jueves, 4 de abril de 2013

Para acercar tu donacion para los barrios afectados de La Plata



Un desastre nada “natural”

inundaciones barrio saavedra (Mario Diamonte)

Macri, Scioli y los funcionarios kirchneristas tienen su interpretación de la tragedia de las inundaciones: un fenómeno climático. “Unico”. “Excepcional”.

Pero el pueblo -que vive y trabaja en la Capital, el conurbano o La Plata- sabe que no es así.

Las megatorres de lujo y los shoppings han saturado los servicios esenciales. Entre ellos, los desagües.

También han devorado los espacios verdes, lo que ha convertido al suelo en un verdadero tapón.
La carestía del metro cuadrado hizo que crezcan las villas y asentamientos, en terrenos inundables y construcciones precarias.

La “obra pública” de Kirchner, Macri y Scioli realiza carreras de autos, canchas de tenis internacionales y rutas para los barrios privados.

Pero no atiende la vivienda popular, la construcción de cloacas y la prevención de inundaciones.Los fondos van a otro lado: al pago de la deuda usuraria, a sostener a los parásitos de las privatizadas. No. El desastre de estos días no ha tenido nada de “natural”.

Ponemos toda nuestra militancia y nuestra lucha en la solidaridad con los afectados, quienes son nuestros compañeros de barrio, de estudio y de trabajo.

Organicemos con ellos la lucha para que los responsables sociales y políticos paguen la crisis.

1 – Resarcimiento inmediato a todos los afectados, con la sola comprobación del domicilio.
2 – Asistencia estatal a todos los barrios, bajo control de representantes de los vecinos.
3 – Plan de obras públicas y viviendas, sostenido sobre la base del cese del pago de la deuda externa usuraria y de impuestos extraordinarios al gran patrimonio urbano y rural.
4 – Ningún descuento salarial a los trabajadores afectados.

“Democratizar” la Justicia a la PRO

EL PROXIMO PACTO MACRI-K

Todo indica que Mauricio Macri aprovechará la campaña de moda del kirchnerismo pro “democratización de la Justicia” para hacer su propia reforma judicial en la Ciudad. Comparte con Cristina la crítica que en Argentina “un vaso de agua y un amparo no se le niega a nadie”, y que es necesario terminar “con la Justicia cautelar” que suele frenar proyectos impulsados por los respectivos oficialismos. Gils Carbó, la jefa de “justicia legítima”, no puede más que suscribir las palabras de los dirigentes de PRO, que hasta critican ahora los sueldos altos de los jueces. Sólo queda por ver si en medio de la campaña electoral, donde unos y otros se han elegido como adversarios para polarizar la contienda, se animan a pactar votaciones conjuntas que le den letra a los opositores de ambos.

Contra las cautelares
El rechazo de las “cautelares” une a Cristina y Macri. La primera protesta porque impidió, al menos por el momento, la aplicación de los artículos de la ley de medios rechazados por Clarín. En el caso de Macri el listado es amplio. El último hecho fue la suspensión del aumento del subte a raíz de la aceptación de una cautelar por un juez de la Ciudad. Pero hay otras cautelares que han frenado medidas macristas que afectan derechos populares: la creación de las Unidades de Atención Ciudadanas (UAC), que usurpan las funciones de las Juntas Comunales; la suspensión de la licitación de las playas de estacionamiento subterráneo en la 9 de Julio y en Parque Las Heras; la construcción de la estación Recoleta de la línea H debajo de la plaza Francia, o la edificación de una comisaría de la Metropolitana en el Parque Sarmiento.

Frente a esta situación, la reforma judicial que persigue el macrismo quiere limitar el alcance de las medidas cautelares. Para ello quieren establecer que, una vez presentado un amparo, el juez le dé traslado al Ejecutivo para que responda en 48 horas antes de tomar cualquier medida suspensiva. Más grave aún es la creación de la figura de una “contracautelar”: quien presente un amparo deberá responder con un bien material si la Justicia no encuentra razonable la presentación. En la misma línea, se les impedirá a los legisladores de la oposición presentar amparos (como diría Cristina: que ganen las elecciones). Por último, se prohibirán amparos que de acuerdo con el criterio del gobierno “afecten el interés público”. Para el macrismo, ello ocurriría cuando por la suspensión de una obra se incrementa su costo.

Un nuevo pacto Macri-K
El interés del kirchnerismo por avalar esta movida del macrismo no sólo está dado por el apoyo que supone a su campaña nacional contra los jueces opositores. En el ámbito de la Ciudad, además, es la propia agenda del acuerdo Macri-K lo que está en cuestión. Un ejemplo es el tema del subte: la suspensión del aumento de la tarifa a 3,50 pesos coloca en crisis la trasferencia, ya que se daba por hecho que ésta venía atada a un incremento de tarifas para reemplazar la quita de subsidios nacionales. Lo mismo ocurre con proyectos inmobiliarios donde el kirchnerismo tiene fuertes intereses. Si la Justicia rechaza el proyecto mega-inmobiliario impulsado por Macri en las tierras de la ex Ciudad Deportiva de Boca, es claro que corre un riesgo similar el negociado anunciado por Cristina en la Isla de Marchi, que es rechazado por vecinos, sindicatos y asociaciones defensoras del espacio público.

La supuesta “democratización de la Justicia” pregonada por el kirchnerismo es tan reaccionaria que ha terminado dándole letra, nada menos, que a los Macri.

Balance de la marcha del 24 de marzo

po 24 de marzo de 2013Una lucha estratégica

Sería un grave error que los incidentes menores que se sucedieron en la entrada de la Plaza de Mayo el 24 de Marzo pasado sean usados para ocultar las divergencias estratégicas que opusieron al acto montado por el gobierno y sus organizaciones periféricas al organizado por el espacio Memoria Verdad y Justicia, que reúne a más de 200 organizaciones populares. La confrontación, además, tiene todo un historial. Ya en años anteriores el gobierno pretendió impedir la realización del acto opositor y copar la parada, encubriendo su accionar detrás de un acto cuya fachada tenía delante a los organismos de derechos humanos cooptados por el Estado, pero cuyo público movilizado era aportado por los intendentes del conurbano, cuya trayectoria política hay que rastrearla en la Triple A y la derecha peronista.
 
Para el gobierno kirchnerista impedir la denuncias de los organismos de derechos humanos independientes y de las fuerzas políticas que integramos el espacio Memoria Verdad y Justicia es una cuestión de sobrevivencia política. La demagogia que desarrolló el gobierno en este terreno no tiene parangón. Desde su asunción en 2003 el kirchnerismo apeló a la impostura para presentarse como un defensor de los derechos humanos. Fueron a la ONU a declararse hijos de las Madres, para borrar de la memoria colectiva la verdad incontrastable que el matrimonio presidencial apoyó al gobierno del indulto y que su propia fortuna deriva de los negocios realizados bajo la dictadura. La hermana de Néstor, Alicia, que suena hoy como candidata en la provincia de Buenos Aires por el oficialismo, fue funcionaria del gobierno dictatorial en Santa Cruz. Todo este edificio montado sobre la base de mentiras apuntó a la cooptación del movimiento popular y a la estructuración de una base política que no sea exclusivamente el peronismo.
 
Este 24 de Marzo fue un nuevo capítulo de esta batalla política. Para el gobierno era la oportunidad de valerse de la jornada para su campaña tramposa de “democratizar la Justicia”. Viniendo de un gobierno que mantiene en sus puestos a 400 jueces provenientes de la dictadura militar es claro que la cruzada democratizadora es un fraude monumental. Fue lo que denunciamos al señalar que lo que se pretende, en realidad, es imponer una reforma que alargue los procesos judiciales de trabajadores y jubilados, y otorgarles protección a los funcionarios denunciados por corruptelas. Junto con ello Memoria Verdad y Justicia denunció el espionaje estatal del Proyecto X, el procesamiento de más de 4.000 luchadores populares, la represión contra los pueblos originarios expulsados de sus tierras por los hacendaros sojeros, el apoyo a la burocracia sindical y sus patotas, responsables del asesinato de Mariano Ferreyra (y la continuidad del pago de una deuda externa cuyo origen se remonta, justamente, a la dictadura militar.
 
Esta denuncia, que apunta a la línea de flotación del gobierno, es lo que quisieron acallar los funcionarios oficiales. Esto explica el operativo armado para impedir la realización del acto opositor. El jefe de gabinete, Abal Medina, se negó primero a recibir a una delegación de las organizaciones de Memoria Verdad y Justicia para coordinar la realización de los actos previstos para la jornada. Luego, montaron un evento en la Plaza que se extendió por horas, a pesar de que el documento leído insumió unos pocos minutos. Por último, movilizaron una patota, con barras bravas comandados por Guillermo Moreno, para retrasar todo lo posible el ingreso a la Plaza de los más de 50.000 manifestantes encolumnados detrás de la bandera “No a la impunidad de ayer y de hoy”. Esta suma de hechos prueba que existió una decisión política del gabinete nacional para impedir la realización del acto y no incidentes circunstanciales entre columnas de distintos signo político.
 
Si alguna duda cabía sobre la existencia de una orden política para perjudicar el desarrollo del acto opositor la terminó de eliminar la propia Cristina Kirchner con sus tuits emitidos desde Santa Cruz el 27 de marzo. En ellos la emprende contra las banderas rojas de la izquierda, símbolo inequívoco de la unidad internacional de los trabajadores, y las opone a la “celeste y blanca”, haciendo gala de un nacionalismo reaccionario, de cuño fascistoide. Toda la demagogia kirchnerista se hizo añicos. La presidenta, ante el peso de una derrota política, echó mano al discurso de la burocracia sindical: ¿o no nos recuerda a la frase del burócrata de la Unión Ferroviaria, el ‘Oso’ Rodríguez, que afirmó “ningún trapo rojo flameará en nuestra casa” luego de pedir “un minuto de silencio para los zurdos que están muertos” en clara alusión a Mariano Ferreyra”?
 
Los tuits presidenciales tuvieron el mérito de presentar las cosas de la manera más descarnadas, es decir, desprovista de toda demagogia. De un gobierno de los derechos humanos pasamos, gracias a los 140 caracteres, a un gobierno macartista. Los diarios rápidamente mostraron una confrontación estratégica entre la presidenta y la izquierda, justamente el escenario al que más le teme el kirchnerismo, que prefiere polarizar con la derecha y ganarse de ese modo el apoyo del progresismo. Pero la derecha el 24 de Marzo lo vio por TV, mostrando sus límites insuperables para estructurar una alternativa popular al kirchnerismo.
 
El balance del 24 de Marzo no sólo arroja una derrota del gobierno. También deja planteada la tarea de desarrollar la polarización política que se presentó en la jornada, impulsando una alternativa de izquierda al kirchnerismo.

Habeas corpus por compañeros de Política Obrera

faxsimil boletin politica obrera 1977En conjunto con otras organizaciones nucleadas en el EMVyJ los abogados de Apel presentamos un habeas corpus colectivo por todos los compañeros detenidos/desaparecidos durante la dictadura. Entre ellos, se hallan dos compañeros militantes de Política Obrera: Fernando Sánchez y Gustavo Enrique Grassi.
 
Próximamente, incorporaremos los nombres de otros militantes de PO que cayeron bajo la dictadura, entre los cuales se cuentan Marcelo Arias, Martín Hojman, Susana Huerta y Cristóbal Russo.
 
La causa, que tiene por objetivo conocer el paradero de los familiares, compañeros y amigos secuestrados durante esos años y que hasta la fecha se encuentran desaparecidos, quedó radicada en el Juzgado Criminal de Instrucción N° 7 a cargo del juez Omar Aníbal Peralta.
La presentación de habeas corpus en la actualidad mantiene total vigencia, ya que en los 37 años que pasaron no se ha dado una sola pista del destino de nuestros compañeros aunque pesa sobre el Estado nacional dar cuenta de ello.
 
Durante estos 37 años el Estado nacional sistemáticamente ha ocultado la verdad y, en ese punto, se ha convertido en cómplice del silencio que adoptaron los genocidas. Muestra de esto es que, en los juicios contra los genocidas, han sido las propias víctimas quienes han procedido a reconstruir la historia, consiguiendo las pruebas. El Estado no ha permitido, porque no se ha ocupado de la apertura de los archivos, dar cuenta sobre el estado de detención de los desaparecidos.
 
El silencio cómplice mantenido por el Estado permitió que Julio López y Silvia Suppo, quienes dieron su testimonio del genocidio, fueran una vez más desaparecidos o asesinados, pero esta vez en democracia y con la mirada esquiva del gobierno de los Kirchner, quienes quitaron de la agenda cualquier mención de estos compañeros.
 
Nuestros compañeros
El 23 de septiembre de 1977, fueron secuestrados Fernando Sánchez y Gustavo Grassi en alguna calle de Buenos Aires. El segundo trabajaba en la fábrica Selsa y ambos militaban en Política Obrera.
 
En ambos casos, se encuentran denunciados en la Conadep pero no se ha podido recabar testimonio preciso sobre las calles donde fueron secuestrados. Todo indicaría que fueron trasladados al campo de concentración conocido como “El Atlético”.
 
Al mismo tiempo que presentábamos los habeas corpus, en la capital mendocina se hacía lo mismo. Se trata de una acción que no se agota con estas presentaciones, si no que se seguirán presentando en todo el país, y por más compañeros.
 
Exigimos al Estado nacional la apertura de todos los archivos militares y de los servicios de inteligencia. Exhortamos a la Justicia a que no repita la historia y dé curso real y efectivo a las acciones presentadas.
 
Compañeros Fernando Sánchez y Gustavo Grassi ¡presentes! 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos ¡presentes!

Liliana Alaniz (Apel)

jueves, 21 de marzo de 2013

24 de Marzo. A 37 años del golpe genocida, marchá con Judiciales en Lucha


“Democratizar” la Justicia puede ser contra los trabajadores

Por

cristina alak democratizacion justicia

(Publicado en Clarín, 18/3)

¿Es posible que el slogan de la democratización de la Justicia y de la Justicia Legítima acoja un proyecto fuertemente perjudicial para los derechos de los trabajadores y la democracia política?
Con la reserva natural que impone el desconocimiento del proyecto, la creación de tribunales de casación en el ámbito previsional y laboral profundiza negativamente el ejercicio de derechos de los jubilados y de quienes han sufrido accidentes laborales. En los juzgados se apilan decenas de miles de demandas de jubilados por los congelamientos sufridos en 1996 y 2002, mientras el Estado incumple con los fallos de la Corte Suprema, que le ordenan el pago de las diferencias correspondientes (fallo Badaro). Una declaración de acción colectiva, que generalizaría ese fallo a situaciones similares, sería un acto de indudable democratización judicial. En lugar de esto, una casación, en este ámbito, no tendría otra función que dilatar la resolución de las demandas que entablan personas con expectativas de vida disminuidas.

Una Justicia Legítima debería poner fin al incumplimiento del 82% móvil, que constituye una confiscación económica de la población más vulnerable. ¿Cómo se puede admitir que el magro salario de un trabajador se reduzca un 60% a partir del momento en que se acoge al retiro?
También es perversa la casación para la justicia laboral.

Una ley reciente condiciona el acceso de los afectados a la Justicia a la renuncia previa a la indemnización a cargo de las ART.

¿Se puede atribuir a este condicionamiento el carácter de una democratización del acceso a la reparación judicial? Claro que no; refuerza el negocio de las ART. Una casación en este caso sería una presión adicional para que los trabajadores accidentados desistan de la vía judicial. La Bolsa saludaría el hecho con una suba de las acciones de las aseguradoras y de la industria.

Otro ejemplo extraño de democratización lo constituye la intención de eliminar la responsabilidad civil de los funcionarios públicos. Consagraría una inmunidad judicial a la burocracia del Estado. Luego del asesinato de Mariano Ferreyra y la tragedia de Once, y los procesos abiertos por corrupción de secretarios de Estado y ministros, es una oferta de encubrimiento.

En lugar de establecer el derecho popular de revocatoria (como ocurre, en forma parcial, en ¡Venezuela!), generalizar la inmunidad.
Last but not least , el Consejo de la Magistratura, un organismo intermediario, no dejará de ser un ámbito de camarillas porque la avale el voto popular.

En lugar del proyecto reaccionario del oficialismo, debería establecerse la gratuidad del acceso a la justicia y la elección popular de los jueces, en el marco de un cambio radical del Estado presente.

Democratización de la Justicia:

Maniobras de un gobierno en crisis

Los temores que podían existir en la “corporación judicial” a una transformación que afectase los intereses que manejan desde la trastienda fueron disipados por la propia presidenta. Por boca de sus elementos más locuaces, el kirchnerismo había amenazado con la bandera de la elección popular de los jueces, lo cual hubiese sido un paso democratizador incluso con los límites que dicha medida tiene cuando los recursos de pode están concentrados en una clase social explotadora y su Estado.

Lejos de las amenazas previas, la presidenta sólo propuso la elección popular de alguno de los miembros del Consejo de la Magistratura (sólo de 6 sobre un total de 13), un órgano rosquero como pocos, que tiene por función elevar una terna para la elección de jueces. La decisión final seguiría estando como hasta ahora en el Senado y el propio poder Ejecutivo. Cristina no se animó siquiera a anunciar un proyecto para que los jueces paguen el impuesto a las Ganancias. Prefirió pasarle la pelota a la propia Corte, con la intención manifiesta de provocarle un desgaste político.

A la medida del Estado y las patronales

Cuando se deja de lado la demagogia oficial, los anuncios de CFK van en un sentido contrario al que se proclamó. La creación de Cámaras de Casación en los fueros previsional y laboral demorarían aún más la llegada de las causas a la Corte Suprema. Ello traerá aparejado, en primer lugar, una mayor tardanza en la resolución de los juicios de los jubilados por la mala liquidación de sus haberes. Una medida elemental de democratización de la Justicia supondría que la Corte haga extensivo a todos los afectados los alcances de los fallos que imponen los reajustes a los haberes no aplicados en los últimos años. Pero a pesar de las peleas entre ellos, la Corte y el gobierno actúan juntos contra esa posibilidad. Otro tanto ocurre en la relación a los casos de accidentes laborales. La nueva ley de ART, redactada por la UIA, condiciona el acceso a la Justicia por parte del trabajador accidentado a la renuncia a la indemnización de la ART. La creación de una Casación en este fuero sumaría mayor demora, y por lo tanto, menor interés en iniciar un proceso judicial. Los patrones tienen motivos para apoyar el proyecto del gobierno.

El proyecto “democratizador” limitará la responsabilidad del Estado y sus funcionarios en relación con los daños que cause su accionar a particulares. En el país de la masacre de Once, Cromagnón y de los asesinatos por `gatillo fácil`, es un programa de encubrimiento a favor de la burocracia estatal.

Reforma constitucional

Es cierto que CFK dijo que no pensaba modificar la Constitución, aunque el “operativo clamor” lanzado por sus chupamedias en las últimas semanas parece mostrar por donde pasan sus verdaderas intenciones. Pero sin esa reforma, difícilmente pueda avanzarse en una elección parcial de los miembros del Consejo de la Magistratura. jueces. SI incluso a pesar de estas objeciones la iniciativa cobra forma de ley, se iniciarían presentaciones judiciales reclamando su inconstitucionalidad. Se crearía, así, un escenario similar al de la Ley de Medios. La última palabra la tendría la Corte.

De esto surge que el gobierno busca darse una bandera progresista para la campaña electoral de este año. C umpliría la función que tuvo la Ley de Medios, y que terminó siendo un recurso para los negocios de un puñado de capitalistas amigos. Si logra avanzar en la reforma, el paquete de leyes sobre la Justicia servirá para darle una envoltura democrática al re-reeleccionismo.

Alternativa

Los anuncios oficiales han servido para mostrar no sólo el carácter reaccionario que anima al kirchnerismo sino también la orientación conservadora de la oposición tradicional, que rápidamente cerró filas con la corporación judicial, defendiendo su carácter de casta no electa ni controlada por el pueblo. La Justicia, en el régimen actual, está controlada por los grandes estudios jurídicos, los que a su vez tienen vínculos estrechísimos con las grandes empresas. Hablar de “justicia legítima” sin modificar este fundamento es una contradicción en término.

Frente a los proyectos del oficialismo y la defensa del estatus quo de la oposición tradicional planteamos el acceso gratuito del pueblo a la Justicia, la elección popular y la revocatoria de los jueces, como parte de una transformación social bajo la dirección de los explotados.

Prensa Obrera 21 marzo, 2013

martes, 19 de marzo de 2013

PAREMOS MASIVA Y ACTIVAMENTE EL 21 EN UNIDAD CON TODOS LOS ESTATALES

Abajo el Ajuste de Scioli y CFK

PAREMOS MASIVA Y ACTIVAMENTE EL 21 EN UNIDAD CON TODOS LOS ESTATALES

CONGRESO  DE DELEGADOS MANDATADOS PARA ORGANIZAR UN PLAN DE LUCHA.

Ante la oferta salarial de Scioli inferior al 18%, la AJB convocó a un paro para este jueves 21. Es necesario que la medida sea activa y que tenga continuidad con un plan de lucha junto con todos los trabajadores estatales de la provincia.

La burocracia sindical michelista y yaskysta de la AJB convocó al paro pero sin movilización, desoyendo los mandatos que se pronunciaron en asambleas por una acción conjunta con los docentes y estatales. A cambió de ello, la AJB informó que bregará por una marcha conjunta sin una fecha cierta.

Al imponer por decreto un 22% en cuotas para los docentes, Scioli no hace más que seguir la línea ajustadora de CFK que también cerró por decreto la paritaria nacional, con  un 22% en cuotas, que anualmente es menor al 20%. Pretende seguir ese camino con los estatales y médicos.

Todos al paro del 21. Elección de delegados y plan de lucha con todos los gremios
Llamamos a todos los judiciales, a las Directivas Departamentales y a los luchadores de la AJB a parar masivamente impulsando un aumento salarial de un mínimo de $6000 y un básico de $5000 para todos los empleados públicos de la provincia mediante plan de lucha unificado, por un COMANDO UNICO DE LOS TRABAJADORES ESTATALES Y DOCENTES PARA QUEBRAR EL AJUSTE CONJUNTO DE CFK Y SCIOLI.

Proponemos para quebrar el ajuste de la Scioli y CFK y superar la división y el aislamiento de las luchas que impulsan las burocracias sindicales: elección  de delegados por juzgado y dependencias, congreso  provincial de delegados mandatados para organizar un plan de lucha.

Que la AJB rompa su tregua con el gobierno y organice con todos los estatales un plan de lucha.

Salario mínimo de $6000 y $5000 de básico en una sola cuota.

Devolución del sistema de porcentualidad.

Eliminación del impuesto a las ganancias y restitución de las asignaciones familiares sin tope.

Pase a planta de todos los “pasantes” y tercerizados de limpieza.

Por el 82% móvil para todos.

 Por una AJB independiente del Gobierno y los bloques políticos patronales.

Sumate a Judiciales en Lucha

 

Nación: La implementación del sistema informático en Penal.

Franco compensatorio para todos y “plus informático” de $700

De un momento a otro, la Cámara del Crimen anunció que a partir del 11 de marzo se aplicaría el nuevo sistema informático “Lex 100” para todo el fuero, cuyo fin último sería la digitalización en red de todos los expedientes penales.

El proyecto, que a primera vista luce como positivo y modernizador, se tercerizó en una empresa de sistemas. Según se informa, se creó un servidor informático con una capacidad de procesamiento de datos y filtros de seguridad superiores a los del Banco Central.

El plan de gestión, lo implementan la empresa y la Dirección General de Tecnología manejada desde el Consejo de la Magistratura por el kirchnerismo. No está claro si lo que se quiere es controlar el estado de los expedientes desde un cómputo centralizado  para cumplir así con lo que pidió CFK ,  si solo se quiere adaptar el trabajo a las nuevas tecnologías, o un poco de ambas.

Los agentes del fuero Penal solo recibieron una capacitación menor a la básica. Si bien todos la mayoria realizaron el curso, los capacitadores en las dependencias son los mismos agentes que fueron seleccionados por los jueces y secretarios. 

La Cámara no solo ejecutó la implementación sin preparar a los agentes, sino que no declaró feria en el fuero para que la puesta en marcha del sistema pueda hacerse correctamente con los capacitadores de la DGT y la empresa.

El colapso y el entorpecimiento del desarrollo de nuestro trabajo no podrían ser mayores. Todo cambio, trae aparejado un desafío y una resistencia, pero ello no obsta a que la Cámara disponga de las medidas necesarias para que dicho cambio se produzca con sin trastornos.

Lo que debería significar una simplificación y agilización del trabajo se ha vuelto en su contrario. Así, se descarga sobre los empleados la responsabilidad inherente a la Corte y la Cámara de que se implemente el sistema y se capaciten a los usuarios.

Consideramos que la capacitación a cargo de los empleados constituye una sub-tercerización de la tercerización que ya hizo la Corte a favor de la empresa prestadora del servicio.  Como toda tercerización, implica desmanejos financieros y ajuste sobre los trabajadores.

La Cámara y la Corte se la quieren llevar de arriba como lo hacen con las horas extras. Con la comunicación de la Cámara que dice que a los agentes que fueron capacitadores se los debe compensar con un día de franco, la otrora militante de “Justicia Legítima”  Dra. Garrigós hecha lastre tirándonos una propina.

La Comisión Interna del fuero Penal debe exigir a la Cámara la extensión del franco compensatorio para todos los agentes que realizaron el curso pasando el horario de la jornada de trabajo.

Asimismo, la puesta en marcha de este sistema implica una especialización en el trabajo. Corresponde el pago un “plus informático”, adicional a la pauta salarial que negocie el sindicato con la Corte, teniendo un carácter especial para los agentes que están capacitando a su Secretaria.

Exijamos a la UEJN la convocatoria a asambleas por edificio para trazar un plan de acción para conquistar estos objetivos a la par que nos ponemos en pie de lucha junto a todos judiciales contra el impuesto al salario y el por el aumento salarial. Elección de delegados por juzgados y dependencias.