargas- fue a quien Pedraza le requirió telefónicamente que reuniera 25.000 dólares destinados a torcer la voluntad de los jueces.
La Sala III
En el plazo de estos meses, el juez solicitó el cruce de todos los teléfonos utilizados por los camaristas, pero los resultados de esa investigación aún no fueron dados a conocer.
Entre tanto, el juez Mitchel presentó hace pocas semanas su renuncia -inmediatamente aceptada por el Poder Ejecutivo-, agobiado también por una causa que se le sigue por intermediar en la apropiación de hijos de desaparecidos durante la dictadura.
Por su parte, González Palazzo, en pleno acuerdo extraordinario con sus pares, anunció que daba un paso al costado de su subrogancia en la Cámara de Casación a raíz de lo que él considera "una persecución en su contra". El mismo día de su decisión, se retiró de Comodoro Py en ambulancia por un pico de presión.
Eduardo Riggi es el único de los tres jueces que aún persiste en su cargo como integrante de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal. Hombre del Opus Dei, fue nombrado juez en 1978 por el genocida Videla; años más tarde, Menem impulsó personalmente su nombramiento en Casación junto al fiscal Juan Martin Romero Victorica -otro acusado de haber sido intermediario en la apropiación de niños durante la dictadura.
El vínculo entre Riggi y el agente de inteligencia Riquelme no es nuevo. El "service" convertido en operador de Pedraza es un habitué de los pasillos de Comodoro Py. Diversos testimonios le atribuyen trato frecuente no sólo con Riggi, sino también con el ex camarista Alfredo Bisordi -ahora dedicado a ejercer la abogacía como defensor de represores.
Para mayores casualidades, hace unos años la misma Sala III sobreseyó a Pedraza en la causa por la estafa de los velatorios en la mutual de su gremio (Página/12, 30/5).
Los querellantes de la causa principal -la que investiga el asesinato de Mariano- también están interviniendo en esta causa "paralela", al igual que en la que investiga la participación de la Policía Federal
miércoles, 30 de noviembre de 2011
La burocracia, la represión y el gobierno "de los derechos humanos"
Nuevamente, chicanas mediante, se suspendió el juicio contra Hugo Moyano por injurias y calumnias cometidas por él en el caso que lo involucra con la Triple A. Ese proceso está a punto de prescribir.Cuando, hace unos años, Prensa Obrera y unos pocos medios más se refirieron a investigaciones que probaban documentalmente el vínculo personal y directo del general Juan Perón con la fundación, organización y control operacional de la Triple A, la burocracia sindical empapeló la ciudad con afiches que decían, amenazantes: "No jodan con Perón".
El verdadero mensaje de aquellos afiches exigía una segunda lectura. En verdad, a los burócratas poco les importaba ni les importa Perón, a quien traicionaron cuantas veces les fue posible. Lo que ellos querían decir con esa amenaza era "no jodan con la burocracia", porque una investigación a fondo sobre los crímenes de esos años llevaría detrás de las rejas a buena parte de ellos.
De Gerardo Martínez se ha sabido, como es público, que fue agente del Batallón 601 de Inteligencia durante la dictadura y que está involucrado en la entrega de 105 trabajadores de la construcción a los grupos de tareas, para que los masticaran en los campos de concentración.
Después de conocerse ese pasado del capo de la Uocra, Cristina Fernández lo llevó con ella a Cannes, a la reunión del G-20, y las fotos que se sacó con él en esa ocasión fueron distribuidas por la presidencia. No se trató de un error ni de una tontería en una mujer que se equivoca poco y de tonta no tiene nada: eso fue un mensaje político de respaldo explícito a quien mantiene como su favorito para relevar a Hugo Moyano al frente de la CGT. La "profundización del modelo" implica mayores tarifas y menores salarios. Por lo tanto, necesita el respaldo de una burocracia obsecuente. De ahí la franela con el buchón del 601 y la persecución política y judicial a los sindicalistas combativos e incluso a burócratas díscolos.
Moyano y la Triple A
A pesar de los tironeos y las peleas con Moyano, el jefe camionero está a punto de eludir, mediante chicanas diversas, el proceso que se le sigue por injurias cometidas por él contra Carlos Petroni, uno de quienes lo denunciaron por su pasado en la Triple A.El gobierno y el Poder Judicial son cómplices en ese intento, dado que la causa está por prescribir.
Moyano, según se ha probado, le pagó a un familiar de Petroni para que firmara solicitadas falsas que desmentían la denuncia, lo cual no dejaba de ser una confesión. Moyano, en aquellos tiempos, militaba en la Juventud Sindical de Mar del Plata. La JS adhería a la Juventud Peronista de la República Argentina (la JPRA, o "Jotaperra", como se la conocía entonces), dirigida por Julio Yessi, un ladero de José López Rega. En Mar del Plata, la JS estaba vinculada directamente con un grupo fascista de choque, autor de numerosos crímenes: Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), conducida por Carlos Ernesto Castillo, (a) "El Indio" -luego represor al servicio de los militares.
En medio de su puja con Moyano, el gobierno mantiene sobre el jefe camionero la amenaza de mandarlo a la cárcel por el caso de los medicamentos, por el cual ya metió en prisión a Juan José Zanola. Pero necesita salvarlo de los cargos referidos a la Triple A, porque en ese punto -el de la represión dictatorial- caen en la volteada varios de los amigos del oficialismo, como Martínez.
He ahí el gobierno "de los derechos humanos".
lunes, 28 de noviembre de 2011
Tiene que triunfar la lucha de los judiciales de CABA
QUE LA UEJN LLAME A MEDIA HORA DE PARO EN SOLIDARIDAD, DISCUTAMOS ESTA PROPUESTA EN CADA OFICINA Y JUZGADO DE LA JUSTICIA NACIONAL
Los judiciales de la CABA entran ya en los 15 días de huelga por el pase a planta de todos los interinos y contratados, por la recomposición salarial y una aplicación igualitaria de la ley porcentual. Ya obtuvieron la confirmación de aproximadamente la mitad de los interinos y van por los que faltan.
Ocurre que por un lado, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad macrista se ha endurecido con el justo reclamo de los judiciales optando por la dilación, y por el otro, ha utilizado el reclamo de los trabajadores para darse un “salariazo” que oscila entre el 22% y 26% para los cargos de funcionarios jueces y consejeros, en tanto que para la inmensa masa de auxiliares y escribientes el aumento no supera el 2%.
Mientras el salario de un Consejero terminaría en los $40.500, el salario de un auxiliar no supera los $4700. Es por ello y por los interinos y contratados que quedan, que la disposición de los compañeros a dar la pelea hasta el final es total, y así se está expresando en cada asamblea y en cada medida de acción.
Los objetivos de la lucha de CABA, de ninguna manera son ajenos a las necesidades que nos urgen a los judiciales de la justicia nacional. De hecho, la UEJN como sindicato, interviene en Ciudad junto al gremio AEJBA de la Cta.
La UEJN debe llamar a una medida de paro en solidaridad, por lo menos desde las 13hs hasta la
finalización de la jornada, para que su lucha tenga más repercusión
Si ganan los judiciales de ciudad ganamos todos. Nosotros también, porque con nuestro apoyo
prepararíamos el terreno para salir a pelear por lo nuestro. Discutamos esta propuesta en cada
juzgado y oficina para darle fuerza desde las bases.
VIVA LA LUCHA DE LOS JUDICIALES DE CABA. QUE LA UEJN LLAME A ASAMBLEAS POR
EDIFICIO PARA ORGANIZAR LA MEDIDA DE SOLIDARIDAD.
Una etapa de ascenso clasista
Editorial de Prensa Obrera 1204, luego de los triunfos clasistas en AGR -Clarín, Avón entre otras
En estos días, en los gremios más diversos se han producido victorias obreras antiburocráticas, que deben ser examinadas para sacar las conclusiones.
Nos referimos a las de las gráficas Cedinsa y AGR-Clarín, la perfumista Avón, la mecánica Cables Lear y la camionera Aesa. En las cuatro primeras, la burocracia fue derrotada en elecciones para cuerpos de delegados; en la última (la camionera), se produce una destitución del cuerpo de delegados a partir de una huelga, la cual fue atacada una y otra vez por patotas sindicales del gremio (ver nota en Prensa Obrera Nº 1.203).
La elección de Cedinsa fue un ‘adelantamiento' armado por una campaña feroz de la patronal y la burocracia sindical de la Federación Gráfica, con la certeza de que obtendrían el cuerpo de delegados. No fue así: triunfó la lista antiburocrática, que reforzó sus filas con nuevos activistas.
La elección de AGR enfrentó al poderoso monopolio Clarín, después de que éste se cansara de despedir trabajadores en combinación con distintas alas de la burocracia -es decir que la lista ganadora fue garantizada por la cuarta o la quinta línea de activistas.
En Cables Lear (del Smata), con más de 700 compañeros, la burocracia se jugó con todo. Suspendió la afiliación a tres delegados independientes para sacarlos de la cancha y convocó en una semana a la elección. Se armó una lista opositora, la Celeste, que fue la ganadora.
En la perfumista Avón, con unos 500 compañeros, el sindicato impulsó la división de la interna para regimentar la planta, la que luego de una etapa de deliberación en torno al pasaje al gremio camionero (logística), optó por luchar por sus reivindicaciones en el cuadro del gremio del perfume. La nueva interna le ganó a la lista amparada por el sindicato en una proporción de 2 a 1: una victoria fulminante. En todos los casos, las burocracias sindicales forzaron procesos de elección por lista y no por secciones, para evitar, incluso, cuerpos de delegados pluralistas.
El presidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, Osvaldo Rial, declaró recientemente que "los mandos medios no responden a las cúpulas sindicales". En el último congreso de la UOM, se introdujo como segundo punto del debate "el avance de la izquierda en el gremio".
Es claro que, más allá de los trabajos sindicales de las agrupaciones clasistas en el movimiento obrero, estamos frente a un proceso político y frente a una etapa. La hemos definido, no hace mucho tiempo, como "de transición" o "nuevo comienzo". Las experiencias de cuerpos de delegados combativos (como Ecotrans, la Línea 60 y el subte, Kraft, decenas de gráficas) se extienden al conjunto del movimiento obrero como tendencia. En eso consiste la transición que caracterizó la Conferencia Sindical del Partido Obrero de noviembre de 2009, transición que tiene su origen en la impronta piquetera del movimiento obrero, los procesos de ocupación de fábricas y de luchas posteriores al Argentinazo -como la de las seis horas del subte.
La crisis del kirchnerismo en el movimiento obrero está a la vista -una desmentida fabulosa a su pretendida "victoria cultural". Lo demuestran los ataques del gobierno a las huelgas, el planteo de suspender la personería de Apta, los choques entre la Casa Rosada y Moyano. Lo que ocurre en Aerolíneas es la tumba de La Cámpora sindical. El moyanismo, que buscó canalizar al movimiento obrero durante una etapa, está apoyando el tarifazo y dejando pasar despidos y suspensiones.
Por otra parte, sectores masivos de la juventud obrera votaron al Frente de Izquierda el 23 de octubre, una referencia política nacional que impulsa su organización en los lugares de trabajo. La seguidilla de victorias clasistas impugna la tesis de los izquierdistas pícaros, quienes sostienen que el camino para una nueva dirección pasa por "cavar trincheras" con la burocracia.
La lucha por una nueva dirección del movimiento obrero está vinculada en profundidad con la bancarrota capitalista, la cual plantea tareas y luchas que superan a cualquier burocracia sindical, por más que ésta se aventure por el camino de la demagogia combativa.
NESTOR PITROLA
En estos días, en los gremios más diversos se han producido victorias obreras antiburocráticas, que deben ser examinadas para sacar las conclusiones.
Nos referimos a las de las gráficas Cedinsa y AGR-Clarín, la perfumista Avón, la mecánica Cables Lear y la camionera Aesa. En las cuatro primeras, la burocracia fue derrotada en elecciones para cuerpos de delegados; en la última (la camionera), se produce una destitución del cuerpo de delegados a partir de una huelga, la cual fue atacada una y otra vez por patotas sindicales del gremio (ver nota en Prensa Obrera Nº 1.203).
La elección de Cedinsa fue un ‘adelantamiento' armado por una campaña feroz de la patronal y la burocracia sindical de la Federación Gráfica, con la certeza de que obtendrían el cuerpo de delegados. No fue así: triunfó la lista antiburocrática, que reforzó sus filas con nuevos activistas.
La elección de AGR enfrentó al poderoso monopolio Clarín, después de que éste se cansara de despedir trabajadores en combinación con distintas alas de la burocracia -es decir que la lista ganadora fue garantizada por la cuarta o la quinta línea de activistas.
En Cables Lear (del Smata), con más de 700 compañeros, la burocracia se jugó con todo. Suspendió la afiliación a tres delegados independientes para sacarlos de la cancha y convocó en una semana a la elección. Se armó una lista opositora, la Celeste, que fue la ganadora.
En la perfumista Avón, con unos 500 compañeros, el sindicato impulsó la división de la interna para regimentar la planta, la que luego de una etapa de deliberación en torno al pasaje al gremio camionero (logística), optó por luchar por sus reivindicaciones en el cuadro del gremio del perfume. La nueva interna le ganó a la lista amparada por el sindicato en una proporción de 2 a 1: una victoria fulminante. En todos los casos, las burocracias sindicales forzaron procesos de elección por lista y no por secciones, para evitar, incluso, cuerpos de delegados pluralistas.
El presidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, Osvaldo Rial, declaró recientemente que "los mandos medios no responden a las cúpulas sindicales". En el último congreso de la UOM, se introdujo como segundo punto del debate "el avance de la izquierda en el gremio".
Es claro que, más allá de los trabajos sindicales de las agrupaciones clasistas en el movimiento obrero, estamos frente a un proceso político y frente a una etapa. La hemos definido, no hace mucho tiempo, como "de transición" o "nuevo comienzo". Las experiencias de cuerpos de delegados combativos (como Ecotrans, la Línea 60 y el subte, Kraft, decenas de gráficas) se extienden al conjunto del movimiento obrero como tendencia. En eso consiste la transición que caracterizó la Conferencia Sindical del Partido Obrero de noviembre de 2009, transición que tiene su origen en la impronta piquetera del movimiento obrero, los procesos de ocupación de fábricas y de luchas posteriores al Argentinazo -como la de las seis horas del subte.
La crisis del kirchnerismo en el movimiento obrero está a la vista -una desmentida fabulosa a su pretendida "victoria cultural". Lo demuestran los ataques del gobierno a las huelgas, el planteo de suspender la personería de Apta, los choques entre la Casa Rosada y Moyano. Lo que ocurre en Aerolíneas es la tumba de La Cámpora sindical. El moyanismo, que buscó canalizar al movimiento obrero durante una etapa, está apoyando el tarifazo y dejando pasar despidos y suspensiones.
Por otra parte, sectores masivos de la juventud obrera votaron al Frente de Izquierda el 23 de octubre, una referencia política nacional que impulsa su organización en los lugares de trabajo. La seguidilla de victorias clasistas impugna la tesis de los izquierdistas pícaros, quienes sostienen que el camino para una nueva dirección pasa por "cavar trincheras" con la burocracia.
La lucha por una nueva dirección del movimiento obrero está vinculada en profundidad con la bancarrota capitalista, la cual plantea tareas y luchas que superan a cualquier burocracia sindical, por más que ésta se aventure por el camino de la demagogia combativa.
NESTOR PITROLA
Pronunciamiento
MANDA TU FIRMA POR EL DESPROCESAMIENTO DE PITROLA Y TODOS LOS TRABAJADORES DE KRAFT/TERRABUSSI. Mandar adhesiones a judicialesenluchacapital@gmail.com, judicialesenluchaprovincia@hotmail.com
La Corte bonaerense reclama fondos a Scioli
Clarín 25/11/11 - 17:06
Le envió una carta en la que afirma que la situación financiera de la Justicia es "insostenible".
La Corte Suprema bonaerense reclamó ante el gobernador Daniel Scioli el envío de fondos para poder afrontar diferentes pagos a proveedores en rubros básicos que hacen al funcionamiento de la Justicia. Además, describió a la situación financiera como "insostenible".
En una nota firmada por su presidente Eduardo Pettigiani, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires transmitió "la preocupación por la grave situación financiera", que desde hace ya unos meses transita la Administración de Justicia de la Provincia. Y requiere "con urgencia la adopción de medidas conducentes para el inmediato envío de fondos por un monto no inferior a los 27 millones de pesos".
Ese dinero será destinado al Fondo Permanente previsto en la Ley de Administración Financiera (12 millones) y para afrontar el pago a proveedores (15 millones) de insumos indispensables para el funcionamiento de juzgados, tribunales y demás dependencias judiciales. En la nota se menciona papel, cartuchos para impresores y elementos de limpieza.
"Los proveedores ya no se presentan a cotizar en los distintos procedimientos de contratación atento a que no se han abonado sus facturas anteriores", describieron los jueces
viernes, 18 de noviembre de 2011
Vamos con la lucha de los Judiciales de CABA!
Entrada la 6ta semana de plan de lucha por el pase a planta de todos los interinos y contratados; por la recomposicion salarial y la porcentualidad y un amplísimo pliego de reclamos, creemos que es necesario que todos los judiciales del país y sus sindicatos apoyemos esta lucha.Los sindicatos intervinientes AJB-CTA y UEJN-CGT, tienen la responsabilidad de unificar un plan de lucha conjunto. Un plan de lucha, que por el abroquelamiento del Consejo de la Magistratura no puede tener otro horizonte que el de la huelga general indefinida hasta quebrar la negativa del Consejo y de los operadores políticos macristas y kirchneristas que de conjunto cierran filas contra nuestros reclamos.
UNIDAD DESDE LAS BASES PARA GANAR!
VIVA LA LUCHA DE LOS JUDICIALES DE CIUDAD!
miércoles, 16 de noviembre de 2011
FELIZ DIA DEL JUDICIAL!!
Hoy queremos saludar a todos los compañeros que están disfrutando de un justo descanzo laboral, y hacerles saber a todos de la disposición de nuestra agrupación de salir a dar la pelea junto a todos los compañeros judiciales de provincia, ciudad y nación por la ley de paritarias para todos los judiciales del país, un salario mínimo e igualitario del valor de la canasta básica familiar hoy en $6000, el 82% móvil para todos y un único sindicato nacional de trabajadores judiciales, que sea de lucha, democático y clasista, y donde los burócratas sindicales no tengan cabida.
Sobre la última negociación salarial en Nación
Este indignante problema, es mucho más profundo de lo que parece y va mucho más allá de esta última negociación.
Lo que la Corte y la UEJN llaman “negociación salarial” no es tal, pues la Corte hace lo que quiere. ¿Está bien que los aumentos salgan unilateralmente por acordada y no por acuerdo entre partes? ¿Está bien que los aumentos sean en cuotas y no de una sola vez a comienzo de año para hacer frente mejor a la inflación?
La Corte se aprovecha deslealmente de no tener un marco regulatorio para discutir en paritarias. A la “renovada” Suprema Corte no le salta ningún `purito´ por este anacrónico desconocimiento social e institucional con los judiciales.
La ley de paritarias y el lobbye de la `corpo´ judicial.
En 2009, justo antes del recambio parlamentario desfavorable para el gobierno, se votó por unanimidad en Diputados la media sanción de ley marco de paritarias. Fue en medio de las disputas entre el gobierno y el otrora “partido de los jueces”..
Al día de hoy mucha agua pasó bajo el puente. Por ejemplo, la `corpo judicial´ y el Gobierno finalmente llegaron a un entendimiento, que entre muchas cosas incluía el cajoneo en Senadores de la ley. Por su parte, la cúpula de la CGT pasó del acto en la cancha de River a una profunda crisis con el gobierno.
El lobbye de la `corpo judicial´ tuvo una eficacia total pues sumó al oficialismo y también el apoyo (inclaudicable y apasionado) de la oposición derechista.
Si a tooodo esto, le sumamos que la dirección UEJN también tiene un `entendimiento´ con el Gobierno, nos da como resultado que en un mes se pierde el estado parlamentario de la Ley Marco.
Seamos claros, Piumato dejó de lado la ley de paritarias, el 82% móvil para todos e importantísimas reivindicaciones, a la expectativa de obtener un cargo parlamentario en el kirchnerismo. Pero la jugada no salió como se pensaba. La CGT quedó prácticamente fuera de las listas oficiales.
Piumato se quedó sin el pan y, por ahora, nos dejó a los judiciales sin la torta.
Es necesaria una UEJN independiente del gobierno y de la Corte, que promueva la lucha y la democracia sindical. Discutamos este balance y reagrupémosnos para transformar al sindicato sobre nuevas bases.
VAYAMOS POR EL 10% de AUMENTO RETROACTIVO A OCTUBRE Y LA LEY DE PARITARIAS
Vamos por la Porcentual y el Enganche (nuevo volante ajb)
El 14 de octubre la Corte Bonaerense declaró la inconstitucionalidad de los decretos de necesidad y ugencia que en su momento suspendieron la ley de enganche (ley 11.017), a través de la cual se establecía la equivalencia de las remuneraciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires con las propias de los ministros de la Corte de Justicia de la Nación y la determinación de las remuneraciones del resto de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Provincia de acuerdo a la ley de porcentualidad (ley 10.374).
El fallo plantea el restablecimiento de la vigencia de la ley de enganche y la porcentual sólo en el período comprendido entre el 1/10/1991 (fecha en que empezó a correr la suspensión) y el 27/1/1992, fecha en que se deroga la Ley 11.017. Se reconoce por lo tanto las diferencias salariales que se suscitaron en aquellos años (91/92) en el período de la suspensión, pero el fallo no hace mención alguna a la derogación del enganche y porcentualidad.
Esta sentencia declarativa de la Corte, pone de manifiesto una verdad que los judiciales nunca pusimos en duda y no necesitábamos 20 años para que una corte nos diera la razón: ¡¡Nos arrebataron un derecho y nos expropiaron los salarios todo este tiempo!!.
Se está dando un debate entre los compañeros y hubo asambleas en algunas departamentales donde el tema de la porcentual se instala como demanda, y que requiere de una discusión sobre los métodos que debemos implementar para lograrla.
Tenemos un gobierno provincial que acaba de informar que subirá el impuesto inmobiliario un 32 % a partir de enero del 2012. Pero a los terratenientes y productores de granos les cobra un tercio de lo que deberían pagar de impuestos, de acuerdo al valor actual de las haciendas. Sin embargo, Scioli acaba de enviar el presupuesto 2012 al parlamento, donde no está contemplado ningún aumento salarial para los estatales.
Los docentes van al paro porque le niega la reapertura de la paritaria para compensar el desfasaje de los salarios por la inflación que ya supera el 25 %. Quieren poner un techo al aumento salarial para el año que viene por debajo del aumento de los precios de la canasta familiar.
La política del gobierno es seguir favoreciendo a los capitalistas y negarse a los reclamos de los trabajadores. En el marco de una bancarrota capitalista mundial que ya desembarcó en nuestro país con suspensiones, despidos de contratados y procedimientos de crisis, pretenden que su crisis la paguemos los trabajadores.
Queda claro entonces que para restablecer el enganche y la porcentual los trabajadores judiciales tendremos que luchar fuerte y organizadamente. Para imponerle al gobierno nuestra Ley Porcentual debemos generar un gran debate entre el conjunto de los trabajadores judiciales.
Que en las departamentales se formen comisiones para discutir la mejor ley a presentar para que se apruebe. Que todos los borradores circulen para conocimientos de todos los compañeros.
Para ganar la porcentual y el enganche, necesitamos un amplio debate y participación, y no los típicos espacios reducidos y entre cuatro paredes de la AJB. Vayamos preparando una Asamblea general, movilizando los cuerpos de delegados para potenciarla, en donde miles de compañeros voten el reclamo y el plan de lucha para lograrlo. En este año experimentamos que con movilizaciones, cortes, tomas de edificio y paros, los trabajadores judiciales podemos arrancarle al gobierno nuestras demandas.
El fallo plantea el restablecimiento de la vigencia de la ley de enganche y la porcentual sólo en el período comprendido entre el 1/10/1991 (fecha en que empezó a correr la suspensión) y el 27/1/1992, fecha en que se deroga la Ley 11.017. Se reconoce por lo tanto las diferencias salariales que se suscitaron en aquellos años (91/92) en el período de la suspensión, pero el fallo no hace mención alguna a la derogación del enganche y porcentualidad.
Esta sentencia declarativa de la Corte, pone de manifiesto una verdad que los judiciales nunca pusimos en duda y no necesitábamos 20 años para que una corte nos diera la razón: ¡¡Nos arrebataron un derecho y nos expropiaron los salarios todo este tiempo!!.
Se está dando un debate entre los compañeros y hubo asambleas en algunas departamentales donde el tema de la porcentual se instala como demanda, y que requiere de una discusión sobre los métodos que debemos implementar para lograrla.
Tenemos un gobierno provincial que acaba de informar que subirá el impuesto inmobiliario un 32 % a partir de enero del 2012. Pero a los terratenientes y productores de granos les cobra un tercio de lo que deberían pagar de impuestos, de acuerdo al valor actual de las haciendas. Sin embargo, Scioli acaba de enviar el presupuesto 2012 al parlamento, donde no está contemplado ningún aumento salarial para los estatales.
Los docentes van al paro porque le niega la reapertura de la paritaria para compensar el desfasaje de los salarios por la inflación que ya supera el 25 %. Quieren poner un techo al aumento salarial para el año que viene por debajo del aumento de los precios de la canasta familiar.
La política del gobierno es seguir favoreciendo a los capitalistas y negarse a los reclamos de los trabajadores. En el marco de una bancarrota capitalista mundial que ya desembarcó en nuestro país con suspensiones, despidos de contratados y procedimientos de crisis, pretenden que su crisis la paguemos los trabajadores.
Queda claro entonces que para restablecer el enganche y la porcentual los trabajadores judiciales tendremos que luchar fuerte y organizadamente. Para imponerle al gobierno nuestra Ley Porcentual debemos generar un gran debate entre el conjunto de los trabajadores judiciales.
Que en las departamentales se formen comisiones para discutir la mejor ley a presentar para que se apruebe. Que todos los borradores circulen para conocimientos de todos los compañeros.
Para ganar la porcentual y el enganche, necesitamos un amplio debate y participación, y no los típicos espacios reducidos y entre cuatro paredes de la AJB. Vayamos preparando una Asamblea general, movilizando los cuerpos de delegados para potenciarla, en donde miles de compañeros voten el reclamo y el plan de lucha para lograrlo. En este año experimentamos que con movilizaciones, cortes, tomas de edificio y paros, los trabajadores judiciales podemos arrancarle al gobierno nuestras demandas.
domingo, 13 de noviembre de 2011
El 23 de noviembre, marchamos de Congreso a Plaza de Mayo
Se ha constituido una comisión contra la criminalización de la protesta social, por la libertad de Oñate, Olivera, Claros y Germanos, y por el desprocesamiento de los 5.000 luchadores obreros y populares.
El plan de movilización, acordado en una asamblea realizada en el hotel Bauen, prevé una concentración en los Tribunales de Lomas de Zamora, el 16 de noviembre, para reclamar por la libertad de Olivera, y una marcha, el 23 de noviembre, de Congreso a Plaza de Mayo.
La iniciativa partió de los delegados de la Línea 60, ferroviarios del Roca y del Sarmiento, Ecotrans, delegados del Teatro Colón, Kraft, Pepsico, hospital Garraham, del Subte, Comisión Interna de Inta Castelar, Papelera Kimberley Clark, docentes del Suteba, CTA Bahía Blanca, Lista Naranja Gráfica y dirigentes como el "Pollo" Sobrero y Néstor Pitrola.
La ofensiva criminalizadora del último mes fue caracterizada como el inicio de una escalada contra activistas y luchadores en el marco de una política de ajuste y de tarifazos, con despidos, suspensiones y aumento de precios. Las amenazas y atentados contra los delegados de la Línea 60, de parte de la patota de la UTA, se han incrementado, y se lanzó una represión contra nuestros compañeros del ferrocarril Belgrano Norte, que reclamaban por la enorme deuda de tickets.
El ejemplo de la Línea 60 es emblemático: el conflicto con la patronal Dota está en manos del Ministerio de Trabajo; sin embargo, Tomada deja actuar impunemente a las patotas de la UTA, coaligadas con los empresarios del transporte. En las causas iniciadas contra los ferroviarios siempre estuvo la Secretaría de Transporte y Anibal Fernández como Nilda Garré se erigieron en voceros de la acción represiva, mientras mandaban a la Policía Federal a practicar detenciones de tipo comando contra los trabajadores.
El 23 hay una cita de honor para todos los luchadores
El plan de movilización, acordado en una asamblea realizada en el hotel Bauen, prevé una concentración en los Tribunales de Lomas de Zamora, el 16 de noviembre, para reclamar por la libertad de Olivera, y una marcha, el 23 de noviembre, de Congreso a Plaza de Mayo.
La iniciativa partió de los delegados de la Línea 60, ferroviarios del Roca y del Sarmiento, Ecotrans, delegados del Teatro Colón, Kraft, Pepsico, hospital Garraham, del Subte, Comisión Interna de Inta Castelar, Papelera Kimberley Clark, docentes del Suteba, CTA Bahía Blanca, Lista Naranja Gráfica y dirigentes como el "Pollo" Sobrero y Néstor Pitrola.
La ofensiva criminalizadora del último mes fue caracterizada como el inicio de una escalada contra activistas y luchadores en el marco de una política de ajuste y de tarifazos, con despidos, suspensiones y aumento de precios. Las amenazas y atentados contra los delegados de la Línea 60, de parte de la patota de la UTA, se han incrementado, y se lanzó una represión contra nuestros compañeros del ferrocarril Belgrano Norte, que reclamaban por la enorme deuda de tickets.
El ejemplo de la Línea 60 es emblemático: el conflicto con la patronal Dota está en manos del Ministerio de Trabajo; sin embargo, Tomada deja actuar impunemente a las patotas de la UTA, coaligadas con los empresarios del transporte. En las causas iniciadas contra los ferroviarios siempre estuvo la Secretaría de Transporte y Anibal Fernández como Nilda Garré se erigieron en voceros de la acción represiva, mientras mandaban a la Policía Federal a practicar detenciones de tipo comando contra los trabajadores.
El 23 hay una cita de honor para todos los luchadores
sábado, 12 de noviembre de 2011
EL CAMARISTA INVESTIGADO POR PRESUNTOS BENEFICIOS A PEDRAZA
González Palazzo se va de Casación
Por Irina Hauser (SíntesisPagina 12, 12 del 11)
El camarista Mariano González Palazzo, subrogante en la Cámara de Casación Penal desde 2008, anunció ayer a regañadientes que dejaría ese cargo. Fue durante el acuerdo del tribunal, relataron testigos del encuentro, donde estaban a punto de tratar un planteo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que ponía en entredicho su permanencia, ya que se lo investiga por la trama de presuntos sobornos destinados a favorecer a José Pedraza y la patota ferroviaria acusada de asesinar a Mariano Ferreyra. Pero además, uno de los nuevos camaristas, Alejandro Slokar, había planteado un mes atrás (y estaba por debatirse) la posible ilegalidad de su designación, ya que la ley establece que las subrogancias en Casación las deben hacer los propios jueces de esa cámara. La salida de González Palazzo quedó plasmada en una resolución a la que por la noche aún le faltaban firmas.
Por Irina Hauser (SíntesisPagina 12, 12 del 11)
El camarista Mariano González Palazzo, subrogante en la Cámara de Casación Penal desde 2008, anunció ayer a regañadientes que dejaría ese cargo. Fue durante el acuerdo del tribunal, relataron testigos del encuentro, donde estaban a punto de tratar un planteo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que ponía en entredicho su permanencia, ya que se lo investiga por la trama de presuntos sobornos destinados a favorecer a José Pedraza y la patota ferroviaria acusada de asesinar a Mariano Ferreyra. Pero además, uno de los nuevos camaristas, Alejandro Slokar, había planteado un mes atrás (y estaba por debatirse) la posible ilegalidad de su designación, ya que la ley establece que las subrogancias en Casación las deben hacer los propios jueces de esa cámara. La salida de González Palazzo quedó plasmada en una resolución a la que por la noche aún le faltaban firmas.
viernes, 11 de noviembre de 2011
Denunciamos un operativo político de impunidad en la causa del crimen de Mariano Ferreyra
A través de diferentes mecanismos judiciales y políticos, se ha puesto en marcha una operación política de impunidad en favor de los responsables materiales y políticos del crimen de Mariano Ferreyra, así como las gravísimas heridas recibidas por Elsa Rodríguez y otros militantes.
Aunque el primer paso de este operativo es eximir al aparato represivo del Estado -la Policía Federal- en su responsabilidad por el crimen, su propósito final es lograr la absolución y la libertad del máximo jefe de la patota que asesinó a Mariano: José Pedraza. En la base política de esta operación están los compromisos de hierro entre el gobierno kirchnerista y la burocracia sindical.
1) El punto de partida de esta trama es la decisión de la Justicia de separar de la causa principal (la que juzga a Pedraza y a la patota) a las responsabilidades de la Policía Federal. Ello, a pesar de que todas las evidencias mostraron el trabajo premeditado y sistemático de los efectivos policiales para permitir, primero, la arremetida de la patota contra los militantes y tercerizados; después, tolerar sin intervención alguna los disparos criminales y, finalmente, su fuga y el ocultamiento de las armas empleadas. La planificada "liberación" de la zona se aprecia también en la negativa a filmar los hechos -habiendo un efectivo dispuesto para esa tarea en el lugar- y en la eliminación de las grabaciones telefónicas entre los efectivos y sus jefes que correspondían al preciso momento del crimen. Aunque estos hechos dan cuenta de la participación policial en el plan criminal por el cual es juzgado Pedraza y sus secuaces, la jueza Wilma López separó las actuaciones e inició una causa en paralelo sobre el rol de la Federal. Pero en esa causa, la fiscalía pidió caratular la actuación de estos efectivos como "abandono de persona" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público", calificación que sitúa a la acción policial en el terreno de la negligencia o la torpeza. Luego, la jueza decidió procesarlos por el delito menor, quedando en pie sólo el "abandono de persona". El círculo se completa con la asunción de los abogados de la dirección de Asuntos Jurídicos de la Federal (dependientes del Ministerio de Seguridad que encabeza Nilda Garré) como defensores de la mayoría de los policías imputados. Ni lerdos ni perezosos, apenas conocida la carátula imputada a sus defendidos, los abogados de la Federal pidieron el traslado de la causa a la justicia contravencional de la Ciudad. El traspaso a esa jurisdicción implica la imposibilidad de solicitar una condena por el delito de homicidio agravado como parte de un plan criminal.
2) La existencia de una acción sistemática en favor de la impunidad se evidencia, también, en la situación de la Cámara de Casación Penal, la que ha decidido sobre los pedidos de excarcelación en favor de Pedraza. Actualmente, se investiga la tentativa de coimas sobre varios de sus integrantes por parte de abogados y allegados al dirigente de la Unión Ferroviaria. El juez Mariano González Palazzo, investigado por ese hecho, continúa revistando como camarista subrogante y no ha sido reemplazado, a pesar de las denuncias que penden sobre él. En el interín, los abogados defensores de Pedraza y de la patota han interpuesto diferentes recursos y nulidades en la causa principal. El objetivo de estas presentaciones es retrasar el inicio del juicio oral, que está previsto para febrero. Si lograran su cometido, los defensores de Pedraza redoblarán las acciones judiciales en favor de su excarcelación, con el conocido argumento de que ha pasado un "tiempo excesivo" en prisión preventiva sin ser juzgado.
3) Aunque la causa sobre las responsabilidades policiales se desarrolla en forma independiente, su consecuencia sobre la que juzga a Pedraza y a la patota es muy clara. Si las fuerzas policiales son juzgadas por un delito menor o una negligencia y no por haber urdido una "zona liberada", se le estará restando una pieza al plan criminal contra los militantes y los tercerizados, el cual contó con el concurso necesario del aparato represivo del Estado. Al servicio de esta misma orientación está la ausencia de cualquier imputación a los responsables empresariales del asesinato de Mariano, los directivos de la Ugofe, quienes facilitaron licencias laborales a los que participaron del ataque a los tercerizados. El plan criminal que la propia jueza López identificó tuvo móviles claros: el primero de ellos, preservar el negocio de la tercerización, en beneficio de los privatizadores y de los Pedraza. Pero si la Ugofe no va al banquillo y los policías que liberaron la zona comparecen por un delito menor, se está abonando el terreno para atribuir el crimen al arrebato de un grupo de lúmpenes, o incluso, de un "enfrentamiento entre sindicalistas". De allí a la absolución del propio Pedraza, hay sólo un paso.
4) Es claro que esta trama jurídica de impunidad está respaldada por un operativo político en regla. Hay que inscribir en él a las declaraciones del burócrata Lescano, del grupo de los "gordos", calificando al jefe de la Unión Ferroviaria como "un preso político"; o a Moyano cuando, sirviéndose de la detención de Rubén Sobrero, protestó por la "discriminación que se ejerce sobre los sindicalistas". Ello, como si los responsables de la adulteración de medicamentos, la liquidación de la democracia sindical y el crimen de Mariano pudieran colocarse en el mismo campo de los delegados y luchadores que, además, son víctimas de las patoteadas de aquellos. Por otra parte, el gobierno mantiene al frente de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario a Guillermo Antonio Luna -integrante de directorio de empresas tercerizadas, hombre de la burocracia sindical de La Fraternidad y aliado de Pedraza. El trípode sobre el que reposa el régimen ferroviario que terminó con la vida de Mariano -los privatizadores, la burocracia sindical y el Estado- continúa en pie.
La conmoción popular y la lucha por el juicio y castigo a los asesinos de Mariano condujo a a la cárcel a Pedraza y a su patota, asestándole un golpe severo a toda la burocracia sindical. Pero el gobierno kirchnerista mantiene a rajatablas su alianza política con ésta, en un momento donde los "ajustes" en puerta y los techos al salario exigen la regimentación del movimiento obrero que llevan adelante los Pedraza, Moyano o Gerardo Martínez. La presidenta acaba de fotografiarse profusamente con este último en la reunión del G-20, a pesar de que está comprobada su tarea como agente de la Side en los años de la dictadura. Todos ellos esperan, agazapados, las condiciones políticas propicias para arrancar la libertad de Pedraza. La operación que aquí denunciamos se completa con la escalada de procesamientos y persecuciones a luchadores populares y dirigentes ligados a aquéllos. Quieren "contrapesar" la prisión de Pedraza procesando a sus opositores, una reedición de la teoría de los "dos demonios" que prepara, a término, la impunidad para los asesinos de Mariano.
5) Queremos advertir al conjunto del movimiento popular este operativo en curso y convocar a reforzar la movilización y la acción política para que Pedraza y sus secuaces sean juzgados y condenados a prisión perpetua; para que los policías involucrados sean juzgados por lo que les cabe: o sea, partícipes necesarios en el plan criminal; para que se procese y condene a los directivos de la Ugofe. Reclamamos también la inmediata separación de la Cámara de Casación de todos los involucrados en la tentativa de coimas, así como la de aquellos que los protegieron. Integramos esta lucha al reclamo por el desprocesamiento de los luchadores ferroviarios y de todos los luchadores populares que están siendo objeto de procesos por defender a las organizaciones obreras independientes del gobierno y de la burocracia.
Aunque el primer paso de este operativo es eximir al aparato represivo del Estado -la Policía Federal- en su responsabilidad por el crimen, su propósito final es lograr la absolución y la libertad del máximo jefe de la patota que asesinó a Mariano: José Pedraza. En la base política de esta operación están los compromisos de hierro entre el gobierno kirchnerista y la burocracia sindical.
1) El punto de partida de esta trama es la decisión de la Justicia de separar de la causa principal (la que juzga a Pedraza y a la patota) a las responsabilidades de la Policía Federal. Ello, a pesar de que todas las evidencias mostraron el trabajo premeditado y sistemático de los efectivos policiales para permitir, primero, la arremetida de la patota contra los militantes y tercerizados; después, tolerar sin intervención alguna los disparos criminales y, finalmente, su fuga y el ocultamiento de las armas empleadas. La planificada "liberación" de la zona se aprecia también en la negativa a filmar los hechos -habiendo un efectivo dispuesto para esa tarea en el lugar- y en la eliminación de las grabaciones telefónicas entre los efectivos y sus jefes que correspondían al preciso momento del crimen. Aunque estos hechos dan cuenta de la participación policial en el plan criminal por el cual es juzgado Pedraza y sus secuaces, la jueza Wilma López separó las actuaciones e inició una causa en paralelo sobre el rol de la Federal. Pero en esa causa, la fiscalía pidió caratular la actuación de estos efectivos como "abandono de persona" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público", calificación que sitúa a la acción policial en el terreno de la negligencia o la torpeza. Luego, la jueza decidió procesarlos por el delito menor, quedando en pie sólo el "abandono de persona". El círculo se completa con la asunción de los abogados de la dirección de Asuntos Jurídicos de la Federal (dependientes del Ministerio de Seguridad que encabeza Nilda Garré) como defensores de la mayoría de los policías imputados. Ni lerdos ni perezosos, apenas conocida la carátula imputada a sus defendidos, los abogados de la Federal pidieron el traslado de la causa a la justicia contravencional de la Ciudad. El traspaso a esa jurisdicción implica la imposibilidad de solicitar una condena por el delito de homicidio agravado como parte de un plan criminal.
2) La existencia de una acción sistemática en favor de la impunidad se evidencia, también, en la situación de la Cámara de Casación Penal, la que ha decidido sobre los pedidos de excarcelación en favor de Pedraza. Actualmente, se investiga la tentativa de coimas sobre varios de sus integrantes por parte de abogados y allegados al dirigente de la Unión Ferroviaria. El juez Mariano González Palazzo, investigado por ese hecho, continúa revistando como camarista subrogante y no ha sido reemplazado, a pesar de las denuncias que penden sobre él. En el interín, los abogados defensores de Pedraza y de la patota han interpuesto diferentes recursos y nulidades en la causa principal. El objetivo de estas presentaciones es retrasar el inicio del juicio oral, que está previsto para febrero. Si lograran su cometido, los defensores de Pedraza redoblarán las acciones judiciales en favor de su excarcelación, con el conocido argumento de que ha pasado un "tiempo excesivo" en prisión preventiva sin ser juzgado.
3) Aunque la causa sobre las responsabilidades policiales se desarrolla en forma independiente, su consecuencia sobre la que juzga a Pedraza y a la patota es muy clara. Si las fuerzas policiales son juzgadas por un delito menor o una negligencia y no por haber urdido una "zona liberada", se le estará restando una pieza al plan criminal contra los militantes y los tercerizados, el cual contó con el concurso necesario del aparato represivo del Estado. Al servicio de esta misma orientación está la ausencia de cualquier imputación a los responsables empresariales del asesinato de Mariano, los directivos de la Ugofe, quienes facilitaron licencias laborales a los que participaron del ataque a los tercerizados. El plan criminal que la propia jueza López identificó tuvo móviles claros: el primero de ellos, preservar el negocio de la tercerización, en beneficio de los privatizadores y de los Pedraza. Pero si la Ugofe no va al banquillo y los policías que liberaron la zona comparecen por un delito menor, se está abonando el terreno para atribuir el crimen al arrebato de un grupo de lúmpenes, o incluso, de un "enfrentamiento entre sindicalistas". De allí a la absolución del propio Pedraza, hay sólo un paso.
4) Es claro que esta trama jurídica de impunidad está respaldada por un operativo político en regla. Hay que inscribir en él a las declaraciones del burócrata Lescano, del grupo de los "gordos", calificando al jefe de la Unión Ferroviaria como "un preso político"; o a Moyano cuando, sirviéndose de la detención de Rubén Sobrero, protestó por la "discriminación que se ejerce sobre los sindicalistas". Ello, como si los responsables de la adulteración de medicamentos, la liquidación de la democracia sindical y el crimen de Mariano pudieran colocarse en el mismo campo de los delegados y luchadores que, además, son víctimas de las patoteadas de aquellos. Por otra parte, el gobierno mantiene al frente de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario a Guillermo Antonio Luna -integrante de directorio de empresas tercerizadas, hombre de la burocracia sindical de La Fraternidad y aliado de Pedraza. El trípode sobre el que reposa el régimen ferroviario que terminó con la vida de Mariano -los privatizadores, la burocracia sindical y el Estado- continúa en pie.
La conmoción popular y la lucha por el juicio y castigo a los asesinos de Mariano condujo a a la cárcel a Pedraza y a su patota, asestándole un golpe severo a toda la burocracia sindical. Pero el gobierno kirchnerista mantiene a rajatablas su alianza política con ésta, en un momento donde los "ajustes" en puerta y los techos al salario exigen la regimentación del movimiento obrero que llevan adelante los Pedraza, Moyano o Gerardo Martínez. La presidenta acaba de fotografiarse profusamente con este último en la reunión del G-20, a pesar de que está comprobada su tarea como agente de la Side en los años de la dictadura. Todos ellos esperan, agazapados, las condiciones políticas propicias para arrancar la libertad de Pedraza. La operación que aquí denunciamos se completa con la escalada de procesamientos y persecuciones a luchadores populares y dirigentes ligados a aquéllos. Quieren "contrapesar" la prisión de Pedraza procesando a sus opositores, una reedición de la teoría de los "dos demonios" que prepara, a término, la impunidad para los asesinos de Mariano.
5) Queremos advertir al conjunto del movimiento popular este operativo en curso y convocar a reforzar la movilización y la acción política para que Pedraza y sus secuaces sean juzgados y condenados a prisión perpetua; para que los policías involucrados sean juzgados por lo que les cabe: o sea, partícipes necesarios en el plan criminal; para que se procese y condene a los directivos de la Ugofe. Reclamamos también la inmediata separación de la Cámara de Casación de todos los involucrados en la tentativa de coimas, así como la de aquellos que los protegieron. Integramos esta lucha al reclamo por el desprocesamiento de los luchadores ferroviarios y de todos los luchadores populares que están siendo objeto de procesos por defender a las organizaciones obreras independientes del gobierno y de la burocracia.
jueves, 10 de noviembre de 2011
Falleció un histórico dirigente sindical y político de la clase obrera
Néstor Pitrola viajará a la provincia de Córdoba para participar de un acto homenajeA la edad de 76 años, aquejado por una severa dolencia, ha fallecido el compañero Gregorio Flores.El “Goyo” Flores representa una parte relevante la clase obrera de Córdoba y el país todo.
GREGORIO "GOYO" FLORES
Fue uno de los dirigentes del Sitrac (Sindicato de Trabajadores de Fiat Concord), entre 1970 y 1971, sufriendo un año de encarcelamiento en el penal de Rawson por su actividad sindical antiburocrática y de defensa incondicional de las reivindicaciones proletarias. Desde esta experiencia de lucha llegó a la conclusión medular de que la clase trabajadora debía conquistar su independencia política, construyendo su propio instrumento de poder, un gran partido obrero, en oposición al estado burgués y sus agentes políticos.
Esta conclusión disparó en el “Negro” Flores, como le decían sus compañeros del Sitrac, la férrea convicción de la necesidad de la lucha por la revolución socialista y el gobierno obrero, como única forma de acabar con el régimen social de la explotación del hombre por el hombre, lo que explica que años más tarde, en 1983, haya sido candidato a presidente de la nación por el Partido Obrero.
Aportó su experiencia y la de toda una vanguardia con su libro “Sitrac-Sitram, del Cordobazo al clasismo".Militante hasta el último suspiro, en sus últimos días colaboraba con la secretaria de organización de la regional Córdoba en la distribución de la Prensa Obrera.
El Goyo fue el resumen de una parte de la clase obrera consciente, sin dudas; un hombre íntegro y un auténtico revolucionario. Hoy solo decimos, con nuestro puño levantado y entonando fuerte la Internacional:
¡¡Hasta la Victoria Siempre, compañero Goyo Flores!!!
Gregorio Flores será velado hoy jueves 10 de noviembre, a partir de las 13 hs., en la Provincia de Córdoba, en el local del Partido Obrero de Catamarca 374, Barrio Centro. Sus restos serán trasladados para su cremación el día viernes 11, al cementerio “Los Alamos” camino a Colonia Tirolesa a las 13hs, Provincia de Córdoba. Néstor Pitrola, dirigente nacional del Partido Obrero, viajará a la provincia para acompañar a sus familiares y amigos y participar de un acto homenaje.
Desde Judiciales en Lucha queremos dar nuestro más sentido pésama a los familiares, amigos y compañeros de militancia.
Otra vez, Hasta siempre GOYO!
jueves, 3 de noviembre de 2011
El Congreso de la UEJN debe votar un plan de lucha por la ley de paritarias.
A ningún judicial le llama la atención que el Senado de la Nación esté votando a fin de año y en sesiones maratónicas, los pliegos necesarios para el nombramiento de jueces y funcionarios pendientes. Pareciera que el Senado está “trabajando” para compensar su habitual falta de labor parlamentario.
Los bloques capitalistas y oligárquicos (dependiendo la provincia) que operan en el Senado, trátese de oficialistas u opositores, se han plegado a la presión de la Corte para cajonear el tratamiento de la media sanción de ley marco de paritarias votada en septiembre de 2009.
La inacción de la UEJN en este punto, ha facilitado el pliego del bloque kirchnerista al reclamo de cajoneo de la Corte y la `corpo judicial´, estando ésta a punto de perder estado parlamentario en pocas semanas.
Es necesario un plan de lucha contundente para que antes de fin de año el Senado apruebe la media sanción de diputados y no convertir un paso adelante en dos atrás.
Que se muevan con la misma celeridad que con los jueces. Asambleas por edificio y plan de lucha.
JUDICIALES EN LUCHA
3/11/11
Los bloques capitalistas y oligárquicos (dependiendo la provincia) que operan en el Senado, trátese de oficialistas u opositores, se han plegado a la presión de la Corte para cajonear el tratamiento de la media sanción de ley marco de paritarias votada en septiembre de 2009.
La inacción de la UEJN en este punto, ha facilitado el pliego del bloque kirchnerista al reclamo de cajoneo de la Corte y la `corpo judicial´, estando ésta a punto de perder estado parlamentario en pocas semanas.
Es necesario un plan de lucha contundente para que antes de fin de año el Senado apruebe la media sanción de diputados y no convertir un paso adelante en dos atrás.
Que se muevan con la misma celeridad que con los jueces. Asambleas por edificio y plan de lucha.
JUDICIALES EN LUCHA
3/11/11
Nación: El manoseao de la Corte y la media sanción que se está por perder.
Sobre la última “negociación salarial”.
Vamos por el aumento y la ley de Paritarias
¿Se puede seguir tolerando que en la “negociación salarial” la Corte retenga un aumento que debió darse en septiembre hasta entrado el mes noviembre? ¿Reconocerán acaso el retroactivo a septiembre?
Este indignante problema, es mucho más profundo de lo que parece y va mucho más allá de esta última negociación.
Lo que la Corte y la UEJN llaman “negociación salarial” no es tal, pues la Corte hace lo que quiere. ¿Está bien que los aumentos salgan unilateralmente por acordada y no por acuerdo entre partes? ¿Está bien que los aumentos sean en cuotas y no de una sola vez a comienzo de año para hacer frente mejor a la inflación?
La Corte se aprovecha deslealmente de no tener un marco regulatorio para discutir en paritarias. A la “renovada” Suprema Corte no le salta ningún `purito´ por este anacrónico desconocimiento social e institucional con los judiciales.
La ley de paritarias y el lobbye de la `corpo´ judicial.
En 2009, justo antes del recambio parlamentario desfavorable para el gobierno, se votó por unanimidad en Diputados la media sanción de ley marco de paritarias. Fue en medio de las disputas entre el gobierno y el otrora “partido de los jueces”..
Al día de hoy mucha agua pasó bajo el puente. Por ejemplo, la `corpo judicial´ y el Gobierno finalmente llegaron a un entendimiento, que entre muchas cosas incluía el cajoneo en Senadores de la ley. Por su parte, la cúpula de la CGT se encuentra en una profunda crisis con el gobierno.
El lobbye de la `corpo judicial´ tuvo una eficacia total pues sumó al oficialismo y también el apoyo (inclaudicable y apasionado) de la oposición derechista.
Si a tooodo esto, le sumamos que la dirección UEJN también tiene un `entendimiento´ con el Gobierno, nos da como resultado que en un mes se pierde el estado parlamentario de la Ley Marco.
Seamos claros, Piumato dejó de lado la ley de paritarias, el 82% móvil para todos e importantísimas reivindicaciones, a la expectativa de obtener un cargo parlamentario en el kirchnerismo. Pero la jugada no salió como se pensaba. La CGT quedó prácticamente fuera de las listas oficiales.
Piumato se quedó sin el pan y, por ahora, nos dejó a los judiciales sin la torta.
Es necesaria una UEJN independiente del gobierno y de la Corte, que promueva la lucha y la democracia sindical. Discutamos este balance y reagrupémonos para transformar al sindicato sobre nuevas bases.
Vamos por el aumento y la ley de Paritarias
¿Se puede seguir tolerando que en la “negociación salarial” la Corte retenga un aumento que debió darse en septiembre hasta entrado el mes noviembre? ¿Reconocerán acaso el retroactivo a septiembre?
Este indignante problema, es mucho más profundo de lo que parece y va mucho más allá de esta última negociación.
Lo que la Corte y la UEJN llaman “negociación salarial” no es tal, pues la Corte hace lo que quiere. ¿Está bien que los aumentos salgan unilateralmente por acordada y no por acuerdo entre partes? ¿Está bien que los aumentos sean en cuotas y no de una sola vez a comienzo de año para hacer frente mejor a la inflación?
La Corte se aprovecha deslealmente de no tener un marco regulatorio para discutir en paritarias. A la “renovada” Suprema Corte no le salta ningún `purito´ por este anacrónico desconocimiento social e institucional con los judiciales.
La ley de paritarias y el lobbye de la `corpo´ judicial.
En 2009, justo antes del recambio parlamentario desfavorable para el gobierno, se votó por unanimidad en Diputados la media sanción de ley marco de paritarias. Fue en medio de las disputas entre el gobierno y el otrora “partido de los jueces”..
Al día de hoy mucha agua pasó bajo el puente. Por ejemplo, la `corpo judicial´ y el Gobierno finalmente llegaron a un entendimiento, que entre muchas cosas incluía el cajoneo en Senadores de la ley. Por su parte, la cúpula de la CGT se encuentra en una profunda crisis con el gobierno.
El lobbye de la `corpo judicial´ tuvo una eficacia total pues sumó al oficialismo y también el apoyo (inclaudicable y apasionado) de la oposición derechista.
Si a tooodo esto, le sumamos que la dirección UEJN también tiene un `entendimiento´ con el Gobierno, nos da como resultado que en un mes se pierde el estado parlamentario de la Ley Marco.
Seamos claros, Piumato dejó de lado la ley de paritarias, el 82% móvil para todos e importantísimas reivindicaciones, a la expectativa de obtener un cargo parlamentario en el kirchnerismo. Pero la jugada no salió como se pensaba. La CGT quedó prácticamente fuera de las listas oficiales.
Piumato se quedó sin el pan y, por ahora, nos dejó a los judiciales sin la torta.
Es necesaria una UEJN independiente del gobierno y de la Corte, que promueva la lucha y la democracia sindical. Discutamos este balance y reagrupémonos para transformar al sindicato sobre nuevas bases.
PARO DE LOS JUDICIALES PORTEÑOS MAÑANA
Ante el incumplimiento del Consejo de la Magistratura.
Los trabajadores exigen la confirmación de los interinatos pendientes, el pase del adicional "Incentivo al personal" al básico, el reajuste de la porcentualidad, el traslado a planta de los contratados y la carrera administrativa y técnica para las notificaciones, el mantenimiento y la informática.
A partir de las 12, asamblea interedificio en Tacuarí.
Es necesario un plan de lucha escalonado hacia la huelga general indefinida, que imponga de una vez por todas, todas nuestras reivindicaciones.
Próximamente presentaremos informes de corresponsales entrevistas destacados compañeros de lucha.
Los trabajadores exigen la confirmación de los interinatos pendientes, el pase del adicional "Incentivo al personal" al básico, el reajuste de la porcentualidad, el traslado a planta de los contratados y la carrera administrativa y técnica para las notificaciones, el mantenimiento y la informática.
A partir de las 12, asamblea interedificio en Tacuarí.
Es necesario un plan de lucha escalonado hacia la huelga general indefinida, que imponga de una vez por todas, todas nuestras reivindicaciones.
Próximamente presentaremos informes de corresponsales entrevistas destacados compañeros de lucha.
AJB: mentira gremial
¡EL FALLO NO DICE ESO!
Leemos con sorpresa en una página digital -tres líneas- que reproduce una publicación periodística de un medio de Olavarría las declaraciones del Secretario Adjunto de la AJB Departamental Azul. Allí informa sobre el fallo de la Corte de conjueces que declaró la inconstitucionalidad de la suspensión del enganche y porcentualidad y ¡afirma que el Estado deberá pagar lo adeudado en estos 20 años! No es verdad. Ese fallo sólo declaró la inconstitucionalidad de la suspensión del enganche en el período 1/10/1991- 27/1/1992, con lo cual, sólo habilita a que se reclame un ajuste de haberes de los salarios de esos meses y nada más. Por otro lado, la misma sentencia aclara que es de carácter declarativa, porque así lo planteó el gremio y también destaca que no se cuestionó la derogación de ese sistema salarial (enganche y porcentualidad). Las cosas por su nombre,
Esto es lo que dijo el dirigente de la AJB de Azul:
02-11-2011 I Infoeme - Olavarria I Provinciales I Informacion general
“El fallo obliga al Estado a devolver a los judiciales lo no pagado en un periodo de veinte años, que es mucho dinero”
Lo dijo el Secretario Adjunto de la AJB Departamental Azul, José Loza, al referirse a un reciente fallo que declaró la inconstitucionalidad de los decretos del ex gobernador Antonio Cafiero que suprimieron el “enganche salarial”.
La Asociación Judicial Bonaerense valoró un reciente fallo de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de los decretos sancionados por el ex gobernador, Antonio Cafiero, que suprimieron el enganche salarial de los ministros de la Corte provincial con sus pares nacionales.
En diálogo con infoeme.com el Secretario Adjunto de la AJB Departamental Azul, José Loza calificó la decisión como un “hecho importante” ya que “después de casi 20 años de reclamos una corte de conjueces declaró inconstitucional los decretos del gobierno de Cafiero que nos dejó sin enganche nacional a los judiciales.
Hasta ese momento, los trabajadores cobraban un porcentaje de lo que ganaba un Juez de corte nacional. Cafiero lo deroga por decreto y nosotros presentamos el reclamo en el 92 y hace un mes mas o menos resolvieron que eso era inconstitucional” destacó.
José Loza señaló que el fallo de la Corte “obliga al Estado a devolver a los trabajadores lo no pagado en ese periodo de veinte años que es mucho dinero” aunque advirtió que “este fallo no está firme, porque seguramente va a ser apelado y pasará a la Corte Suprema”.
Los trabajadores judiciales confían en que la Corte Suprema ratifique la determinación. En ese sentido, el gremialista regional recordó que “la Corte ya resolvió en un caso parecido, en Chaco, y falló a favor de los trabajadores. Por eso pensamos que va a resolver análogamente. Después habrá que ver la forma de pago, porque es mucho dinero” recalcó.
Los judiciales también insistieron en plantear la discusión para obtener recuperación de la porcentualidad salarial. El Secretario Adjunto de la AJB Departamental Azul informó que el gremio “ viene reclamando a través de un proyecto que elaboramos como sindicato y que se va a presentar ante la Suprema Corte de la Provincia y el Ejecutivo provincial para recuperar la porcentualidad salarial que implica que un trabajador tenga un porcentaje de lo que gana un Juez” explicó. La decisión sindical fue adoptada durante un congreso de la Asociación Judicial Bonaerense que se reunió en San Nicolás
Leemos con sorpresa en una página digital -tres líneas- que reproduce una publicación periodística de un medio de Olavarría las declaraciones del Secretario Adjunto de la AJB Departamental Azul. Allí informa sobre el fallo de la Corte de conjueces que declaró la inconstitucionalidad de la suspensión del enganche y porcentualidad y ¡afirma que el Estado deberá pagar lo adeudado en estos 20 años! No es verdad. Ese fallo sólo declaró la inconstitucionalidad de la suspensión del enganche en el período 1/10/1991- 27/1/1992, con lo cual, sólo habilita a que se reclame un ajuste de haberes de los salarios de esos meses y nada más. Por otro lado, la misma sentencia aclara que es de carácter declarativa, porque así lo planteó el gremio y también destaca que no se cuestionó la derogación de ese sistema salarial (enganche y porcentualidad). Las cosas por su nombre,
Esto es lo que dijo el dirigente de la AJB de Azul:
02-11-2011 I Infoeme - Olavarria I Provinciales I Informacion general
“El fallo obliga al Estado a devolver a los judiciales lo no pagado en un periodo de veinte años, que es mucho dinero”
Lo dijo el Secretario Adjunto de la AJB Departamental Azul, José Loza, al referirse a un reciente fallo que declaró la inconstitucionalidad de los decretos del ex gobernador Antonio Cafiero que suprimieron el “enganche salarial”.
La Asociación Judicial Bonaerense valoró un reciente fallo de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de los decretos sancionados por el ex gobernador, Antonio Cafiero, que suprimieron el enganche salarial de los ministros de la Corte provincial con sus pares nacionales.
En diálogo con infoeme.com el Secretario Adjunto de la AJB Departamental Azul, José Loza calificó la decisión como un “hecho importante” ya que “después de casi 20 años de reclamos una corte de conjueces declaró inconstitucional los decretos del gobierno de Cafiero que nos dejó sin enganche nacional a los judiciales.
Hasta ese momento, los trabajadores cobraban un porcentaje de lo que ganaba un Juez de corte nacional. Cafiero lo deroga por decreto y nosotros presentamos el reclamo en el 92 y hace un mes mas o menos resolvieron que eso era inconstitucional” destacó.
José Loza señaló que el fallo de la Corte “obliga al Estado a devolver a los trabajadores lo no pagado en ese periodo de veinte años que es mucho dinero” aunque advirtió que “este fallo no está firme, porque seguramente va a ser apelado y pasará a la Corte Suprema”.
Los trabajadores judiciales confían en que la Corte Suprema ratifique la determinación. En ese sentido, el gremialista regional recordó que “la Corte ya resolvió en un caso parecido, en Chaco, y falló a favor de los trabajadores. Por eso pensamos que va a resolver análogamente. Después habrá que ver la forma de pago, porque es mucho dinero” recalcó.
Los judiciales también insistieron en plantear la discusión para obtener recuperación de la porcentualidad salarial. El Secretario Adjunto de la AJB Departamental Azul informó que el gremio “ viene reclamando a través de un proyecto que elaboramos como sindicato y que se va a presentar ante la Suprema Corte de la Provincia y el Ejecutivo provincial para recuperar la porcentualidad salarial que implica que un trabajador tenga un porcentaje de lo que gana un Juez” explicó. La decisión sindical fue adoptada durante un congreso de la Asociación Judicial Bonaerense que se reunió en San Nicolás
Fallo a favor de Judiciales Bonaerenses: un paso adelante que no resuelve 20 años de expropiación
Sólo la lucha podrá devolver la porcentual y el engancheSentencia de Corte de conjueces declaró la inconstitucionalidad de la suspensión del enganche entre el 1/10/1991 y el 27/1/1992, pero no de su derogación, desde esta última fecha. Porque fue planteado en esos términos, es además un fallo meramente declarativo, sin consecuencias retributivas inmediatas. La sentencia sienta las bases para que se reclamen ajustes salariales de aquella época, durante esos meses, pero no resuelve la expropiación salarial de los últimos 20 años. Para que no hagan falta otros 20, Trabajadores Judiciales a la Acción!
Por Luz Ramallo. Trabajadora Judicial.
Azul, 29/10/2011.
En la Provincia de Buenos Aires, una Corte de conjueces falló el 14 de octubre último a favor del reclamo de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) contra la suspensión de la ley de enganche o régimen de equiparación salarial de la Justicia provincial con la de Nación, pero no de su derogación, que no fue planteada.
La Corte Bonaerense declaró la inconstitucionalidad de las normas que en su momento suspendieron la ley de enganche (ley 11.017), a través de la cual se establecía la equivalencia de las remuneraciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires con las propias de los ministros de la Corte de Justicia de la Nación y la determinación de las remuneraciones del resto de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Provincia de acuerdo a la ley de porcentualidad (ley 10.374).
Fue el gobierno de Antonio Cafiero, 20 años atrás, el que firmó los decretos de necesidad y urgencia que pusieron fin a ese régimen salarial, privando al personal judicial bonaerense de “(…) percibir sus haberes con el incremento derivado de la Acordada 56/1991 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (creó un suplemento mensual no remunerativo ni bonificable a partir del 1 de octubre de 1991), y de la equivalencia y porcentualidad que establecían los dispositivos legales cuya vigencia fue suspendida por los decretos en cuestión (…)”. Pero también fue el principio de la postergación salarial para ese sector de la administración y el inicio de una política de desigualdad que se ejecutó de allí en más en beneficio de los cortesanos y demás jueces bonaerenses, a quienes -no obstante habérselos desenganchado- se dedicaron los mayores aumentos, en desmedro del resto del personal.
Los sucesivos gobiernos de la provincia sostuvieron el embate de Cafiero contra los trabajadores judiciales –Duhalde derogó la porcentualidad- y desde entonces el sector reclama por sus salarios, depreciados a lo largo de todo este tiempo.
Pero el problema no se agota en las normas hoy declaradas inconstitucionales, porque el mismo día que se sancionaron las leyes convalidatorias de los decretos de necesidad y urgencia que suspendieron la ley de enganche, se sancionaba otra que directamente la derogaba (ley 11.197, derogatoria de la 11.017) y no está incluida en la demanda hoy resuelta por los conjueces.
El primer voto lo destaca en el fallo diciendo que “ (…)las leyes han tenido como único propósito ratificar la suspensión temporaria de la ley 11.017 decretada por el Poder Ejecutivo pues, hacia el futuro, el mismo día que disponía la ratificación legislativa, la Legislatura provincial derogaba la ley 11.017 (ley 11.197, sancionada el 19-XII-1991; B.O. 27-I- 1992)(…)”.
La demanda entablada por la AJB (febrero de 1992), contra los decretos de necesidad y urgencia (3073/91 y 3641/91) que suspendieron el sistema de equiparación salarial y las leyes que los convalidaron (11.195 y 11.196) –hoy declaradas inconstitucionales por la Corte de conjueces- no incluyó ningún cuestionamiento a esa ley derogatoria del enganche y porcentual, por lo que, el restablecimiento de su vigencia se limita al período en que su aplicación estuvo suspendida por esos decretos 3073/1991 y 3641/1991 (14/10/91 y 11/11/91) hasta su derogación definitiva (27/1/1992); es decir, el comprendido entre el 1/10/1991 (fecha en que empezó a correr la suspensión) y el 27/1/1992 (derogación).
Por otra parte, la sentencia sólo es declarativa de la inconstitucionalidad de las normas que suspendieron durante ese período el régimen de equiparación salarial, porque la demanda se promovió con ese único objetivo –acción declarativa- y así lo aclara el fallo en cuestión. El primer voto dice expresamente: “(…) En primer lugar, que el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la parte actora se dirige a los decretos 3073/1991, 3640/1991 y 3641/1991 y a las leyes 11.195 y 11.196, no mediando impugnación alguna a la ley 11.197, derogatoria del régimen previsto en la ley 11.017, lo que determina que el restablecimiento de la vigencia de ésta última norma, aconsejado a fs. 661 por la Procuradora General designada en autos, debe entenderse acotado al período en que su aplicación estuvo suspendida por los decretos 3073/1991 y 3641/1991, cuya inconstitucionalidad se declara. En segundo término, y en el caso de que mis colegas den su voto en el mismo sentido que aquí propongo, la sentencia sólo será declarativa de la inconstitucionalidad solicitada, dado que la demanda se promovió con ese único objeto (conf. fs. 223, 224 y vta., 225, 235 y vta.) (…)”.
El fallo es un paso adelante en cuanto al reconocimiento de las diferencias salariales que se suscitaron en aquellos años (91/92) en el período de la suspensión, pero no contiene ningún ataque a la derogación del enganche y porcentualidad. Para el restablecimiento de este régimen salarial, los trabajadores judiciales tendremos que luchar fuerte y organizadamente.
Pasaron 20 años para dar luz verde a un reclamo por la liquidación de salarios durante los meses de la suspensión del enganche (91/92). ¿Serán necesarios otros 20 para lograr el pago efectivo de esas diferencias con más su actualización? Tenemos un antecedente en los maestros. Después de conseguir que se declarara la inconstitucionalidad de la suspensión del premio jubilatorio, los docentes tuvieron que lidiar para que se les reconociera una liquidación actualizada al momento de su pago, porque el gobierno intentó por todos los medios abonar las diferencias a los valores de la época de la suspensión. ¿Será la batalla que sigue para la AJB?
El gremio ha recibido este fallo como la constatación de una verdad que nadie puso en duda, porque los judiciales no necesitábamos 20 años para que una corte nos dijera que teníamos razón y tendrá que ser esa conciencia la que exija que se organice y ejecute un reclamo que en todo este tiempo no se ha hecho visible en el campo de batalla.
Cuando el fallo quede firme, será el instrumento que sirva para redactar los reclamos puntuales de reliquidación salarial a quienes ya trabajábamos por aquellos años. Quizás, lo mejor de la sentencia haya sido dejar en claro esas diferencias conceptuales. Hay derechos que nos fueron arrebatados como trabajadores judiciales que sólo podremos reconquistar con acción, y con la misma fuerza con la que debemos oponernos a los ataques del socio de Cristina, el gobernador Scioli, con su política salarial.
+Delegados independientes y mandatados, elegidos en los lugares de trabajo
+Asambleas en todas las Departamentales para discutir un plan de acción
+Por la recuperación del enganche y la porcentual y la defensa del salario
+Judiciales en lucha, a la acción YA.
La Corte Bonaerense declaró la inconstitucionalidad de las normas que en su momento suspendieron la ley de enganche (ley 11.017), a través de la cual se establecía la equivalencia de las remuneraciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires con las propias de los ministros de la Corte de Justicia de la Nación y la determinación de las remuneraciones del resto de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Provincia de acuerdo a la ley de porcentualidad (ley 10.374).
Fue el gobierno de Antonio Cafiero, 20 años atrás, el que firmó los decretos de necesidad y urgencia que pusieron fin a ese régimen salarial, privando al personal judicial bonaerense de “(…) percibir sus haberes con el incremento derivado de la Acordada 56/1991 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (creó un suplemento mensual no remunerativo ni bonificable a partir del 1 de octubre de 1991), y de la equivalencia y porcentualidad que establecían los dispositivos legales cuya vigencia fue suspendida por los decretos en cuestión (…)”. Pero también fue el principio de la postergación salarial para ese sector de la administración y el inicio de una política de desigualdad que se ejecutó de allí en más en beneficio de los cortesanos y demás jueces bonaerenses, a quienes -no obstante habérselos desenganchado- se dedicaron los mayores aumentos, en desmedro del resto del personal.
Los sucesivos gobiernos de la provincia sostuvieron el embate de Cafiero contra los trabajadores judiciales –Duhalde derogó la porcentualidad- y desde entonces el sector reclama por sus salarios, depreciados a lo largo de todo este tiempo.
Pero el problema no se agota en las normas hoy declaradas inconstitucionales, porque el mismo día que se sancionaron las leyes convalidatorias de los decretos de necesidad y urgencia que suspendieron la ley de enganche, se sancionaba otra que directamente la derogaba (ley 11.197, derogatoria de la 11.017) y no está incluida en la demanda hoy resuelta por los conjueces.
El primer voto lo destaca en el fallo diciendo que “ (…)las leyes han tenido como único propósito ratificar la suspensión temporaria de la ley 11.017 decretada por el Poder Ejecutivo pues, hacia el futuro, el mismo día que disponía la ratificación legislativa, la Legislatura provincial derogaba la ley 11.017 (ley 11.197, sancionada el 19-XII-1991; B.O. 27-I- 1992)(…)”.
La demanda entablada por la AJB (febrero de 1992), contra los decretos de necesidad y urgencia (3073/91 y 3641/91) que suspendieron el sistema de equiparación salarial y las leyes que los convalidaron (11.195 y 11.196) –hoy declaradas inconstitucionales por la Corte de conjueces- no incluyó ningún cuestionamiento a esa ley derogatoria del enganche y porcentual, por lo que, el restablecimiento de su vigencia se limita al período en que su aplicación estuvo suspendida por esos decretos 3073/1991 y 3641/1991 (14/10/91 y 11/11/91) hasta su derogación definitiva (27/1/1992); es decir, el comprendido entre el 1/10/1991 (fecha en que empezó a correr la suspensión) y el 27/1/1992 (derogación).
Por otra parte, la sentencia sólo es declarativa de la inconstitucionalidad de las normas que suspendieron durante ese período el régimen de equiparación salarial, porque la demanda se promovió con ese único objetivo –acción declarativa- y así lo aclara el fallo en cuestión. El primer voto dice expresamente: “(…) En primer lugar, que el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la parte actora se dirige a los decretos 3073/1991, 3640/1991 y 3641/1991 y a las leyes 11.195 y 11.196, no mediando impugnación alguna a la ley 11.197, derogatoria del régimen previsto en la ley 11.017, lo que determina que el restablecimiento de la vigencia de ésta última norma, aconsejado a fs. 661 por la Procuradora General designada en autos, debe entenderse acotado al período en que su aplicación estuvo suspendida por los decretos 3073/1991 y 3641/1991, cuya inconstitucionalidad se declara. En segundo término, y en el caso de que mis colegas den su voto en el mismo sentido que aquí propongo, la sentencia sólo será declarativa de la inconstitucionalidad solicitada, dado que la demanda se promovió con ese único objeto (conf. fs. 223, 224 y vta., 225, 235 y vta.) (…)”.
El fallo es un paso adelante en cuanto al reconocimiento de las diferencias salariales que se suscitaron en aquellos años (91/92) en el período de la suspensión, pero no contiene ningún ataque a la derogación del enganche y porcentualidad. Para el restablecimiento de este régimen salarial, los trabajadores judiciales tendremos que luchar fuerte y organizadamente.
Pasaron 20 años para dar luz verde a un reclamo por la liquidación de salarios durante los meses de la suspensión del enganche (91/92). ¿Serán necesarios otros 20 para lograr el pago efectivo de esas diferencias con más su actualización? Tenemos un antecedente en los maestros. Después de conseguir que se declarara la inconstitucionalidad de la suspensión del premio jubilatorio, los docentes tuvieron que lidiar para que se les reconociera una liquidación actualizada al momento de su pago, porque el gobierno intentó por todos los medios abonar las diferencias a los valores de la época de la suspensión. ¿Será la batalla que sigue para la AJB?
El gremio ha recibido este fallo como la constatación de una verdad que nadie puso en duda, porque los judiciales no necesitábamos 20 años para que una corte nos dijera que teníamos razón y tendrá que ser esa conciencia la que exija que se organice y ejecute un reclamo que en todo este tiempo no se ha hecho visible en el campo de batalla.
Cuando el fallo quede firme, será el instrumento que sirva para redactar los reclamos puntuales de reliquidación salarial a quienes ya trabajábamos por aquellos años. Quizás, lo mejor de la sentencia haya sido dejar en claro esas diferencias conceptuales. Hay derechos que nos fueron arrebatados como trabajadores judiciales que sólo podremos reconquistar con acción, y con la misma fuerza con la que debemos oponernos a los ataques del socio de Cristina, el gobernador Scioli, con su política salarial.
+Delegados independientes y mandatados, elegidos en los lugares de trabajo
+Asambleas en todas las Departamentales para discutir un plan de acción
+Por la recuperación del enganche y la porcentual y la defensa del salario
+Judiciales en lucha, a la acción YA.
Doble aguinaldo y anulación del impuesto al salario
Asambleas en todos los gremios
Cuando más remachadamente cajoneado está el "paquete de leyes laborales de Recalde", Moyano usó el aniversario de la muerte de Kirchner para desempolvar el proyecto de Reparto de Ganancias. Pasó del "partido sindical" a un brote reivindicativo. Eso sí, bien parlamentario. Plaini, que se está por ir, insiste en que ni se les ocurra confrontar con la presidenta, "es sólo un proyecto de ley para cumplir la constitución". Pero el moyanismo en diciembre estará con menos diputados en medio de un bloque oficial mucho mayor.
Si la Presidenta "enfrió" el proyecto el año pasado -cuando peleaba la recomposición política del kirchnerismo sin los votos de hoy, sin la fuga de capitales, sin el evidente déficit fiscal que se instaló, ni la recesión mundial que desembarca aceleradamente- hoy, la cosa está más lejos que nunca siquiera de tratarse.
Consciente de eso, Recalde se desvive explicando las virtudes que tendría un "bonus" atado al presentismo, el cual sería una de las formas que podría adquirir el reparto del 5% del 50% de las ganancias. Porque la otra mitad de las ganancias -según el proyecto- se puede descontar por "inversiones" y el otro 5% (del famoso 10%) iría a un fondo para la asignación por hijo. Por otro lado, explica que se aplicaría a empresas de más de 300 trabajadores y que todo el régimen podría quedar en discusión para las "pymes". Es decir que venden el proyecto como un arma para aumentar la "productividad" y para acrecentar las divisiones internas en el movimiento obrero.
Pero la UIA -y el gobierno- están en otra cosa. El vicepresidente tercero de la UIA, Juan C. Sacco, aseguró que "la única que puede exigir algo es la Presidenta con su 54%, y esto está fuera de lugar, tengo plena confianza en que no lo avalará". Para la UIA, cualquier cosa de este tipo debe discutirse en paritarias "que para eso las tenemos", en lo cual han coincidido con el ministro Tomada. La discusión de los bonus por productividad y presentismo por ramas y hasta por empresas son armas para condicionar el salario a una mayor explotación. Además, al mismo tiempo que ponen en alto las paritarias, las patronales impulsan un Consejo Económico y Social para digitar, mediante el dedo presidencial, todo lo que se discuta en ellas.
Ese es el núcleo de toda la discusión con el moyanismo. El disciplinamiento del movimiento obrero al proceso futuro de tarifazos progresivos, a los aumentos pautados por debajo de la inflación y sujetos a cláusulas de productividad, así como a la vía libre a las suspensiones, cortes de contratos y despidos como consecuencia del desembarco de la crisis mundial. En función del déficit fiscal, el gobierno discute la estatización de los fondos de las obras sociales, en vez de devolver los 10 mil millones que ha retenido, de lo cual Moyano no habla.
Su hijo Pablo estuvo más picante: dijo que "da bronca trabajar para el Estado", refiriéndose al impuesto a las ganancias. Otra de las reivindicaciones más sentidas entre los sectores calificados -y no tanto, como los maestros de doble turno- del movimiento sindical. Pero todo es pirotecnia verbal en función de la crisis del moyanismo.
Las garantías parlamentarias en torno del reparto de ganancias delatan el objetivo "político" de Moyano, que es negociar un retiro digno y sin causas penales. En torno al impuesto al salario, el propio Moyano aceptó, callado la boca, la actualización ruinosa del 20% después de dos años y se volvió a tragar el sapo en ocasión del Concejo del Salario Mínimo, cuando la presidenta bajó, laudó y se acabó. Todas las reivindicaciones quedaron a la vera del camino.
La prioridad en el movimiento obrero es el reclamo del doble aguinaldo ya. La anulación del impuesto al salario. La defensa de las paritarias y la exigencia de un piso salarial equivalente a una canasta familiar para todo el movimiento obrero, condiciones para discutir cualquier variedad de reparto de ganancias, lo que requeriría una lucha consecuente para abrir los libros de las empresas. En tercer lugar, fijar una línea en todos los gremios, mediante asambleas, para que, ante la baja de la producción y eventuales reducciones horarias, se prohíban los despidos y no se toque el salario: nada de suspensiones, adelantos de vacaciones, ni cortes de contratos o cesantías.
Para esto hay que poner en pie de movilización al movimiento obrero. Abramos la deliberación en asambleas fabriles
Néstor Pitrola, publicado en prensa obrera 3/11/11
Cuando más remachadamente cajoneado está el "paquete de leyes laborales de Recalde", Moyano usó el aniversario de la muerte de Kirchner para desempolvar el proyecto de Reparto de Ganancias. Pasó del "partido sindical" a un brote reivindicativo. Eso sí, bien parlamentario. Plaini, que se está por ir, insiste en que ni se les ocurra confrontar con la presidenta, "es sólo un proyecto de ley para cumplir la constitución". Pero el moyanismo en diciembre estará con menos diputados en medio de un bloque oficial mucho mayor.
Si la Presidenta "enfrió" el proyecto el año pasado -cuando peleaba la recomposición política del kirchnerismo sin los votos de hoy, sin la fuga de capitales, sin el evidente déficit fiscal que se instaló, ni la recesión mundial que desembarca aceleradamente- hoy, la cosa está más lejos que nunca siquiera de tratarse.
Consciente de eso, Recalde se desvive explicando las virtudes que tendría un "bonus" atado al presentismo, el cual sería una de las formas que podría adquirir el reparto del 5% del 50% de las ganancias. Porque la otra mitad de las ganancias -según el proyecto- se puede descontar por "inversiones" y el otro 5% (del famoso 10%) iría a un fondo para la asignación por hijo. Por otro lado, explica que se aplicaría a empresas de más de 300 trabajadores y que todo el régimen podría quedar en discusión para las "pymes". Es decir que venden el proyecto como un arma para aumentar la "productividad" y para acrecentar las divisiones internas en el movimiento obrero.
Pero la UIA -y el gobierno- están en otra cosa. El vicepresidente tercero de la UIA, Juan C. Sacco, aseguró que "la única que puede exigir algo es la Presidenta con su 54%, y esto está fuera de lugar, tengo plena confianza en que no lo avalará". Para la UIA, cualquier cosa de este tipo debe discutirse en paritarias "que para eso las tenemos", en lo cual han coincidido con el ministro Tomada. La discusión de los bonus por productividad y presentismo por ramas y hasta por empresas son armas para condicionar el salario a una mayor explotación. Además, al mismo tiempo que ponen en alto las paritarias, las patronales impulsan un Consejo Económico y Social para digitar, mediante el dedo presidencial, todo lo que se discuta en ellas.
Ese es el núcleo de toda la discusión con el moyanismo. El disciplinamiento del movimiento obrero al proceso futuro de tarifazos progresivos, a los aumentos pautados por debajo de la inflación y sujetos a cláusulas de productividad, así como a la vía libre a las suspensiones, cortes de contratos y despidos como consecuencia del desembarco de la crisis mundial. En función del déficit fiscal, el gobierno discute la estatización de los fondos de las obras sociales, en vez de devolver los 10 mil millones que ha retenido, de lo cual Moyano no habla.
Su hijo Pablo estuvo más picante: dijo que "da bronca trabajar para el Estado", refiriéndose al impuesto a las ganancias. Otra de las reivindicaciones más sentidas entre los sectores calificados -y no tanto, como los maestros de doble turno- del movimiento sindical. Pero todo es pirotecnia verbal en función de la crisis del moyanismo.
Las garantías parlamentarias en torno del reparto de ganancias delatan el objetivo "político" de Moyano, que es negociar un retiro digno y sin causas penales. En torno al impuesto al salario, el propio Moyano aceptó, callado la boca, la actualización ruinosa del 20% después de dos años y se volvió a tragar el sapo en ocasión del Concejo del Salario Mínimo, cuando la presidenta bajó, laudó y se acabó. Todas las reivindicaciones quedaron a la vera del camino.
La prioridad en el movimiento obrero es el reclamo del doble aguinaldo ya. La anulación del impuesto al salario. La defensa de las paritarias y la exigencia de un piso salarial equivalente a una canasta familiar para todo el movimiento obrero, condiciones para discutir cualquier variedad de reparto de ganancias, lo que requeriría una lucha consecuente para abrir los libros de las empresas. En tercer lugar, fijar una línea en todos los gremios, mediante asambleas, para que, ante la baja de la producción y eventuales reducciones horarias, se prohíban los despidos y no se toque el salario: nada de suspensiones, adelantos de vacaciones, ni cortes de contratos o cesantías.
Para esto hay que poner en pie de movilización al movimiento obrero. Abramos la deliberación en asambleas fabriles
Néstor Pitrola, publicado en prensa obrera 3/11/11
viernes, 14 de octubre de 2011
REGULARIZACIÓN de los INTERINOS de los FUEROS CAyT y PCyF
Desde Judiciales en Lucha nos preguntamos... ¿Y si la UEJN nación toma este programa?
Publicado por AEJBA
"– MESA SALARIAL – ASAMBLEA INTEREDIFICIO: AEJBA va por más
Compañer@s:
gracias a la presencia de alrededor de 30 delegados de la Asociación de Empleados del PJCABA (AEJBA) en el Plenario de Consejeros celebrado ayer 11 de octubre, el Consejo de la Magistratura aprobó la primera etapa de confirmaciones en los cargos para el área jurisdiccional, resolviéndose entonces, la regularización del personal interino de los Juzgados 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, y los Juzgados 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31 y la Cámara del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas.
Aún resta regularizar tres juzgados CAyT y doce PCyF, y la situación de los compañeros con categoría jurisdiccional que prestan funciones en el área administrativa y a la inversa, cuestión esta última, que deberá ser tratada en el próximo plenario. En ese mismo orden, se fijó la nueva fecha para la mesa de discusión salarial para el día 20 de octubre, donde insistiremos con nuestros reclamos de Reajuste de la Porcentualidad para todos para alcanzar un verdadera Recomposición Salarial justa y equitativa y la Incorporación al Salario Básico del Adicional Incentivo al Personal.
Asimismo, continuamos con la necesidad de culminar el proceso de Regularización del Personal Interino del Área Jurisdiccional; como así también la conformación de la Mesa de Discusión para la Regularización del Personal Contratado bajo la modalidad de locación servicios en general, como así también los trabajadores del área de Informática, Archivo Gral. y el personal con necesidades especiales contratado en los términos de la Ley 1.502; Carrera Administrativa para Notificaciones (unificación de categorías), Informática, Mantenimiento e Intendencias; como así también la instalación de Lactarios, la implementación de los días de Licencias Médicas Especiales (Ej: estudios ginecológicos y PSA).
Durante el día de hoy, miércoles 12/10, se realizaron Asambleas en los edificios de Beruti, Av. de Mayo, Diagonal Norte y Beazley, donde se consensuó la propuesta de confluir en una Asamblea Interedificio el día Lunes a las 15hs., en el edificio de Av. Alem 684, de igual manera, se seguirán llevando a cabo en el transcurso de esta semana las Asambleas en los restantes edificios del Poder Judicial. Encontrándonos en estado de alerta, reafirmamos desde AEJBA una vez más que el camino es la organización, y que ante cada paso o decisión trascendental nos debemos la discusión de y con todos los trabajadores, ello a fin de fortalecer las decisiones y transmitir la fuerza y la convicción de las mismas."
Publicado por AEJBA
"– MESA SALARIAL – ASAMBLEA INTEREDIFICIO: AEJBA va por más
Compañer@s:
gracias a la presencia de alrededor de 30 delegados de la Asociación de Empleados del PJCABA (AEJBA) en el Plenario de Consejeros celebrado ayer 11 de octubre, el Consejo de la Magistratura aprobó la primera etapa de confirmaciones en los cargos para el área jurisdiccional, resolviéndose entonces, la regularización del personal interino de los Juzgados 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, y los Juzgados 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31 y la Cámara del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas.
Aún resta regularizar tres juzgados CAyT y doce PCyF, y la situación de los compañeros con categoría jurisdiccional que prestan funciones en el área administrativa y a la inversa, cuestión esta última, que deberá ser tratada en el próximo plenario. En ese mismo orden, se fijó la nueva fecha para la mesa de discusión salarial para el día 20 de octubre, donde insistiremos con nuestros reclamos de Reajuste de la Porcentualidad para todos para alcanzar un verdadera Recomposición Salarial justa y equitativa y la Incorporación al Salario Básico del Adicional Incentivo al Personal.
Asimismo, continuamos con la necesidad de culminar el proceso de Regularización del Personal Interino del Área Jurisdiccional; como así también la conformación de la Mesa de Discusión para la Regularización del Personal Contratado bajo la modalidad de locación servicios en general, como así también los trabajadores del área de Informática, Archivo Gral. y el personal con necesidades especiales contratado en los términos de la Ley 1.502; Carrera Administrativa para Notificaciones (unificación de categorías), Informática, Mantenimiento e Intendencias; como así también la instalación de Lactarios, la implementación de los días de Licencias Médicas Especiales (Ej: estudios ginecológicos y PSA).
Durante el día de hoy, miércoles 12/10, se realizaron Asambleas en los edificios de Beruti, Av. de Mayo, Diagonal Norte y Beazley, donde se consensuó la propuesta de confluir en una Asamblea Interedificio el día Lunes a las 15hs., en el edificio de Av. Alem 684, de igual manera, se seguirán llevando a cabo en el transcurso de esta semana las Asambleas en los restantes edificios del Poder Judicial. Encontrándonos en estado de alerta, reafirmamos desde AEJBA una vez más que el camino es la organización, y que ante cada paso o decisión trascendental nos debemos la discusión de y con todos los trabajadores, ello a fin de fortalecer las decisiones y transmitir la fuerza y la convicción de las mismas."
miércoles, 12 de octubre de 2011
Convocatoria de JenL a 1 año del asesinato de Mariano Ferreyra
20 DE OCTUBRE, A UN AÑO DEL ASESINATO DE MARIANO FERREYRA.LOS JUDICIALES NOS MOVILIZAMOS POR
Juicio y castigo a TODOS los responsables,
Pase a planta de todos los interinos y contratados
Igualdad de salarios entre Ciudad, Nación y Provincia.
Fuera la burocracia sindical de AJB y la UEJN
Este 20 de octubre se cumple un año del asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, y de las graves lesiones sufridas por la compañera Elsa Rodríguez (entre otros) a manos de la burocracia sindical ferroviaria de José Pedraza y el Gallego Fernández.
El crimen de Mariano a manos de una burocracia sindical que
se volvió ella misma empresaria, en el marco de la lucha de los trabajadores tercerizados ferroviarios, representa un crimen contra la propia clase obrera. Al día de hoy, la presión obrera y popular que suscitó el crimen, ha puesto en prisión no solo a los autores materiales, sino a los instigadores directos José Pedraza y compañía.Sin embargo, los responsables empresariales aun ni siquiera han sido imputados. Los responsables policiales han sido procesados por el delito de “abandono de persona” y no por partícipes necesarios en el encubrimiento y la liberación de la zona para la comisión del crimen. Ni que decir, que al día de hoy el gobierno nacional mantiene a la gente de Pedraza en la Secretaría de transporte ferroviario manejando jugosos subsidios.
Mariano y los judiciales: La lucha es una sola.
Mariano Ferrayra fue asesinado defendiendo los derechos de los trabajadores frente a un sistema capitalista acostumbrado a los atropellos a la clase obrera. Los salarios de hambre, la tercerización y la precariedad laboral, son las injusticias contra las que se rebeló Mariano y las injusticias con las que los judiciales de capital y provincia convivimos a diario.
La lucha de los ferroviarios y Mariano contra la burocracia sindical y la privatizada UGOFE, la damos a diario nosotros contra los tandems Piumato/Moyano y Blasco/Mendivil, aliados las Cortes y los gobiernos de turno. ¿O acaso nos van a decir que el gobierno, la CGT y el propio Piumato no tienen nada que ver con las patotas y el mismísimo Pedraza?
Para reforzar la lucha por nuestros reclamos, desde Judiciales en Lucha creemos necesario que salgamos a movilizarnos el 20 de octubre, reafirmando nuestro descontento tanto con los salarios que percibimos en la Provincia de Buenos Aires a cuenta de nuestro patrón el kirchnerista Scioli y en relación a la alta inestabilidad laboral en Ciudad y Nación con los interinatos y contratados, operando en Ciudad el incumplimiento del Consejo de la Magistratura y la desidia de la Corte y la UEJN en Nación.
Vamos por los reclamos de los judiciales.
El 20 de octubre será un polo de los miles que luchan contra todas las formas de explotación capitalista, de los que luchan por la democracia sindical y la expulsión de la burocracia que representa a los intereses de los patrones; de los miles que luchan contra la impunidad de los crímenes del poder contra el pueblo.
Los judiciales, no podemos estar ajenos y debemos entender esta movilización como un peldaño más en nuestra lucha por el pase a planta de todos los judiciales de la CABA y Nación; por reabrir la discusión salarial en provincia en función de igualar los salarios con Nación; y en función de meter en cana a los asesinos de trabajadores como Pedraza, para expulsar de la AJB y UEJN a los burócratas que entregan nuestras luchas y reemplazarlos por la plena democracia sindical.
martes, 11 de octubre de 2011
Libertad a Sobrero: se derrumbó otra provocación oficial
El 20, a Plaza de Mayo por Mariano
(Publicado en Prensa Obrera Nº1197)
Con la libertad del “Pollo” Sobrero se derrumbó otra provocación oficial contra la izquierda y el movimiento obrero independiente del Estado y de la burocracia sindical. La detención de Sobrero no fue un desvarío judicial: en toda su trama se advirtió la mano del gobierno y de su aparato de represión y espionaje contra el movimiento popular (las acusaciones de una persona en situación de calle, vulnerable, contra Sobrero, llegaron a la Justicia a través de elementos de la policía bonaerense). Aníbal Fernández fue el vocero político de la embestida judicial, sin que su accionar fuera jamás desmentido por la Presidenta o algún miembro del gabinete. El kirchnerista Tiempo Argentino desplegó esas inmundicias en su tapa del domingo. La determinación de este operativo político demuestra que tenían la intención de dejar a Sobrero en la cárcel. Si la provocación se vino abajo fue por la conmoción popular generada por las detenciones, que se manifestó frente al juzgado de San Martín y en la marcha masiva concretada horas después a Plaza de Mayo. Sólo después de esas manifestaciones, que dejaron abierta la perspectiva del paro ferroviario, Sobrero fue liberado.
Movilización por la libertad de Sobrero.
Una línea política
Que el gobierno haya cargado contra Sobrero y el activismo ferroviario no es una “torpeza” o exabrupto: revela la hostilidad cerril del kirchnerismo para con los luchadores antiburocráticos, y muy especialmente hacia los ferroviarios. Es una línea largamente “trabajada”: de un lado, eximir de la responsabilidad del vaciamiento ferroviario a los privatizadores “amigos”, y cargarle el fardo al movimiento popular. Del otro, proteger a la burocracia sindical ferroviaria -que gerencia ese mismo vaciamiento- y criminalizar a los que luchan contra ella. Fernández ya había acusado al PO y a Solanas de las quemas de trenes del año 2006, sin haber podido presentar nunca una sola prueba de ello. Cuando el PO le inició una querella por esas infamias, se declaró prófugo de las citaciones judiciales. Pero esa saña oficial se redobló después del crimen de Mariano Ferreyra. Desde el primer minuto posterior al crimen, quisieron “compensar” la responsabilidad criminal de la burocracia ferroviaria inculpando a los luchadores (“teoría de los dos demonios”). La posición oficial, expresada por Tomada, fue lamentar “los enfrentamientos”. Dos meses después, Nilda Garré debutaba como ministra de Seguridad, endilgándole al Partido Obrero los desmanes que la burocracia sindical había organizado en Constitución para desarticular la lucha de los tercerizados. La participación de elementos de la burocracia en esa provocación nunca fue investigada, pero cuatro compañeros de Causa Ferroviaria han sido procesados.
La inmensa acción popular mandó a la cárcel a Pedraza y a sus secuaces. Pero el régimen asociado a los Pedraza está empeñado en cobrarse esa cuenta a costa de quienes combaten a Pedraza y al derrumbe ferroviario.
El significado de la nueva provocación
La nueva provocación contra Sobrero se produce en un momento preciso. Por un lado, el régimen que ha rescatado a los privatizadores a costa de subsidios millonarios se ha agotado. Pero el kirchnerismo y sus opositores apuestan a salir del pantano a costa de los usuarios (tarifazos) y de una mayor presión contra los trabajadores del transporte. Este rumbo exige, naturalmente, golpear a sus luchadores antiburocráticos: la detención de Sobrero fue precedida por las patoteadas en la Línea 60 y los ataques de Cristina Kirchner a los delegados del subte.
Por otra parte, el aniversario del crimen de Mariano Ferreyra será el escenario de otra gran manifestación popular, mientras salen a la luz las corruptelas de los defensores de Pedraza para volcar a la justicia de su parte. El régimen que nunca ha expulsado a los socios de Pedraza de la gestión del ferrocarril no renuncia a sentar en el banquillo a los enemigos de los privatizadores.
El fracaso de esta nueva provocación ha dejado planteada una crisis política. Para una parte sustancial de la opinión pública obrera, popular y progresista (incluso para una parte de los kirchneristas), la provocación contra Sobrero ha sido un plato muy duro de digerir. Exijamos, con ellos, el desprocesamiento definitivo de Sobrero y de todos los luchadores ferroviarios y que se vaya el provocador Aníbal Fernández. La libertad de Sobrero refuerza la convocatoria, para este 20 de octubre, a una gran movilización popular por Mariano Ferreyra, para que sean condenados Pedraza y su patota; para que vayan presos los policías y empresarios cómplices; para expulsar a los privatizadores y burócratas del ferrocarril; para luchar por una nueva dirección sindical y política de la clase obrera.
(Publicado en Prensa Obrera Nº1197)
Con la libertad del “Pollo” Sobrero se derrumbó otra provocación oficial contra la izquierda y el movimiento obrero independiente del Estado y de la burocracia sindical. La detención de Sobrero no fue un desvarío judicial: en toda su trama se advirtió la mano del gobierno y de su aparato de represión y espionaje contra el movimiento popular (las acusaciones de una persona en situación de calle, vulnerable, contra Sobrero, llegaron a la Justicia a través de elementos de la policía bonaerense). Aníbal Fernández fue el vocero político de la embestida judicial, sin que su accionar fuera jamás desmentido por la Presidenta o algún miembro del gabinete. El kirchnerista Tiempo Argentino desplegó esas inmundicias en su tapa del domingo. La determinación de este operativo político demuestra que tenían la intención de dejar a Sobrero en la cárcel. Si la provocación se vino abajo fue por la conmoción popular generada por las detenciones, que se manifestó frente al juzgado de San Martín y en la marcha masiva concretada horas después a Plaza de Mayo. Sólo después de esas manifestaciones, que dejaron abierta la perspectiva del paro ferroviario, Sobrero fue liberado.
Movilización por la libertad de Sobrero.
Una línea política
Que el gobierno haya cargado contra Sobrero y el activismo ferroviario no es una “torpeza” o exabrupto: revela la hostilidad cerril del kirchnerismo para con los luchadores antiburocráticos, y muy especialmente hacia los ferroviarios. Es una línea largamente “trabajada”: de un lado, eximir de la responsabilidad del vaciamiento ferroviario a los privatizadores “amigos”, y cargarle el fardo al movimiento popular. Del otro, proteger a la burocracia sindical ferroviaria -que gerencia ese mismo vaciamiento- y criminalizar a los que luchan contra ella. Fernández ya había acusado al PO y a Solanas de las quemas de trenes del año 2006, sin haber podido presentar nunca una sola prueba de ello. Cuando el PO le inició una querella por esas infamias, se declaró prófugo de las citaciones judiciales. Pero esa saña oficial se redobló después del crimen de Mariano Ferreyra. Desde el primer minuto posterior al crimen, quisieron “compensar” la responsabilidad criminal de la burocracia ferroviaria inculpando a los luchadores (“teoría de los dos demonios”). La posición oficial, expresada por Tomada, fue lamentar “los enfrentamientos”. Dos meses después, Nilda Garré debutaba como ministra de Seguridad, endilgándole al Partido Obrero los desmanes que la burocracia sindical había organizado en Constitución para desarticular la lucha de los tercerizados. La participación de elementos de la burocracia en esa provocación nunca fue investigada, pero cuatro compañeros de Causa Ferroviaria han sido procesados.
La inmensa acción popular mandó a la cárcel a Pedraza y a sus secuaces. Pero el régimen asociado a los Pedraza está empeñado en cobrarse esa cuenta a costa de quienes combaten a Pedraza y al derrumbe ferroviario.
El significado de la nueva provocación
La nueva provocación contra Sobrero se produce en un momento preciso. Por un lado, el régimen que ha rescatado a los privatizadores a costa de subsidios millonarios se ha agotado. Pero el kirchnerismo y sus opositores apuestan a salir del pantano a costa de los usuarios (tarifazos) y de una mayor presión contra los trabajadores del transporte. Este rumbo exige, naturalmente, golpear a sus luchadores antiburocráticos: la detención de Sobrero fue precedida por las patoteadas en la Línea 60 y los ataques de Cristina Kirchner a los delegados del subte.
Por otra parte, el aniversario del crimen de Mariano Ferreyra será el escenario de otra gran manifestación popular, mientras salen a la luz las corruptelas de los defensores de Pedraza para volcar a la justicia de su parte. El régimen que nunca ha expulsado a los socios de Pedraza de la gestión del ferrocarril no renuncia a sentar en el banquillo a los enemigos de los privatizadores.
El fracaso de esta nueva provocación ha dejado planteada una crisis política. Para una parte sustancial de la opinión pública obrera, popular y progresista (incluso para una parte de los kirchneristas), la provocación contra Sobrero ha sido un plato muy duro de digerir. Exijamos, con ellos, el desprocesamiento definitivo de Sobrero y de todos los luchadores ferroviarios y que se vaya el provocador Aníbal Fernández. La libertad de Sobrero refuerza la convocatoria, para este 20 de octubre, a una gran movilización popular por Mariano Ferreyra, para que sean condenados Pedraza y su patota; para que vayan presos los policías y empresarios cómplices; para expulsar a los privatizadores y burócratas del ferrocarril; para luchar por una nueva dirección sindical y política de la clase obrera.
domingo, 2 de octubre de 2011
Más de 350 personas en el debate Altamira-Gargarella Derecho La Plata
"La función del Estado y del derecho en la lucha de clases"
IMPORNTANTE CONCURRENCIA DE JUDICIALES
El viernes 23 de septiembre, se llevó adelante un debate impecable en el que participaron Jorge Altamira y Roberto Gargarella (reconocido abogado constitucionalista que apoya al Frente de Izquierda). El eje del debate estuvo puesto en la función del Estado y del derecho en la lucha de clases, particularmente en relación al delito penal organizado y a la represión de la protesta social. Aspectos que se agudizan en el marco de la crisis que recorre las venas del mundo capitalista.
Es necesario destacar la gran convocatoria de jóvenes que tuvo la actividad -mayoritariamente estudiantes de derecho, jóvenes precarizados y pasantes. Pero, además, se hicieron presentes muchísimos trabajadores judiciales y abogados, destacándose también la participación de una decena de profesores de la facultad.
Por un lado, se hace visible la tendencia de un gran sector de estudiantes a debatir los problemas políticos nacionales, la cuestión del Estado y del derecho, pero desde la óptica de la izquierda revolucionaria. A contramano de lo que los escribas oficialistas no se cansan de decir, la juventud no sólo vota a la izquierda como sus representantes gremiales en la facultad -como sucedió en la UBA- sino que se presta a conocer y debatir los planteos estratégicos de la izquierda.
Por otro lado, fue notable la concurrencia de trabajadores judiciales, que si bien admitieron asistir motivados por la presencia de Gargarella, reconocieron haber quedado impactados con la intervención de Altamira. Se nota, a su vez, un acercamiento al programa del Frente de Izquierda de personas vinculadas a organismos de Derechos Humanos, las que comienzan a desencantarse del cuento de hadas K. Ya que, en palabras de Gargarella, “el gobierno dice no reprimir cuando efectivamente reprime y causa muertes”.
La charla cumplió su objetivo: amplificar nuestro auditorio y llegar a nuevos sectores, redoblar el apoyo y la militancia del Frente de Izquierda. Sobre esta base, vamos desarrollando una oposición por izquierda al kirchnerismo en pos modificar sustancialmente la estructura política del país y abrir paso a la construcción de un partido de trabajadores.
IMPORNTANTE CONCURRENCIA DE JUDICIALES
El viernes 23 de septiembre, se llevó adelante un debate impecable en el que participaron Jorge Altamira y Roberto Gargarella (reconocido abogado constitucionalista que apoya al Frente de Izquierda). El eje del debate estuvo puesto en la función del Estado y del derecho en la lucha de clases, particularmente en relación al delito penal organizado y a la represión de la protesta social. Aspectos que se agudizan en el marco de la crisis que recorre las venas del mundo capitalista.
Es necesario destacar la gran convocatoria de jóvenes que tuvo la actividad -mayoritariamente estudiantes de derecho, jóvenes precarizados y pasantes. Pero, además, se hicieron presentes muchísimos trabajadores judiciales y abogados, destacándose también la participación de una decena de profesores de la facultad.
Por un lado, se hace visible la tendencia de un gran sector de estudiantes a debatir los problemas políticos nacionales, la cuestión del Estado y del derecho, pero desde la óptica de la izquierda revolucionaria. A contramano de lo que los escribas oficialistas no se cansan de decir, la juventud no sólo vota a la izquierda como sus representantes gremiales en la facultad -como sucedió en la UBA- sino que se presta a conocer y debatir los planteos estratégicos de la izquierda.
Por otro lado, fue notable la concurrencia de trabajadores judiciales, que si bien admitieron asistir motivados por la presencia de Gargarella, reconocieron haber quedado impactados con la intervención de Altamira. Se nota, a su vez, un acercamiento al programa del Frente de Izquierda de personas vinculadas a organismos de Derechos Humanos, las que comienzan a desencantarse del cuento de hadas K. Ya que, en palabras de Gargarella, “el gobierno dice no reprimir cuando efectivamente reprime y causa muertes”.
La charla cumplió su objetivo: amplificar nuestro auditorio y llegar a nuevos sectores, redoblar el apoyo y la militancia del Frente de Izquierda. Sobre esta base, vamos desarrollando una oposición por izquierda al kirchnerismo en pos modificar sustancialmente la estructura política del país y abrir paso a la construcción de un partido de trabajadores.
La gran huelga de la 60, adelanto de lo que viene
Néstor Pitrola (ver abajo)
La huelga de la 60 retomó la ruta de los petroleros y docentes de Santa Cruz. Con el método de la huelga general, apoyada en piquetes y movilizaciones obreras, se quebró un intento estratégico de la patronal. La pulseada obrera enfrentó una entente formada por la patronal, aliada al milímetro con la UTA y su patota -cuyos integrantes entraron a las cabeceras de la línea (como en el Roca), de la mano del grupo Dota- y en función de los planes flexibilizadotes de la nueva empresa. Los obreros, como en ocasiones anteriores, se dieron maña para su autodefensa frente a grupos armados; recordemos que ya fueron atacados de esta manera, con el fin de robarles la elección del cuerpo de delegados independiente de la burocracia. Pero enfrentaron eso y mucho más: el ministerio de Tomada jugó con todo contra la huelga y aplicó la conciliación obligatoria sin nada en la mano para los reclamos obreros, quienes tuvieron que desconocerla (como en Santa Cruz) y mantener la medida contra viento y marea, apoyándose en sus propias fuerzas. Los "destituyentes" de los multimedios jugaron con todo contra los huelguistas, que habrían tenido de "rehenes" a los 300 mil usuarios afectados por la gran huelga.
La patronal volverá a la carga: ya desconoció acuerdos anteriores. Pero volverá, además, porque cuenta con el apoyo político estratégico del gobierno kirchnerista, socio de estos grupos que se van quedando con el transporte público y que tienen en carpeta ataques a las condiciones de trabajo de los choferes para compensar su desinversión y preparar los futuros tarifazos, que, nadie duda, vendrán después de octubre, como consecuencia del agotamiento de las "cajas" a las que apela el kirchnerismo para solventar el negocio. Ese apoyo K se ve en el tenaz mantenimiento del grupo Cirigliano en los ferrocarriles, de donde éste hace caja para quedarse cada día con más empresas de colectivos, aunque se sucedan los accidentes y el derrumbe ferroviario. Pero se aprecia además en el ataque de Cristina al subte por sus luchas, al mismo tiempo que la Justicia de Santa Cruz ilegalizaba la gran huelga docente buscando sancionar retroactivamente a los huelguistas y su organización sindical y a la enorme base de activistas clasistas de Adosac. La Presidenta no habló porque sí contra la tendinitis que no habría tenido su papá colectivero, cuando la inflamación del manguito rotador en el hombro de los colectiveros es, precisamente, una enfermedad profesional de la actividad.
La autoridad electoral de Cristina pretende usarse a través de su ministro socio de Pedraza, o por parte de ella misma -por caso, cuando decidió a dedo el salario mínimo o la des-actualización de los salarios familiares. Actúan contra las reivindicaciones obreras del momento, y contra las que vendrán como resultado del agotamiento del "modelo" y su descarga sobre los trabajadores y el sindicalismo independiente.
Las poderosas tendencias por abajo del movimiento obrero quedaron expresadas días pasados en el congreso de la UIA de la provincia de Buenos Aires, cuando su presidente dijo que "los mandos medios no responden a las cúpulas sindicales" y (que) "la mitad de las empresas afiliadas habían tenido conflictos en el último año, especialmente en el sector de empresas tercerizadas".
La huelga de la 60 mostró estas tendencias profundas entre los trabajadores -muchos de los cuales habrán votado a Cristina, seguramente, pero van por lo suyo. Mostró al mismo tiempo las fragilidades del kirchnerismo y sus burocracias sindicales a la hora de enfrentar una huelga que no pudieron quebrar, y que afectó a un sector histórico del transporte público. Apoyemos con todo que los compromisos arrancados se cumplan, como apoyamos con todo la huelga a través del cuerpo de delegados de Ecotrans, del clasismo del subte y de la definición pública, sin vueltas, del Frente de Izquierda a favor del triunfo de esta gran huelga.
Nota de Pitrola en prensa obrera del jueves 29/9 sobre huelga de los choferes de la linea 60 y las tendencias de lucha profundas que se desenvuelven por abajo en toda la clase obrera argentina.
Nèstor Pitrola, es candidato a diputado por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores por la provincia de Buenos Aires y estará compartiendo el sábado 8 de octubre a las 13hs un almuerzo con trabajadores judiciales de la provincia y de la ciudad.
La huelga de la 60 retomó la ruta de los petroleros y docentes de Santa Cruz. Con el método de la huelga general, apoyada en piquetes y movilizaciones obreras, se quebró un intento estratégico de la patronal. La pulseada obrera enfrentó una entente formada por la patronal, aliada al milímetro con la UTA y su patota -cuyos integrantes entraron a las cabeceras de la línea (como en el Roca), de la mano del grupo Dota- y en función de los planes flexibilizadotes de la nueva empresa. Los obreros, como en ocasiones anteriores, se dieron maña para su autodefensa frente a grupos armados; recordemos que ya fueron atacados de esta manera, con el fin de robarles la elección del cuerpo de delegados independiente de la burocracia. Pero enfrentaron eso y mucho más: el ministerio de Tomada jugó con todo contra la huelga y aplicó la conciliación obligatoria sin nada en la mano para los reclamos obreros, quienes tuvieron que desconocerla (como en Santa Cruz) y mantener la medida contra viento y marea, apoyándose en sus propias fuerzas. Los "destituyentes" de los multimedios jugaron con todo contra los huelguistas, que habrían tenido de "rehenes" a los 300 mil usuarios afectados por la gran huelga.
La patronal volverá a la carga: ya desconoció acuerdos anteriores. Pero volverá, además, porque cuenta con el apoyo político estratégico del gobierno kirchnerista, socio de estos grupos que se van quedando con el transporte público y que tienen en carpeta ataques a las condiciones de trabajo de los choferes para compensar su desinversión y preparar los futuros tarifazos, que, nadie duda, vendrán después de octubre, como consecuencia del agotamiento de las "cajas" a las que apela el kirchnerismo para solventar el negocio. Ese apoyo K se ve en el tenaz mantenimiento del grupo Cirigliano en los ferrocarriles, de donde éste hace caja para quedarse cada día con más empresas de colectivos, aunque se sucedan los accidentes y el derrumbe ferroviario. Pero se aprecia además en el ataque de Cristina al subte por sus luchas, al mismo tiempo que la Justicia de Santa Cruz ilegalizaba la gran huelga docente buscando sancionar retroactivamente a los huelguistas y su organización sindical y a la enorme base de activistas clasistas de Adosac. La Presidenta no habló porque sí contra la tendinitis que no habría tenido su papá colectivero, cuando la inflamación del manguito rotador en el hombro de los colectiveros es, precisamente, una enfermedad profesional de la actividad.
La autoridad electoral de Cristina pretende usarse a través de su ministro socio de Pedraza, o por parte de ella misma -por caso, cuando decidió a dedo el salario mínimo o la des-actualización de los salarios familiares. Actúan contra las reivindicaciones obreras del momento, y contra las que vendrán como resultado del agotamiento del "modelo" y su descarga sobre los trabajadores y el sindicalismo independiente.
Las poderosas tendencias por abajo del movimiento obrero quedaron expresadas días pasados en el congreso de la UIA de la provincia de Buenos Aires, cuando su presidente dijo que "los mandos medios no responden a las cúpulas sindicales" y (que) "la mitad de las empresas afiliadas habían tenido conflictos en el último año, especialmente en el sector de empresas tercerizadas".
La huelga de la 60 mostró estas tendencias profundas entre los trabajadores -muchos de los cuales habrán votado a Cristina, seguramente, pero van por lo suyo. Mostró al mismo tiempo las fragilidades del kirchnerismo y sus burocracias sindicales a la hora de enfrentar una huelga que no pudieron quebrar, y que afectó a un sector histórico del transporte público. Apoyemos con todo que los compromisos arrancados se cumplan, como apoyamos con todo la huelga a través del cuerpo de delegados de Ecotrans, del clasismo del subte y de la definición pública, sin vueltas, del Frente de Izquierda a favor del triunfo de esta gran huelga.
Nota de Pitrola en prensa obrera del jueves 29/9 sobre huelga de los choferes de la linea 60 y las tendencias de lucha profundas que se desenvuelven por abajo en toda la clase obrera argentina.
Nèstor Pitrola, es candidato a diputado por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores por la provincia de Buenos Aires y estará compartiendo el sábado 8 de octubre a las 13hs un almuerzo con trabajadores judiciales de la provincia y de la ciudad.
sábado, 1 de octubre de 2011
Inmediata libertad a Rubén "Pollo" Sobrero
Declaración del Frente de Izquierda
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
El Frente de Izquierda repudia la detención de Rubén Pollo Sobrero, integrante del cuerpo de delegados de TBA, producida en la mañana de hoy junto a otros compañeros. Las imputaciones a Sobrero reiteran las provocaciones contra los delegados ferroviarios que actúan en el marco de la democracia sindical, y han denunciado reiteradamente el desquicio del sistema ferroviario a manos de los privatizadores. Aníbal Fernández ha delatado la injerencia oficial en esta causa, al declarar la existencia de “semiplena prueba” cuando, sin embargo, rige el secreto de sumario.
Mientras Sobrero es detenido intempestivamente, Ricardo Jaime y otros cómplices del vaciamiento ferroviario continúan en libertad. Ahora, los medios oficiales pretenden parangonar la detención de Sobrero con la de Pedraza, como si pudieran compararse a los delegados de TBA con el jefe de la patota que asesinó a Mariano Ferreyra.
El Frente de Izquierda reclama la inmediata libertad de Ruben Sobrero y los detenidos; se solidariza con las medidas de lucha resueltas por el cuerpo de delegados del FFCC Sarmiento; reclama el desprocesamiento de todos los luchadores ferroviarios y la cárcel y condena a todos los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra.
Jorge Altamira, Christian Castillo, Juan Carlos Giordano
FRENTE DE IZQUIERDA
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
El Frente de Izquierda repudia la detención de Rubén Pollo Sobrero, integrante del cuerpo de delegados de TBA, producida en la mañana de hoy junto a otros compañeros. Las imputaciones a Sobrero reiteran las provocaciones contra los delegados ferroviarios que actúan en el marco de la democracia sindical, y han denunciado reiteradamente el desquicio del sistema ferroviario a manos de los privatizadores. Aníbal Fernández ha delatado la injerencia oficial en esta causa, al declarar la existencia de “semiplena prueba” cuando, sin embargo, rige el secreto de sumario.
Mientras Sobrero es detenido intempestivamente, Ricardo Jaime y otros cómplices del vaciamiento ferroviario continúan en libertad. Ahora, los medios oficiales pretenden parangonar la detención de Sobrero con la de Pedraza, como si pudieran compararse a los delegados de TBA con el jefe de la patota que asesinó a Mariano Ferreyra.
El Frente de Izquierda reclama la inmediata libertad de Ruben Sobrero y los detenidos; se solidariza con las medidas de lucha resueltas por el cuerpo de delegados del FFCC Sarmiento; reclama el desprocesamiento de todos los luchadores ferroviarios y la cárcel y condena a todos los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra.
Jorge Altamira, Christian Castillo, Juan Carlos Giordano
FRENTE DE IZQUIERDA
Almuerzo de los judiciales de CABA, PROVINCIA y NACION con PITROLA
LOS RECLAMOS DE LOS JUDICIALES AL CONGRESO
ANOTATE EN: judicialesenluchacapital@gmail.com y judicialesenlucha provincia@hotmail.com
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Almuerzo: Choripán y Hamburguesa con ensalada.
Bebida: Agua, Gaseosa y Vino
Postre: Café y té con torta de chocolate
jueves, 4 de agosto de 2011
La Corte de la Provincia, habilita despidos de delegados obreros
Ni un despido más en Fate
No al desafuero de Víctor Ottoboni, delegado sindical
La Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires ha rechazado el pedido de revisión del fallo del tribunal de San Isidro donde se le quita la tutela gremial al delegado de los trabajadores de Fate, Víctor Ottoboni. (¿Se imagina-ud. compañero- lo que la Corte sería capaz de hacer si se aprueba la ley marco con "paz social")
Este fallo señala explícitamente que el desafuero es con el fin de "habilitar a la empresa a proceder al despido", finalidad explícita también en la denuncia realizada por la patronal K de Maddanes Quintanilla. La persecución de esta patronal a los delegados ya lleva un tiempo, pero por primera vez la Justicia ha habilitado a la empresa a despedir un delegado.
La seccional San Fernando del Sutna y el cuerpo de delegados convocaron a las diferentes organizaciones a una reunión para resolver un plan en defensa de Víctor, en la que se transmitió la propuesta de realizar un corte en la avenida 9 de Julio y luego una entrevista con los jueces. La delegación del Partido Obrero, integrada por compañeros del gremio de plásticos y de textiles, propuso una fuerte acción en las puertas de Fate en la que se expresara el apoyo de todos los luchadores de la zona en defensa del compañero Ottoboni. Los integrantes de la directiva del Sutna San Fernando señalaron que no estaban dadas las condiciones para acciones de esas características.
En los últimos meses, se produjeron dos despidos en la fábrica. Fue despedido Juan Rodríguez, del sector radial camión, a pesar que el sector se autoconvocó en asamblea y realizó un paro. También fue despedido Mario Coronel, compañero que había sido reinstalado hacía pocos meses.
La patronal de Fate está atacando a la organización de los trabajadores y también avanza contra las conquistas de los trabajadores en la fábrica. Apoyemos a los trabajadores de FATE. Divulguemos su lucha entre todos compañeros judiciales reenviando este post. ¡Abajo los jueces antiobreros!-
No al desafuero de Víctor Ottoboni, delegado sindical
La Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires ha rechazado el pedido de revisión del fallo del tribunal de San Isidro donde se le quita la tutela gremial al delegado de los trabajadores de Fate, Víctor Ottoboni. (¿Se imagina-ud. compañero- lo que la Corte sería capaz de hacer si se aprueba la ley marco con "paz social")
Este fallo señala explícitamente que el desafuero es con el fin de "habilitar a la empresa a proceder al despido", finalidad explícita también en la denuncia realizada por la patronal K de Maddanes Quintanilla. La persecución de esta patronal a los delegados ya lleva un tiempo, pero por primera vez la Justicia ha habilitado a la empresa a despedir un delegado.
La seccional San Fernando del Sutna y el cuerpo de delegados convocaron a las diferentes organizaciones a una reunión para resolver un plan en defensa de Víctor, en la que se transmitió la propuesta de realizar un corte en la avenida 9 de Julio y luego una entrevista con los jueces. La delegación del Partido Obrero, integrada por compañeros del gremio de plásticos y de textiles, propuso una fuerte acción en las puertas de Fate en la que se expresara el apoyo de todos los luchadores de la zona en defensa del compañero Ottoboni. Los integrantes de la directiva del Sutna San Fernando señalaron que no estaban dadas las condiciones para acciones de esas características.
En los últimos meses, se produjeron dos despidos en la fábrica. Fue despedido Juan Rodríguez, del sector radial camión, a pesar que el sector se autoconvocó en asamblea y realizó un paro. También fue despedido Mario Coronel, compañero que había sido reinstalado hacía pocos meses.
La patronal de Fate está atacando a la organización de los trabajadores y también avanza contra las conquistas de los trabajadores en la fábrica. Apoyemos a los trabajadores de FATE. Divulguemos su lucha entre todos compañeros judiciales reenviando este post. ¡Abajo los jueces antiobreros!-
lunes, 1 de agosto de 2011
REPUDIAMOS LA REPRESION EN LEDESMA, JUJUY
Convocamos a marchar este Martes 2 de Agosto a las 16 hs. de Congreso a Plaza de Mayo.
Responsabilizamos al gobierno kirchnerista de Jujuy y al pulpo Ledesma, subsidiado por el gobierno nacional. La brutal represión desatada por la policía de Jujuy contra más de 700 familias, y que culminó con 4 muertos y decenas de heridos. La represión fue impuesta por el pulpo Ledesma, cuyo acaparamiento de tierras deja a las familias trabajadoras de la zona sin posibilidad de acceder a una parcela de terreno y a un techo. La brutal razzia contra los vecinos hizo recordar a los operativos contra los barrios obreros que se desataban en esta ciudad en tiempos de la dictadura, siempre por indicación del pulpo de la familia Blaquier. Las familias ocupantes reclamaban desde hace cinco años la expropiación de esos terrenos y un plan de viviendas. Pero todos los compromisos oficiales fueron incumplidos. El mismo gobierno que subsidia con recursos millonarios al alcohol de caña fue incapaz de satisfacer el reclamo de los vecinos. Denunciamos al gobierno provincial del kirchnerista Barrionuevo quien, en la línea de Insfran en Formosa, ha actuado como verdadero gendarme los monopolios capitalistas. Mientras que uno de los más altos directivos de Ledesma integra la comitiva presidencial que está hoy en Brasil.
Reclamamos: 1- El inmediato retiro de las fuerzas represivas. 2- Juicio y castigo a los responsables materiales, políticos y empresariales de la represión en Ledesma. 3- Que se satisfagan los reclamos de tierra y vivienda de los vecinos reprimidos.
Responsabilizamos al gobierno kirchnerista de Jujuy y al pulpo Ledesma, subsidiado por el gobierno nacional. La brutal represión desatada por la policía de Jujuy contra más de 700 familias, y que culminó con 4 muertos y decenas de heridos. La represión fue impuesta por el pulpo Ledesma, cuyo acaparamiento de tierras deja a las familias trabajadoras de la zona sin posibilidad de acceder a una parcela de terreno y a un techo. La brutal razzia contra los vecinos hizo recordar a los operativos contra los barrios obreros que se desataban en esta ciudad en tiempos de la dictadura, siempre por indicación del pulpo de la familia Blaquier. Las familias ocupantes reclamaban desde hace cinco años la expropiación de esos terrenos y un plan de viviendas. Pero todos los compromisos oficiales fueron incumplidos. El mismo gobierno que subsidia con recursos millonarios al alcohol de caña fue incapaz de satisfacer el reclamo de los vecinos. Denunciamos al gobierno provincial del kirchnerista Barrionuevo quien, en la línea de Insfran en Formosa, ha actuado como verdadero gendarme los monopolios capitalistas. Mientras que uno de los más altos directivos de Ledesma integra la comitiva presidencial que está hoy en Brasil.
Reclamamos: 1- El inmediato retiro de las fuerzas represivas. 2- Juicio y castigo a los responsables materiales, políticos y empresariales de la represión en Ledesma. 3- Que se satisfagan los reclamos de tierra y vivienda de los vecinos reprimidos.
martes, 26 de julio de 2011
Piumato abrazándo a Pedraza el 25-07-10 (infocamioneros)
Infocamioneros TV 25-07-10, video borrado de su canal en YouTube en el Operativo Clamor "No tenemos nada que ver".
Primero la cháchara demagógica, en el final del video vemos a Piumato abrazar a Pedraza.
En otro video los vemos a Moyano y Pedraza hablándose al oído: youtube.com/watch?v=mcmhrawtgLk
Menos de 3 meses antes del asesinato de Mariano Ferreyra. "No tenemos nada que ver".
CARCEL Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DE MARIANO FERREYRA
FUERA PIUMATO Y LA BUROCRACIA SINDICAL DE LOS SINDICATOS
Prontuario de algunos burócratas
Hace un año y medio, el gobierno publicó la nómina de "colaboradores" (buchones) empleados por el Batallón 601 de Inteligencia Militar bajo la dictadura. En ella figura el actual secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez, en carácter de "agente de inteligencia" -con nombre, apellido y DNI. La nómina duerme en los cajones del juzgado de Ariel Lijo.
Martínez fue cooptado por los servicios de la dictadura antes de ingresar en la Uocra como empleado administrativo, cuando tenía 22 años. Durante el período en que se desempeñó como "service", desaparecieron al menos 105 trabajadores de la construcción, de acuerdo con la Conadep. Uno de sus compinches, Horacio Barcos (de la seccional Santa Fe), fue recientemente condenado a 15 años de prisión por su participación en el secuestro y torturas de un dirigente docente y su esposa. Barcos revistió como "personal civil de inteligencia" entre 1976 y 1997, y también fue cooptado antes de su ingreso en el sindicato. Eduardo Daffunchio, el abogado de la Uocra santafesina, fue otro agente de inteligencia hasta 2009. La cúpula de la Uocra está infestada de servicios y buchones que infiltraron el sindicato a instancias de los mandos militares y sus servicios de espionaje contra el activismo. Hoy, esa "tradición" vive en el accionar sistemático de sus patotas contra los luchadores (¡Santa Cruz!).
La burocracia sindical de conjunto fue colaboradora de la dictadura. Buena parte de ella militó en las organizaciones parapoliciales de la derecha peronista y en la Triple A, y a partir de allí se encaramó en los sindicatos. El propio Hugo Moyano, a quien en el entorno de Martínez "vinculan" con la denuncia radicada en su contra (La Nación, 16/7), fue miembro de una de esas bandas, la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), en Mar del Plata. Un caso emblemático -y largamente documentado- fue el del fallecido secretario general del Smata, José Rodríguez, quien entregó a toda la comisión interna de Mercedes Benz a las garras militares a cambio del 1% del precio de venta de cada vehículo. Jorge Triaca, Armando Cavalieri y una larga lista de burócratas, fallecidos en la impunidad o aún en pleno ejercicio de sus funciones, fueron colaboradores directos de la dictadura.
"El gobierno de los derechos humanos", que encabeza Cristina K, jamás se pronunció sobre la participación de esos "dirigentes" -la mayoría de los cuales hoy acompañan al "modelo"- en la represión y el genocidio militar. No los ha condenado políticamente por sus crímenes del pasado ni tampoco por los del presente (Mariano Ferreyra).
Martínez fue cooptado por los servicios de la dictadura antes de ingresar en la Uocra como empleado administrativo, cuando tenía 22 años. Durante el período en que se desempeñó como "service", desaparecieron al menos 105 trabajadores de la construcción, de acuerdo con la Conadep. Uno de sus compinches, Horacio Barcos (de la seccional Santa Fe), fue recientemente condenado a 15 años de prisión por su participación en el secuestro y torturas de un dirigente docente y su esposa. Barcos revistió como "personal civil de inteligencia" entre 1976 y 1997, y también fue cooptado antes de su ingreso en el sindicato. Eduardo Daffunchio, el abogado de la Uocra santafesina, fue otro agente de inteligencia hasta 2009. La cúpula de la Uocra está infestada de servicios y buchones que infiltraron el sindicato a instancias de los mandos militares y sus servicios de espionaje contra el activismo. Hoy, esa "tradición" vive en el accionar sistemático de sus patotas contra los luchadores (¡Santa Cruz!).
La burocracia sindical de conjunto fue colaboradora de la dictadura. Buena parte de ella militó en las organizaciones parapoliciales de la derecha peronista y en la Triple A, y a partir de allí se encaramó en los sindicatos. El propio Hugo Moyano, a quien en el entorno de Martínez "vinculan" con la denuncia radicada en su contra (La Nación, 16/7), fue miembro de una de esas bandas, la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), en Mar del Plata. Un caso emblemático -y largamente documentado- fue el del fallecido secretario general del Smata, José Rodríguez, quien entregó a toda la comisión interna de Mercedes Benz a las garras militares a cambio del 1% del precio de venta de cada vehículo. Jorge Triaca, Armando Cavalieri y una larga lista de burócratas, fallecidos en la impunidad o aún en pleno ejercicio de sus funciones, fueron colaboradores directos de la dictadura.
"El gobierno de los derechos humanos", que encabeza Cristina K, jamás se pronunció sobre la participación de esos "dirigentes" -la mayoría de los cuales hoy acompañan al "modelo"- en la represión y el genocidio militar. No los ha condenado políticamente por sus crímenes del pasado ni tampoco por los del presente (Mariano Ferreyra).
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